(este artículo se publicó originalmente en el diario La Información Económica el 4 de octubre de 2026)
El final del verano no ha sido tranquilo para los sindicatos y la patronal. La crisis de Ceuta les tuvo ocupados en plenas vacaciones porque las consecuencias en el empleo y la actividad de la Ciudad Autónoma eran evidentes más allá del drama migratorio. Pero cuando estaban volviendo a sus despachos, el gobierno aprobó el 25 de agosto el Real Decreto-ley 21/2026 para regular las actividades de los grupos de interés. Una norma largamente esperada pero que inopinadamente incluyó como lobistas a sindicatos y empresarios. Eso de facto les igualaba en requerimientos normativos con despachos de abogados, agencias de asuntos públicos, multinacionales o comisionistas varios. Un ataque frontal al artículo 7 de la Constitución que les otorga un papel clave en los asuntos socioeconómicos del país. Al exigirles este Real Decreto (RD) toda una batería de controles burocráticos a su labor de intermediación se ponían trabas al diálogo social consagrado en el artículo 37 de la Carta Magna. Garamendi, Sordo y Álvarez convertidos en sospechosos cuyas agendas y reuniones debían ser autorizadas y publicitadas.
La norma de obligado cumplimiento se aprobó el 27 de agosto, la plataforma para registrar cada reunión el 4 de septiembre y la CEOE anunció que suspendía todos los contactos institucionales hasta saber si el RD se convalidaba en el Congreso de los Diputados el 16 de septiembre. Los sindicatos tampoco dieron crédito a la nueva legislación y la calificaron de despropósito y pidieron públicamente a los partidos políticos que no aprobaran la ley. Todos ellos defendieron que son agentes sociales y no portavoces de intereses particulares como para que se les incluya en un registro y se les vigile desde el gobierno su labor constitucional.
La frenética actividad esos días de septiembre de los líderes del diálogo social funcionó y finalmente la norma no fue aprobada en las Cortes Generales. El miércoles 16 de septiembre, 179 diputados votaron en contra y hasta importantes socios del gobierno promotor del RD, a la sazón muy cercanos a sindicatos y empresarios respectivamente, se abstuvieron. La norma con su registro de marras decaía, pero los problemas no acabaron. La crisis de Ceuta se agudizaba cada día y los sindicatos criticaron la gestión gubernamental y el “devastador” impacto económico. Garamendi convocó en la Ciudad a los máximos órganos de gobierno de la CEOE e hizo un llamamiento público para apoyar el tejido local ceutí.
Así transcurrió el mes de septiembre y la agenda de los máximos responsables de la concertación social, pendientes del colapso en Ceuta y de la afectación a la vida y el trabajo de sus 80.000 habitantes. Las periódicas llamadas del gobierno a propiciar unos nuevos presupuestos no cesaron -como en los últimos ocho años-pero lo que acabó por reventar la vuelta al cole fue Maricarmen.
A las nueve de la mañana del 23 de septiembre los juzgados dieron la orden de desahucio de la anciana y se presentaron en su domicilio para proceder al alzamiento. Lo que sucedió después lo vivieron en directo los líderes sindicales y empresariales, pero también todos los españoles. Concentraciones, televisiones grabando la salida en silla de ruedas de su hogar y la ocupación de la Puerta del Sol por el sindicatos de inquilinas. Policías antidisturbios, hospital para Maricarmen y muchas declaraciones políticas que desembocan en dos reales decretos sobre vivienda aprobados por el consejo de ministros el 29 de septiembre. De nuevo normas de calado no se trabajaron con sindicatos y empresarios. Esta vez en un aspecto de gran impacto social como es la vivienda y con un contexto inequívoco de instrumentalización electoral. No obstante, las reacciones fueron muy diferentes. CEOE rechazó firmemente la acción legislativa por ser un ataque a la propiedad privada y generar inseguridad jurídica. UGT y CCOO respaldaron los RD y los valoraron positivamente deslizando una leve crítica al procedimiento usado para la aprobación. La semana fue de locos porque usando el trámite de urgencia se habilitó el viernes de esa semana, 2 de octubre, para convalidar en el congreso las normas. Las concentraciones y acampadas se reprodujeron en toda España con el aroma de un nuevo 11M, esta vez promovido desde el palacio de La Moncloa.
Por si fuera poco, CEOE que había convocado en junio su asamblea para reelegir a su presidente, celebró esa misma semana, el 1 de octubre, el cónclave empresarial. Garamendi subió al estrado después de que los cientos de asistentes vieran un escalofriante video de 20 minutos por los incontables ataques al diálogo social vividos durante los últimos años y proclamó solemnemente su defensa de la propiedad privada frente a los que juegan a ser Robin Hood.
Mientras tanto los acampados en Sol, empezaron a deslizar la posibilidad de una huelga general. Si finalmente sus protestas o la amenaza de rodear el congreso el viernes de la votación no provocaban el voto a favor de Junts, tocaría convocar una huelga general para arrancar su particular revolución contra la propiedad privada. Dicho y hecho. El congreso rechazó de manera contundente ambos reales decretos y la petición de los manifestantes se puso encima de la mesa: una huelga general por la vivienda. La pelota en el tejado de UGT y CCOO. Porque los empresarios defendieron ipso facto la ilegalidad de esa huelga al no existir conflicto laboral alguno. Los sindicatos no tomaron la decisión inmediatamente. Eran conscientes de que se la jugaban: apoyar al gobierno con el que más complicidad han tenido en 50 años o defender su independencia. Estar con las protestas o respetar su papel constitucional.
Pero llegó el lunes de octubre y Pedro Sánchez convocó elecciones y los sindicatos desojaron la margarita: ¡todos a la huelga! El triste fallecimiento de Maricarmen unos días después les armó de razones para ratificar la llamada a parar el 11 de noviembre, ya no importó que el RD se aprobase finalmente en la Diputación Permanente.
Lejos queda ya la visita en el mes de junio del Papá Leon XIV así como el discurso conjunto de los líderes de CEOE, CEPYME, UGT y CCOO ante el Santo Padre y miles de feligreses en el Movistar Arena de Madrid. Esa defensa cerrada del diálogo social y de la lucha contra las desigualdades se va a poner a prueba estos próximos días. Aquel domingo 7 de junio mientras Garamendi, De Miguel, Sordo y Fernández apostaban por tejer redes, una canción sonaba en el multiusos. “Alza la mirada” repetía el estribillo una y otra vez. Seguro que todos ellos la recordarán (y añorarán) estas semanas en las que volveremos al siglo XIX y la lucha de clases.
Iñaki Ortega es doctor en economía y profesor en UNIR y CUNEF
No hay comentarios:
Publicar un comentario