El aire ofrece
resistencia, pero también permite volar. En pleno apogeo del fenómeno
emprendedor en nuestro país, se está extendiendo un estado de opinión en
algunos círculos que identifica todo lo público con un incesante viento en
contra para los nuevos negocios. El argumento que comienza a calar es que, haga
lo que haga, la administración estorba y, por tanto, no hay mejor política de fomento
de la iniciativa empresarial que la que no existe.
Precisamente porque existe una correlación, constatable en los territorios más
dinámicos, entre natalidad empresarial y marco regulatorio, es necesario darle
valor a la actuación pública en este terreno. Para la doctrina económica la
iniciativa privada es lastrada por la administración con los llamados “fallos
gubernamentales” como son los impuestos o las regulaciones y trámites que
desincentivan la actividad mercantil e impiden la unidad de mercado. Por
ello los gobiernos han de empeñarse en eliminar esos obstáculos pero, siendo muy
importantes, no son el único factor que condiciona la creación de empresas.
Esta compleja
realidad también viene determinada por fallos del propio mercado, como la
imposibilidad para las pymes de conseguir financiación con los efectos que
estamos padeciendo, la desconfianza de las grandes empresas en las nuevas para
contratarles que consagran situaciones oligopolísticas o la falta de conexión
entre la empresa y la educación con las consecuencias conocidas en materia de
desempleo. Sin olvidar otra serie de elementos culturales cuya naturaleza no es
stricto sensu económica pero que forman parte de un marco institucional
informal. Son ejemplos de ello la preferencia social por el trabajo por cuenta
ajena, la mala imagen de los empresarios en el conjunto de la ciudadanía o el
estigma social que supone el fracaso en una aventura emprendedora.
Además, los partidarios de la omisión como única estrategia a seguir por la
administración suelen tomar Silicon Valley como prueba de que en la consecución
de un ecosistema favorable a la iniciativa empresarial lo público no tiene otro
rol que el de asegurar la libertad en la interacción entre los agentes privados:
emprendedores, inversores, centros de conocimiento y grandes empresas.
Efectivamente esta tarea es fundamental, sin embargo, estas voces tienden a
obviar que el éxito del «Valle» se basa también en el modelo universitario
local auspiciado por numerosas actuaciones públicas fiscales y normativas. Y
por supuesto el mejor lugar del mundo para crear una empresa no existiría sin las
estrechas conexiones entre el Gobierno norteamericano y el primer cluster
industrial que emergió en California (que nunca han cesado y que precisamente
están detrás de un desarrollo tan decisivo en la historia reciente de este
milagro económico como es internet).
Pero la
influencia de los programas y leyes federales en la actividad emprendedora
trasciende Silicon Valley. Contrariamente a lo que se cree, el gobierno de
Estados Unidos es el que con más intensidad y durante más tiempo ha practicado
una activa política pública a favor de la creación de empresas. En efecto, la
promulgación de la ley Small Business Act en 1953 marcó el punto de partida de
una política caracterizada por una amplia variedad de actuaciones encaminadas,
entre otros, a reforzar la cultura empresarial, promover la industria del
capital riesgo y los microcréditos, incentivar la participación de las minorías
en la actividad emprendedora, construir incubadoras empresariales o auspiciar
el nacimiento de spin-offs universitarias.
Para ilustrar los beneficios que la fuerte implicación gubernamental ha tenido,
baste mencionar que empresas como Apple, Compaq o Intel recibieron en su día
apoyo financiero público para acometer su estrategia de crecimiento, y que en
la actualidad el 38% de las patentes que se registran en el país proceden de start-ups que se han beneficiado de
contratos federales.
Ese papel activo asumido de modo pionero por la administración estadounidense
desde mediados del siglo pasado ha servido de inspiración al resto del mundo
desarrollado. Aunque no faltan buenos ejemplos en Europa, el caso de éxito más
paradigmático se encuentra en Israel; la iniciativa gubernamental Yozma de
principios de los 90 fue el germen de una potente red de incubadoras
tecnológicas y fondos de capital semilla que ha logrado que el país hebreo sea,
después de Estados Unidos y junto a China, el que más empresas tiene cotizadas
en el Nasdaq.
La tendencia en los últimos años no es precisamente hacia la extinción de la
política de emprendedores, sino hacia su refuerzo por medio de la colaboración
con el sector privado y la coordinación con otras políticas públicas susceptibles
de incidir en la actividad empresarial incipiente: el visado para emprendedores
del Reino Unido y Canadá o el programa de partenariado público-privado Startup América son claros exponentes de
esta novedosa intervención a favor de la creación de nuevos negocios, que lo
que buscan es la consecución del mejor ecosistema emprendedor.
España es el Estado de la OCDE en el que más ha caído la natalidad empresarial
desde la irrupción de la crisis y, habida cuenta de la dirección en que marcha
la política de emprendedores en las economías más avanzadas, no parece que el
mejor camino para propiciar su recuperación pase por renunciar a una
estrategia de acción. Al contrario, ahora más que nunca lo que se impone es
potenciarla: primero, racionalizando los esfuerzos que, de forma no orquestada
y aislada, han dado lugar a las más de 2.500 plataformas públicas de apoyo a
los emprendedores que actualmente existen; y, segundo, incorporando las líneas
de actuación que mejor están funcionando fuera de nuestras fronteras. Esta
orientación no solo es plenamente compatible con el avance en la reducción de
barreras administrativas; también lo es con la obligada búsqueda de la
eficiencia del gasto público.
Afortunadamente, de las muchas y muy destacadas firmas que respaldan el
reciente manifiesto «España Emprende» promovido por el Círculo de Empresarios,
se desprende que la sensatez se acabará imponiendo a la iconoclasia que abrazan
unos pocos que todavía se empeñan en ver un leviatán donde solo hay recursos
mal gestionados.
Después de todo, lo público es como el aire en el que los emprendedores baten
sus alas; guste o no, forma parte del marco institucional, y, si los resultados
no son los esperados, es más inteligente abogar por su reforma que caer en la
simple descalificación o pedir su desaparición. Porque, entre otras razones, y como decía la canción del grupo mexicano Maná
«quisiera vivir sin aire pero... no puedo.»
Iñaki Ortega, es doctor en economía y autor del libro "Políticas públicas para emprendedores"
Iñaki Ortega, es doctor en economía y autor del libro "Políticas públicas para emprendedores"
