La crisis del covid19 se
ha cobrado la vida de decenas de miles de compatriotas, millones perderán su
empleo y sus negocios, pero a todos nos ha caído encima -aunque aún muchos no
se hayan dado cuenta- una ingente losa legislativa.
Desde que se decretó el
estado de alarma, el Boletín Oficial del Estado ha demostrado que es la
herramienta mejor engrasada de la economía española. Es la única industria que
no ha dejado de trabajar, día y noche, en laborable o festivo, sin importarle
la fase de la desescalada. La publicación en el BOE de las órdenes, reales decretos,
instrucciones, resoluciones y por supuesto correcciones de errores es un
tsunami normativo que se lleva por delante hasta las mentes más preclaras.
Cientos de miles de páginas -imposibles de digerir- con la intención de crear
un marco jurídico para afrontar la pandemia con reformas y medidas específicas
en el ámbito laboral, sanitario, fiscal o económico.
Pero existe el riesgo de
que tantas nuevas regulaciones acaben convirtiéndose en un pesado lastre que
nos impida salir a flote. Ciudadanos que no conocen los detalles de cómo y
cuándo moverse en su territorio sin incumplir lo acordado por las
autoridades. Empleados que ya no saben
dónde encontrar la solución a las dudas sobre el ERTE que padecen. Autónomos
que desconocen la letra pequeña de esa solicitud sobre su subsidio que nunca le
acaban de responder. Pymes desconcertadas porque no tiene un euro en la cuenta,
pero el ICO les deniega la financiación por defecto de forma. Asociaciones
empresariales que ven como sus representados no pueden ejercer, pero
actividades similares a la suya son autorizadas. Y por supuesto las miles de empresas que tienen
que responder a inéditas transformaciones económicas y al mismo tiempo cumplir
con un nivel de regulación inusitado. Todos, además, con el coste de
oportunidad (que explicamos en nuestras clases de economía) de dedicar un
precioso tiempo a bucear en las oscuras aguas del océano legislativo en lugar
de sacar adelante el país. Por no hablar del otro coste de oportunidad de solicitar
la subvención equivocada y haber dejado vacante la que realmente merecía la
pena.
Es imprescindible que todos
los administrados aprovechemos con eficiencia los recursos facilitados desde el
sector público para paliar la complejísima coyuntura, pero -por desgracia- la actividad
de las administraciones con tantas páginas de BOE está cebando la
incertidumbre. Hoy encontrar una solución en la norma para tu problema es una
proeza, seas un padre que quiere pasear a su hijo, una hija que sueña con poder
visitar a su madre enferma o un pequeño empresario que duda sobre si la norma
le permite operar y hasta una gran corporación que no sabe si podrá operar
fuera de nuestras fronteras.
Desde el año 2015, la
CEOE publica un informe anual que señala las dificultades que las regulaciones
inestables, desproporcionadas e incluso discriminatorias, ocasionan para las
empresas. Millones de páginas de producción legislativa cada año que, durante
estos meses de estado de alarma, está creciendo exponencialmente. Si nadie duda
de que la crisis sanitaria ha podido superarse gracias a la abnegación y buen
hacer de los sanitarios españoles ahora en la hora de la recuperación económica
se nos antoja que otros profesionales habrán de tomar el relevo a los médicos.
No solo será imprescindible el espíritu emprendedor y de superación de los españoles,
sino que ante este alud normativo se necesitará un ejército de profesionales
que desenmarañen el ovillo regulatorio. Laboralistas, expertos fiscalistas y
administrativistas, abogados y economistas que nos ayuden a interpretar las
nuevas legislaciones, pero también, y esta es la novedad en nuestro país,
profesionales de los asuntos públicos. Deberán ser estos últimos en especial,
los encargados de acercar los intereses públicos y privados para facilitar la búsqueda
y posible concertación de soluciones duraderas y efectivas cuando superemos el
estado de alarma y llegue la hora de la sociedad civil.
Los asuntos púbicos,
entendidos como la gestión por las empresas de su relación con las
administraciones públicas como reguladoras y últimas condicionantes del ámbito
y de los mercados en los que ejercen su actividad económica, son un instrumento
imprescindible para las mismas. defender sus intereses legítimos con
transparencia y capacidad de rendición de cuentas por lo hecho, informar sobre
sus proyectos, y comunicarse con todas las personas, agentes económicos,
organizaciones o instancias interesadas o afectadas por su actividad económica,
los llamados stakeholders.
La hora, por tanto, de
muchos profesionales que ayuden a la reconstrucción de nuestro país reorientando
ese aluvión normativo a los cauces de la trasparencia y la igualdad de
oportunidades.
Iñaki Ortega es director
del programa de asuntos públicos y relaciones gubernamentales de Deusto
Business School
No hay comentarios:
Publicar un comentario