Vivir sin aire

(Artículo publicado en el periódico ABC el día 27 de enero de 2013)

El aire ofrece resistencia, pero también permite volar. En pleno apogeo del fenómeno emprendedor en nuestro país, se está extendiendo un estado de opinión en algunos círculos que identifica todo lo público con un incesante viento en contra para los nuevos negocios. El argumento que comienza a calar es que, haga lo que haga, la administración estorba y, por tanto, no hay mejor política de fomento de la iniciativa empresarial que la que no existe.

       

Precisamente porque existe una correlación, constatable en los territorios más dinámicos, entre natalidad empresarial y marco regulatorio, es necesario darle valor a la actuación pública en este terreno. Para la doctrina económica la iniciativa privada es lastrada por la administración con los llamados “fallos gubernamentales” como son los impuestos o las regulaciones y trámites que desincentivan la actividad mercantil e impiden la unidad de mercado. Por ello los gobiernos han de empeñarse en  eliminar esos obstáculos pero, siendo muy importantes, no son el único factor que condiciona la creación de empresas.

Esta compleja realidad también viene determinada por fallos del propio mercado, como la imposibilidad para las pymes de conseguir financiación con los efectos que estamos padeciendo, la desconfianza de las grandes empresas en las nuevas para contratarles que consagran situaciones oligopolísticas o la falta de conexión entre la empresa y la educación con las consecuencias conocidas en materia de desempleo. Sin olvidar otra serie de elementos culturales cuya naturaleza no es stricto sensu económica pero que forman parte de un marco institucional informal. Son ejemplos de ello la preferencia social por el trabajo por cuenta ajena, la mala imagen de los empresarios en el conjunto de la ciudadanía o el estigma social que supone el fracaso en una aventura emprendedora.

Además, los partidarios de la omisión como única estrategia a seguir por la administración suelen tomar Silicon Valley como prueba de que en la consecución de un ecosistema favorable a la iniciativa empresarial lo público no tiene otro rol que el de asegurar la libertad en la interacción entre los agentes privados: emprendedores, inversores, centros de conocimiento y grandes empresas. Efectivamente esta tarea es fundamental, sin embargo, estas voces tienden a obviar que el éxito del «Valle» se basa también en el modelo universitario local auspiciado por numerosas actuaciones públicas fiscales y normativas. Y por supuesto el mejor lugar del mundo para crear una empresa no existiría sin las estrechas conexiones entre el Gobierno norteamericano y el primer cluster industrial que emergió en California (que nunca han cesado y que precisamente están detrás de un desarrollo tan decisivo en la historia reciente de este milagro económico como es internet).

Pero la influencia de los programas y leyes federales en la actividad emprendedora trasciende Silicon Valley. Contrariamente a lo que se cree, el gobierno de Estados Unidos es el que con más intensidad y durante más tiempo ha practicado una activa política pública a favor de la creación de empresas. En efecto, la promulgación de la ley Small Business Act en 1953 marcó el punto de partida de una política caracterizada por una amplia variedad de actuaciones encaminadas, entre otros, a reforzar la cultura empresarial, promover la industria del capital riesgo y los microcréditos, incentivar la participación de las minorías en la actividad emprendedora, construir incubadoras empresariales o auspiciar el nacimiento de spin-offs universitarias. Para ilustrar los beneficios que la fuerte implicación gubernamental ha tenido, baste mencionar que empresas como Apple, Compaq o Intel recibieron en su día apoyo financiero público para acometer su estrategia de crecimiento, y que en la actualidad el 38% de las patentes que se registran en el país proceden de start-ups que se han beneficiado de contratos federales.

Ese papel activo asumido de modo pionero por la administración estadounidense desde mediados del siglo pasado ha servido de inspiración al resto del mundo desarrollado. Aunque no faltan buenos ejemplos en Europa, el caso de éxito más paradigmático se encuentra en Israel; la iniciativa gubernamental Yozma de principios de los 90 fue el germen de una potente red de incubadoras tecnológicas y fondos de capital semilla que ha logrado que el país hebreo sea, después de Estados Unidos y junto a China, el que más empresas tiene cotizadas en el Nasdaq.

La tendencia en los últimos años no es precisamente hacia la extinción de la política de emprendedores, sino hacia su refuerzo por medio de la colaboración con el sector privado y la coordinación con otras políticas públicas susceptibles de incidir en la actividad empresarial incipiente: el visado para emprendedores del Reino Unido y Canadá o el programa de partenariado público-privado Startup América son claros exponentes de esta novedosa intervención a favor de la creación de nuevos negocios, que lo que buscan es la consecución del mejor ecosistema emprendedor.

España es el Estado de la OCDE en el que más ha caído la natalidad empresarial desde la irrupción de la crisis y, habida cuenta de la dirección en que marcha la política de emprendedores en las economías más avanzadas, no parece que el mejor camino para  propiciar su recuperación pase por renunciar a una estrategia de acción. Al contrario, ahora más que nunca lo que se impone es potenciarla: primero, racionalizando los esfuerzos que, de forma no orquestada y aislada, han dado lugar a las más de 2.500 plataformas públicas de apoyo a los emprendedores que actualmente existen; y, segundo, incorporando las líneas de actuación que mejor están funcionando fuera de nuestras fronteras. Esta orientación no solo es plenamente compatible con el avance en la reducción de barreras administrativas; también lo es con la obligada búsqueda de la eficiencia del gasto público.

Afortunadamente, de las muchas y muy destacadas firmas que respaldan el reciente manifiesto «España Emprende» promovido por el Círculo de Empresarios, se desprende que la sensatez se acabará imponiendo a la iconoclasia que abrazan unos pocos que todavía se empeñan en ver un leviatán donde solo hay recursos mal gestionados.

Después de todo, lo público es como el aire en el que los emprendedores baten sus alas; guste o no, forma parte del marco institucional, y, si los resultados no son los esperados, es más inteligente abogar por su reforma que caer en la simple descalificación o pedir su desaparición. Porque, entre otras razones, y  como decía la canción del grupo mexicano Maná «quisiera vivir sin aire pero... no puedo.»

Iñaki Ortega, es doctor en economía y autor del libro "Políticas públicas para emprendedores"