Kennedy tenía razón

 (este artículo se publicó originalmente en el periódico 20 Minutos el 19 de febrero de 2024)

El que fuera ministro de Podemos, Alberto Garzón anunció hace unos días su fichaje por una agencia de lobby. Al día siguiente tuvo que renunciar por las presiones de sus colegas de ideología, muchos de ellos hoy en Sumar. Me temo que no solo en la cabeza de los militantes de izquierdas, sino en una parte importante de la sociedad, la actividad del lobby es una de las menos honorables. Pero no siempre fue así.

Corría el año 1869 y un héroe de guerra presidía los Estados Unidos de América. El general Ulysess S. Grant había liderado el ejército unionista que había vencido a los esclavistas en la guerra de secesión. El militar acostumbrado al trato con la leva se resistió a encerrarse en las cuatro paredes de la Casa Blanca y todas las tardes las pasaba en el Hotel Willard a escasos metros de la residencia oficial. Con un puro en una mano y en la otra un whisky, paseaba por el lobby del hotel deseando escuchar a unos y otros. Rápidamente la costumbre del 18º presidente americano se hizo conocida y personas de todo el país comenzaron a presentarse en el recibidor del hotel para trasladar sus cuitas. La leyenda cuenta que Grant no tomó la decisión de irse al hotel sino su mujer, harta del fuerte olor de los habanos. Sea como fuere, ciudadanos de toda condición vieron una oportunidad para trasladar directamente al mandatario, sin intermediarios, sus demandas en todo lo relativo a las políticas públicas. Vecinos aislados que reclamaban una línea de ferrocarril, comerciantes ahogados por los precios de los monopolios o viajantes atracados por forajidos trasladaban sus propuestas de nuevas regulaciones e inversiones en seguridad en estos ratos de cigarros y licores.

Pasaron los años y la Casa Blanca se amplió con la famosa Ala Oeste, los presidentes dejaron de visitar el vestíbulo del hotel, pero el término de lobista se consagró para referirse a aquellos que defienden sus intereses ante la administración pública. En Europa no tuvimos un Hotel como el Willard, pero todas las cámaras legislativas, sea en el Reino Unido o en España y ahora en Bruselas, tienen sus lugares de encuentro en los que los políticos se cruzan con periodistas, colegas o representantes de sectores afectados por alguna regulación. Esos salones conocidos como lobbies en el mundo anglosajón, en castellano son los salones de los pasos perdidos y los encontramos en el Senado y el Congreso de Madrid, pero también en Uruguay o Perú. Grandes vestíbulos de entrada a las cámaras de representantes donde se cruzan los pasos de los visitantes con los de los políticos.

Desde Grant a John F. Kennedy muchos presidentes se alojaron en la Casa Blanca, exactamente diecisiete, pero a pesar del tiempo, JFK como el militar, quiso hablar de los lobistas. Son aquellos “que me hacen entender un problema en 10 minutos, mientras que mis colaboradores tardan tres días”. Esos encuentros fugaces con los gobernantes y la necesidad de explicar en poco tiempo problemas complejos, exigían altas dotes de comunicación y de conocimientos para sintetizar propuestas de cambios legislativos.

Los años han pasado y las leyes regulan esta actividad, miles de profesionales trabajan en este sector que no dejará de crecer mientras lo haga el impacto de lo público en la actividad privada. Una economía de mercado dinámica necesita herramientas y profesionales confiables que permitan la colaboración público privada desde el respeto mutuo. Antes de lo de Garzón y después.

Iñaki Ortega es doctor en economía en UNIR y LLYC

La Gran Campaña

(este artículo se publicó originalmente el día 15 de mayo en el periódico 20 Minutos)

Ya ha empezado oficialmente la campaña electoral para las elecciones del 28 de mayo. Pero tú y yo sabemos que desde enero estamos en una campaña que durará hasta las generales de diciembre. Serán doce meses en los que el consejo de ministros y el parlamento se transformarán en mítines. Los anuncios electoralistas “okuparán” la gestión de los asuntos públicos, sea en el ámbito local o en el supranacional. Nada quedará libre de ser “manchado” por la obsesión por los votos. Será recordado este año 2023 como el de La Gran Campaña.

Antes de que empecemos a lamentarnos por ello, conviene elevar la mirada y encontrar alguna utilidad de la hipersensibilidad que los políticos van a tener este año. No quedará causa justa sin propuesta electoral, ni drama sin ser escuchado y mencionado en las intervenciones de los líderes. Una inmejorable oportunidad para convertirnos en los mejores lobistas de nuestras cuitas.

Los agricultores con la sequía están consiguiendo que sus demandas estén en el prime time pero también en los programas electorales. Los obreros de Ford en Valencia han logrado prejubilarse con 53 años y así la multinacional y el gobierno de turno podrán seguir con sus planes. Las víctimas del terrorismo han arrancado un rechazo mayoritario -inédito desde los años de plomo- a la inclusión de etarras en listas electorales. Los jueces con una incómoda huelga han visto milagrosamente un plan de inversiones en los juzgados promovido por el gobierno. Los jóvenes un descuento para viajar en interrail este verano. Todos, unas necesarias ayudas para la subida de las hipotecas fruto del encarecimiento de los tipos de interés europeos.

No quiero enfadarte con esta lista, sino lo contrario. Piensa que quizás detrás de estos anuncios hay una buena acción de influencia de algunos sectores. Los gobiernos en este año de La Gran Campaña recibirán a todo el mundo y atenderán muchas reclamaciones. Serán receptivos como nunca. No habrá llamada sin respuesta, reunión sin celebrar o movilización sin ser escuchada.  Es hora de aprovecharlo.

Un urólogo de más de 80 años ha conseguido que la todopoderosa ministra Nadia Calviño le reciba dos veces con su petición en internet “Soy mayor, pero no idiota"

Cerca de mi casa, el ayuntamiento decidió instalar unos cantones de limpieza. Son unas instalaciones destinadas a guardar los vehículos de la basura. Pero en la época de La Gran Campaña todo es susceptible de cambiar. Cuando empezaron los primeros movimientos de tierras, un vecino pintó una sábana blanca con la leyenda “No, al cantón” e inició un increíble movimiento que ha teñido de pancartas muchos barrios de mi ciudad hasta que el consistorio, temeroso del impacto en votos, ha anulado el plan de estas infraestructuras.

Toma nota de este nuevo lobismo que no va de oligarcas ni de poderosos sectores económicos. Simplemente muchos ciudadanos han decidido en esta temporada  sacar rédito al poder que las redes sociales les han otorgado. Date prisa que el tiempo pasa volando y se acabarán las elecciones.

Iñaki Ortega es doctor en economía y profesor en UNIR y LLYC

Eres un lobista (aunque no lo sepas)

 

(este artículo se publicó originalmente el día 29 de abril de 2021 en el periódico La Información)

No es fácil ir contracorriente. Tener el viento en contra no ayuda, ni en la bicicleta, ni en otras actividades de la vida. Pero en ocasiones la corriente te puede arrastrar donde no quieres y un excesivo viento a favor puede hacerte encallar. Es el caso que nos ocupa en esta columna. Nadie quiere usar el término lobby y mucho menos definirse como tal. Y aunque la Real Academia de la Lengua la ha admitido en su diccionario como sinónimo de grupo de presión, catalogarse como lobby es ir contracorriente. A parecer todos los lobistas son malos, oscuros y por supuesto corruptos.

Me temo que tampoco ayudará a parar este torrente la recomendación de la Fundación del Español Urgente de utilizar la palabra “cabildeo” tan extendido en el español de América. Porque también la definición de esta palabra “hacer gestiones con actividad y maña para ganar voluntades en un cuerpo colegiado o corporación” alimenta esa corriente.

 

Si me permiten los académicos de la lengua, existen otras palabras que al lector le pueden ayudar a entender quiénes son en realidad los lobistas y porque son tan importantes. Quizás las expresiones “grupo de interés” o “asuntos públicos” son más objetivas y no se dejan llevar por ese flujo. Cuando el sector público -o en general una institución- toma una decisión sobre un asunto puede impactar en terceros involucrados que legítimamente querrán ser escuchados. Si un gobierno elimina los conciertos educativos, muchas familias se verán afectadas y defenderán su posición. Si una gran empresa reduce los fondos para su política de becas a la ciencia, los investigadores reclamarán con argumentos la continuidad de estas. O si una televisión pública duda entre usar o no la lengua de signos, los sordos argumentarán las ventajas para su colectivo. Y cuando el ayuntamiento de turno cierra un campo de fútbol siguiendo el planeamiento urbanístico, los chicos federados protestarán.  Esos jóvenes, junto a los becarios, los sordos y los padres son lobistas.

 

El origen del término lobby igual nos ayuda a no dejarnos llevar por este torbellino. A finales del siglo XVIII el acceso a los ciudadanos a la Cámara de los Comunes en Inglaterra estaba prohibido, por lo que se celebraban reuniones con los diputados en los pasillos o en las salas de espera del Parlamento, denominadas lobbies en inglés. También está muy extendida la teoría de que el presidente de Estados Unidos Ulysess S. Grant, tras ser nombrado en 1869 acudía todas las tardes al recibidor del Hotel Willard, muy cerca de la Casa Blanca, a relajarse con un puro, lo que llevó a que muchos interesados en interactuar con el gobierno acudiesen a ese lobby.  Sea como fuere, la realidad es que los legisladores norteamericanos desde finales del siglo XIX han regulado la actividad de los grupos de interés, siendo la primera gran ley, la Federal Regulation of Lobbying Act de 1946, que abrió el camino a que, en todo el mundo tengamos normas sobre el particular. De hecho, ahora mismo en nuestro país está abierta una consulta pública del Ministerio de Política Territorial y Función Pública de cara a una futura ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés.

 

Para ayudar a frenar esa corriente negativa, un grupo de profesores -entre los que me encuentro- aceptamos el encargo de APRI (asociación española de profesionales de las relaciones institucionales) para investigar la utilidad de la tarea desempeñada por los profesionales de los asuntos públicos en nuestro país. A través de una metodología cuantitativa encuestamos en 2020 a más de 120 cargos públicos, para luego contrastar esa información de modo cualitativo con cinco grupos enfocados y entrevistas en profundidad a políticos en activo, se ha obtenido una visión certera. Las conclusiones han sido resumidas en siete hallazgos y un decálogo de recomendaciones a los grupos de interés. Respecto a los hallazgos, por primera vez se ha constatado en España que una mayoría aplastante de políticos tienen una relación estable y natural con los grupos de interés. Valoran especialmente a las organizaciones empresariales como los lobbies más exitosos. Las vías de contacto presenciales son las más frecuentes y preferidas por los políticos para gestionar la comunicación con estos grupos. La utilidad en la relación con los grupos de interés abarca múltiples dimensiones en el ciclo de las políticas públicas, como consecuencia del mejor conocimiento que tienen los agentes afectados de la realidad que les afecta. Los cargos políticos reconocen especialmente el mejor conocimiento que los lobistas tienen de una realidad que les es muy próxima especialmente si se plasma documentalmente. Pero también para los servidores públicos resulta imprescindible mejorar el marco jurídico que regula los asuntos públicos.

 

La participación de los grupos de interés en las políticas públicas se ha normalizado significativamente en los últimos años en España, aunque todavía queda mucho camino que recorrer. A modo de caja de herramientas en este estudio se sugieren diez palancas para mejorar la interacción desde los agentes de interés con los cargos públicos: planificación, estudio de los interlocutores, anticipación, constancia, respeto, conocimiento de lo público, sinergias, rigor, transparencia y neutralidad forman parte del decálogo propuesto. Sin duda, la calidad de la democracia española aumentará con una mayor transparencia y eficiencia en la relación entre los gobernados y los gobernantes. La asunción por parte de la sociedad de la actividad lobista ayudará a avanzar en una mejor gobernanza de los asuntos públicos.

 

Pero, en cambio, dejarse llevar plácidamente por la corriente, puede acabar arrastrándote donde no quieres. Si los lobistas son los malos, quiénes serán los buenos. Acaso queremos que Rusia y otras plutocracias junto a tecnológicas que no respetan los derechos humanos en sus cuarteles generales, acaben dictando con sus poderosos terminales cibernéticos qué tenemos que pensar, comprar o votar en cada elección.  Moisés Naim dejó escrito en su libro “El Fin del Poder” cómo la energía iconoclasta de los micropoderes puede derrocar dictadores, acabar con los monopolios y abrir nuevas e increíbles oportunidades, pero también puede conducir al caos y la parálisis. Cada uno de nosotros gracias a la democratización de la tecnología podemos ser micropoderes, en nuestra mano está ejercer como tales o dejar que otros lo hagan. Ser lobista o no serlo.

 

Iñaki Ortega es doctor en economía y profesor de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

El virus normativo que ha pasado desapercibido

(este artículo se publicó originalmente en el diario Expansión el 27 de mayo de 2020)

La crisis del covid19 se ha cobrado la vida de decenas de miles de compatriotas, millones perderán su empleo y sus negocios, pero a todos nos ha caído encima -aunque aún muchos no se hayan dado cuenta- una ingente losa legislativa.

Desde que se decretó el estado de alarma, el Boletín Oficial del Estado ha demostrado que es la herramienta mejor engrasada de la economía española. Es la única industria que no ha dejado de trabajar, día y noche, en laborable o festivo, sin importarle la fase de la desescalada. La publicación en el BOE de las órdenes, reales decretos, instrucciones, resoluciones y por supuesto correcciones de errores es un tsunami normativo que se lleva por delante hasta las mentes más preclaras. Cientos de miles de páginas -imposibles de digerir- con la intención de crear un marco jurídico para afrontar la pandemia con reformas y medidas específicas en el ámbito laboral, sanitario, fiscal o económico.

Pero existe el riesgo de que tantas nuevas regulaciones acaben convirtiéndose en un pesado lastre que nos impida salir a flote. Ciudadanos que no conocen los detalles de cómo y cuándo moverse en su territorio sin incumplir lo acordado por las autoridades.  Empleados que ya no saben dónde encontrar la solución a las dudas sobre el ERTE que padecen. Autónomos que desconocen la letra pequeña de esa solicitud sobre su subsidio que nunca le acaban de responder. Pymes desconcertadas porque no tiene un euro en la cuenta, pero el ICO les deniega la financiación por defecto de forma. Asociaciones empresariales que ven como sus representados no pueden ejercer, pero actividades similares a la suya son autorizadas.  Y por supuesto las miles de empresas que tienen que responder a inéditas transformaciones económicas y al mismo tiempo cumplir con un nivel de regulación inusitado. Todos, además, con el coste de oportunidad (que explicamos en nuestras clases de economía) de dedicar un precioso tiempo a bucear en las oscuras aguas del océano legislativo en lugar de sacar adelante el país. Por no hablar del otro coste de oportunidad de solicitar la subvención equivocada y haber dejado vacante la que realmente merecía la pena.

Es imprescindible que todos los administrados aprovechemos con eficiencia los recursos facilitados desde el sector público para paliar la complejísima coyuntura, pero -por desgracia- la actividad de las administraciones con tantas páginas de BOE está cebando la incertidumbre. Hoy encontrar una solución en la norma para tu problema es una proeza, seas un padre que quiere pasear a su hijo, una hija que sueña con poder visitar a su madre enferma o un pequeño empresario que duda sobre si la norma le permite operar y hasta una gran corporación que no sabe si podrá operar fuera de nuestras fronteras.

Desde el año 2015, la CEOE publica un informe anual que señala las dificultades que las regulaciones inestables, desproporcionadas e incluso discriminatorias, ocasionan para las empresas. Millones de páginas de producción legislativa cada año que, durante estos meses de estado de alarma, está creciendo exponencialmente. Si nadie duda de que la crisis sanitaria ha podido superarse gracias a la abnegación y buen hacer de los sanitarios españoles ahora en la hora de la recuperación económica se nos antoja que otros profesionales habrán de tomar el relevo a los médicos. No solo será imprescindible el espíritu emprendedor y de superación de los españoles, sino que ante este alud normativo se necesitará un ejército de profesionales que desenmarañen el ovillo regulatorio. Laboralistas, expertos fiscalistas y administrativistas, abogados y economistas que nos ayuden a interpretar las nuevas legislaciones, pero también, y esta es la novedad en nuestro país, profesionales de los asuntos públicos. Deberán ser estos últimos en especial, los encargados de acercar los intereses públicos y privados para facilitar la búsqueda y posible concertación de soluciones duraderas y efectivas cuando superemos el estado de alarma y llegue la hora de la sociedad civil.

Los asuntos púbicos, entendidos como la gestión por las empresas de su relación con las administraciones públicas como reguladoras y últimas condicionantes del ámbito y de los mercados en los que ejercen su actividad económica, son un instrumento imprescindible para las mismas. defender sus intereses legítimos con transparencia y capacidad de rendición de cuentas por lo hecho, informar sobre sus proyectos, y comunicarse con todas las personas, agentes económicos, organizaciones o instancias interesadas o afectadas por su actividad económica, los llamados stakeholders.

La hora, por tanto, de muchos profesionales que ayuden a la reconstrucción de nuestro país reorientando ese aluvión normativo a los cauces de la trasparencia y la igualdad de oportunidades.

Iñaki Ortega es director del programa de asuntos públicos y relaciones gubernamentales de Deusto Business School

Ni Clinton, ni Trump. Los millennials

(este artículo fue publicado originalmente en los diarios del grupo Vocento, El Norte de Castilla, El Diario Montañés, La Verdad de Alicante y Las Provincias los días 28 y 29 de septiembre de 2016)

Obama lo sabía.  Los millennials, los jóvenes nacidos a finales de los años 80, fueron decisivos en su triunfo electoral en las dos pasadas elecciones presidenciales. Ahora la llamada "generación y" parece que también puede inclinar la balanza hacia Hillary Clinton si van a votar, o hacia Trump, si se quedan en casa y no acuden a su cita con las urnas.

Según las últimas publicaciones del US Census Bureau del mes de abril, el número de millennials alcanzó los 75,1 millones, sobrepasando por primera vez al hasta ahora segmento demográfico más numeroso, los baby boomers -que protagonizaron la explosión demográfica de los 50- ahora son 74,9 millones y tienen edades entre 51 y 69 años.   Lo más revelador de esos datos, es que el 40% de los así denominados millennials, son de origen hispano y asiático, y como el resto de los jóvenes, se inclinan en su gran mayoría por las propuestas demócratas.  Obama capturó su admiración, utilizando un estilo de comunicación fresco y mensajes dirigidos a ellos, y sobre todo, haciendo uso de los medios de comunicación que la generación del milenio entiende: redes sociales, móviles, audiovisuales...

Estas elecciones se presentan algo distintas. No sólo porque los dos candidatos podrían ser sus abuelos, y con achaques como estamos viendo, sino por otro factor intestino del partido del burro. El masivo apoyo que obtuvo Bernie Sanders entre los jóvenes en las primarias demócratas, con sus vehementes demandas de libertad y equidad social, ha desfigurado la percepción de la candidata demócrata entre esta cohorte de edad. Hillary Clinton, a quien la mayoría de los millennials perciben como una persona epítome del establishment, alejada de sus pensamientos y costumbres, hace que tengan muchas dudas en apoyar la candidata demócrata o quedarse en casa nostálgicos, viendo videos del senador Sanders. Trump les parece de otro planeta, pero Hillary no despierta la ilusión, que en su día emanó el todavía idolatrado presidente Obama o hace unos muy pocos meses el venerable revolucionario senador por Vermont.   Un reciente sondeo del New York Times concluye que para lo jóvenes americanos ni Clinton, ni Trump son hoy las opciones.

En un intento de contrarrestar esa patente apatía de los millennials hacia el voto a Hillary Clinton, los estrategas de campaña están promoviendo de manera decidida, el voto anticipado por correo, posible solo en 33 estados.  Con este movimiento, la candidatura demócrata busca captar los votos de los millennials, animándoles a votar anticipadamente y así evitar la posibilidad de que finalmente se queden en casa el día de las elecciones. Pero como se ha visto en recientes contiendas electorales en el ámbito internacional, sin ir más lejos, el todavía sorprendente Brexit, la disputa generacional en la pelea presidencial se presenta apasionante con inciertos resultados.  En Reino Unido, las encuestas daban ganadora a la opción preferida de los millennials, pero la batalla la ganaron los motivados “boomers”, que no se quedaron en casa y fueron a votar en masa.  En España durante la última campaña electoral parecía que sólo las personas mayores apoyaban al PP pero volvió a ganar en junio las segundas elecciones en seis meses.

Los millennials han llegado también a la política y ya no sólo quitan el sueño a los directores de recursos humanos de las grandes compañías por su rebeldía o a los responsables de marketing por su infidelidad a las marcas sino también hasta el mismísimo futuro presidente de los Estados Unidos de America.

Iñaki Ortega es director de Deusto Business School y publicó en 2014 el libro Millennials, inventa tu empleo.

Gregorio Bustos es directivo de empresa y actualmente está cursando en USA un Master en la Kennedy School of Government de Harvard.