El año de la bajada de impuestos

(este artículo se publicó originalmente en el periódico La Información el día 29 de diciembre de 2022)

Antes de que crean que las fiestas navideñas han causado estragos en mi percepción de la realidad, déjenme que explique las razones por la que he puesto este título a mi artículo de opinión.  Los impuestos bajarán en el año 2023, a pesar de la reiterada negativa gubernamental y lo creo por varias razones y no solamente por el hecho del paquete anticrisis aprobado este 27 de diciembre.

Vamos a por la primera razón. En la literatura económica, en concreto en la conocida como escuela de Public Choice, existen numerosas evidencias de que el gasto público se incrementa antes de cada elección, sobre todo cuando el gobierno no confía en ganar las elecciones. Se ha comprobado a lo largo de la historia de muchas democracias liberales que un incremento en las transferencias a las familias tiene un efecto positivo sobre la posición política del gobierno. Esto es explicado por autores de esta escuela -como el premio Nobel de economía James M. Buchanan- que contemplan el crecimiento en el ingreso disponible como uno de los determinantes en los resultados electorales, de modo y manera que la actuación fiscal del gobierno afecta directamente a su nivel de popularidad y por tanto al éxito electoral. En el año 2023 tendremos como mínimo dos convocatorias electorales en la mayoría del país y en algunos casos hasta tres: votaciones municipales, autonómicas y a cortes generales. El gobierno es consciente de que la crisis inflacionaria se ha colado en todas las familias y se redoblarán los programas de gasto público para compensar la pérdida de poder adquisitivo. Pero el tiempo se agota y los subsidios y subvenciones precisan de una burocracia que consume unos tiempos que no dispone el gobierno. Aprobar la medida, incluirla en los presupuestos, redactar el reglamento, sacar la convocatoria y adjudicar las ayudas supone en el mejor de los casos tres meses y las elecciones de mayo se echarían encima. En cambio, las rebajas impositivas -especialmente en algunos tributos- son inmediatas y los bolsillos de los votantes las perciben al instante.

La segunda razón es que el gobierno ya ha probado la receta de bajar impuestos y le ha gustado. En junio el presidente Sánchez rebajó el IVA de la luz del 10% al 5%, en septiembre le tocó el turno al gas que pasó del 21% al 5%.  En otoño las rentas más bajas vieron cómo se les rebajaba el impuesto de la renta. Finalmente, la ley de fomento del ecosistema de empresas emergentes, conocida como la ley de startups ha entrado en vigor el 22 de diciembre e incluye importantes beneficios fiscales para miles de emprendedores e inversores ángeles. En todos esos casos, la opinión pública ha recibido con agrado la medida y además para la energía ha tenido efectos inmediatos en la bajada de la escalada de precios, como se ha visto en los últimos datos del IPC. Por eso tampoco extraña que ahora el gobierno haya dejado en cero el IVA de los alimentos de primera necesidad o reducido a la mitad el impuesto al aceite y a la pasta. Se trataría de abaratar la cesta de la compra con productos muy demandados para así paliar los efectos de la inflación en los hogares más desfavorecidos (y de paso rascar algún votante).

Europa es la tercera razón para bajar impuestos. No porque Úrsula von der Leyen se lo vaya a pedir a Sánchez, que a pesar de ser elegida por los populares europeos para la presidencia de la Comisión parece que es una socialdemócrata más, sino porque es una vía para ejecutar los fondos Next Generation que tanto nos está costando. Países europeos como Francia, Italia, Dinamarca, Austria, Suecia o Portugal están ya usando estas ayudas comunitarias para rebajar la fiscalidad que soportan tanto las empresas como las familias, así como crear incentivos fiscales. La semana pasada la CEOE envió un informe al gobierno que recoge sus aportaciones a la adenda al plan de recuperación y resiliencia, con una serie de medidas que incluyen reducción de cargas impositivas, el establecimiento de moratorias y aplazamiento de pagos a la Seguridad Social y Hacienda, así como la ampliación y puesta en marcha de nuevas líneas ICO que garantizarían la liquidez, financiación y la solvencia para cientos de miles de empresas españolas y así mitigar los efectos que la crisis inflacionista entre el tejido económico más débil, las micropymes y los autónomos, que suponen por lo menos más de dos millones de personas con derecho a voto. Tampoco puede obviarse que la presidencia semestral para España está a apenas unos meses y hay que gobernar como si se fuese un estadista europeo más y quitar los recelos que en muchos gobiernos continentales hay con el socio de Sánchez; bajando impuestos, demuestra quién manda en el consejo de ministros patrio.

Vamos a por la última razón que tiene que ver con la polarización y la concentración del voto. Son muchos los estudios que explican el aumento de la fractura ideológica en las democracias modernas. El último que he leído ha sido el promovido por LLYC y Más Democracia en el que se explican los territorios de la polarización más extrema, a saber: inmigración y feminismo. El asunto de los impuestos no aparece. ESADE ha estudiado también este asunto y ha concluido que la polarización no afecta al tema fiscal. Estamos mucho más polarizados respecto a cuestiones identitarias (ideológicas o territoriales) que respecto a políticas públicas concretas. En los datos que analizaron en la escuela de negocios catalana, la polarización ideológica y territorial era entre dos y tres veces mayor que la polarización en torno a los impuestos. Así que no tiene porqué preocuparse Pedro Sánchez. Tocando los impuestos a la baja no perderá el tren de la concentración del voto polarizado de la izquierda.

Sea lo que sea lo veremos en breve y nuestros bolsillos lo notarán. Esperemos que para bien.

Iñaki Ortega es doctor en economía en UNIR y LLYC

La economía dopada

(este artículo se publicó originalmente en el diario La Información el día 8 de diciembre de 2022)

El uso de sustancias estimulantes para potenciar el rendimiento del organismo de un deportista está prohibido. Con los esteroides se consigue más musculatura, con la EPO eliminar la fatiga y con los narcóticos ya no hay dolor, pero no es legal ni ético y además perjudica la salud. El dopaje solamente está perseguido en el deporte, pero a la vista de los últimos indicadores económicos quizás se debería extender a la política económica.

Las cifras del desempleo registrado se desploman en España porque no se contabilizan los fijos discontinuos sin actividad o los empleados en ERTE que no están trabajando. Al mismo tiempo los cotizantes crecen con decenas de miles de empleos promovidos por el sector público. Se consigue artificialmente tener menos parados, muy parecido a los boxeadores que toman diuréticos antes de subirse a la báscula y así rebajar su peso.

Cuando los presupuestos generales del estado no cuadran porque los gastos superan los ingresos, basta con introducir en el cuadro macroeconómico un supuesto optimista de crecimiento del PIB del 2,1%, aunque todas las previsiones de los analistas lo sitúen en la mitad. De modo y manera que se consigue equilibrar la cuenta, pero eso sí, con los ingresos hinchados, como los músculos del atleta americano Ben Johnson cuando consiguió la plusmarca de los cien metros lisos, gracias a los esteroides.

Si los sueldos son bajos o nadie contrata a los mayores de 52 años, el BOE viene al rescate subiendo el salario mínimo interprofesional en más de un 30% o estableciendo a los seniors un subsidio vitalicio de 500 euros. Más deuda pública para evitar sentir el dolor de un tejido productivo que no crea empleo de calidad asfixiado por trabas e impuestos. Tampoco sentían dolor en sus piernas tantos ciclistas que recordamos -como el mítico Pantani- porque corrían dopados con anfetaminas pero que luego lo pagaron con sus vidas.

Si, aún así, los compromisos de gasto siguen creciendo fruto de las exigencias de socios insaciables y no hay ingresos que los soporten, siempre se puede recurrir a nuevos impuestos a la banca o a las energéticas. ¿Que no es suficiente? pues se inventa un tributo para los ricos o se suben las contribuciones a los empresarios. Da igual si son legales o no, incluso si finalmente no se recauda ni un euro tras ser desautorizada por los tribunales. Cuántos atletas se han quedado por el camino tras descubrirse por las autoridades que consumían sustancias prohibidas, pero la ambición por ganar les llevó a truncar sus carreras.

No es nuevo. La política monetaria del Banco Central Europeo con los tipos en negativo durante seis años permitió el dinero gratis para los bancos, alimentando enfermizamente una demanda continental. Ahora los fondos Next Generation EU, creen que harán posible lo imposible, como la soberanía industrial o la autonomía energética en Europa. Una lluvia de millones, esta vez sí caída del cielo, porque parece que es gratis. Todo cuesta y las reformas estructurales en nuestro país no se consiguen de la noche a la mañana. A la tenista María Sharapova y al ciclista Lance Armstrong sí les costó y mucho, usar atajos para ganar, y tras descubrirse nunca volvieron a ser los mismos.

Pero pobre del que se atreva a denunciar algo de la anterior, sea un funcionario, un economista o un político. Fascista, trumpista o catastrofista serán los calificativos recibidos, cuando no jubilado o despedido de su posición en la administración. Exactamente igual como cuando hace años un médico o un periodista descubrían el dopaje de un famoso deportista y eran linchado por lesionar el prestigio del ídolo.

La mayoría de las sustancias catalogadas como dopantes son medicinas utilizadas para aliviar enfermedades, por tanto, no son malas per se. Simplemente cuando se usan para otros fines o con otras dosis, es cuando son problemáticas. Exactamente igual sucede con la política económica. Los subsidios son necesarios para corregir fallos de mercado, la política fiscal garantiza la redistribución de la riqueza y la monetaria el acceso al crédito. Pero siempre con la dosis y con el fin adecuado, que en economía es la satisfacción de las necesidades humanas y no ganar elecciones.

Las leyes antidopaje tardaron en llegar, pero finalmente se consiguieron. Lo que antes era legal o por lo menos alegal, hoy está prohibido. Esperemos que más pronto que tarde, una ley impida también el dopaje de la política económica.

Iñaki Ortega es doctor en economía en UNIR y LLYC

Recolectar o sembrar. La duda hispánica

(este artículo se publicó en el diario La Información el día 1 de agosto de 2022)

Los nuevos impuestos a la banca y a las energéticas han irrumpido en la economía española coincidiendo con el periodo vacacional. Más allá de las implicaciones políticas de estas decisiones, el objetivo es recaudar 7.000 millones en dos años que ayuden a enjugar el agujero ocasionado en las cuentas públicas por la indexación de las pensiones. La excusa son los llamados “windfall profiits” o beneficios caídos del cielo, ocasionados por la subida de los precios de la energía y por el aumento de tipos de interés.

Esta terminología de ingresos extraordinarios es una traducción de una expresión inglesa que a alude a la caída de gran cantidad de fruta por una ráfaga de viento, o lo que es lo mismo una importante recolección sin esfuerzo alguno. El gobierno de España, por tanto, ha optado por una nueva fiscalidad para recaudar/recoger esos frutos generados esta convulsa temporada por la banca y la energéticas. Recientemente varios profesores hemos escrito una reflexión académica que precisamente recomendaba lo contrario. La siembra frente a la recolección. Capital semilla frente a impuestos confiscatorios.

En la terminología empresarial, el capital semilla o financiación semilla es una inversión externa realizada en los primeros estadios de la vida de una empresa que permite solventar el conocido como “valle de la muerte” en el que la mayoría de las nuevas compañías han de cerrar por no tener ingresos que compensen los numerosos gastos. Los inversores semilla confían en la potencialidad del negocio incipiente y así asumen pérdidas con la confianza de que, gracias a su ayuda, los emprendedores saldrán de los apuros iniciales para lograr grandes éxitos futuros. Quiero pensar, junto a mis colegas Paloma Baena y Luís Socias, que los fondos europeos pospandémicos son ese inversor ángel que aportará la palanca financiera que España necesita para modernizar su economía en ámbitos como la transición verde, la industrialización o la educación.

Ningún plan europeo ha despertado tanta atención como Next Generation EU. A estas alturas ya es sabido por toda la población que este proyecto nace para luchar contra la crisis económica causada por la pandemia; algunos menos conocen que busca al mismo tiempo acelerar la transición verde y digital. Apenas se menciona en la conversación pública la capacidad del Plan Español de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de ser una suerte de capital semilla -un alto volumen de recursos no nacionales concentrados en un plazo limitado de tiempo- que, unido a los esfuerzos privados, escale nuestro país. Casi tarea imposible, prestar atención también a las eventuales derivadas geopolíticas del PRTR y sus consecuencias para el posicionamiento de España en el mundo. Someramente me atrevo a resumir el carácter semilla y de paso el geopolítico del PRTR en tres ámbitos capitales para nuestro país: la energía, la industria y la educación.

Transición verde

Independientemente del monto final que España decida dedicar a este nuevo capítulo, la oportunidad es clara y crucial para los intereses a medio y largo plazo de nuestro país. Recientemente, la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA) señala el alto potencial de España como productora de hidrógeno verde, lo que se suma a nuestro posicionamiento en energía solar o eólica. El retorno a estas inversiones aceleradas puede ser diferencial para nuestra economía a largo plazo. Estamos ante la posibilidad de desempeñar, como país, un rol protagonista en un nuevo sector de actividad económica y empleo, que además de modificar nuestro modelo productivo, contribuirá a aumentar la autonomía energética, y fortalecer nuestro peso en el nuevo escenario geopolítico que la transición energética del siglo XXI va a dibujar. El equilibrio de poderes con nuestros socios europeos -en especial Francia y Alemania-; la relación con nuestros vecinos del norte de África; el papel ante las grandes potencias como China o Estados Unidos e incluso poder mirar a los ojos al régimen ruso, dependerá de las decisiones que tomemos estos meses para orientar Next Generation EU hacia cuestiones como los gaseoductos, las renovables o los acumuladores de energía. ¿Sabremos aprovecharlo? Next Generation EU aporta el capital semilla necesario para incentivar esta transición acelerada. Pero como señalamos al inicio, necesitamos acción concertada para hacer posible el cambio y movilizar los complejos acuerdos necesarios entre el sector público, el privado, y la sociedad civil. Por un lado, el sector público debe considerar todas las medidas a su alcance para facilitar trámites administrativos, facilitar información que permita anticipar al sector privado y acelerar la resolución de convocatorias. Por otro lado, el sector privado debe contribuir a la agilidad administrativa presentando proyectos viables con capacidad de ejecución completa en los plazos que marca Next Generation EU. Y también cada uno de nosotros debe hacer suyo este reto de transición, que implica cambios importantes en nuestros hábitos y preferencias de consumo. Acelerar la transición energética es la única alternativa que tenemos para actuar sobre la principal fuente de emisiones de CO2. Estamos ante una oportunidad decisiva de transformar nuestro modelo económico y la composición de nuestro producto interior bruto, generando nuevos sectores de actividad industrial y empleo y disminuyendo los riesgos de dependencia y de pobreza y exclusión energética, al tiempo que se procura la sostenibilidad de nuestra economía. Debemos aprovechar la oportunidad que nos ofrece el capital semilla de Next Generation EU para mirar a largo plazo con confianza y ambición. El objetivo: una hoja de ruta compartida que nos permita trabajar conjuntamente en la transformación energética que necesitamos acelerar.

Industrialización

El reto es garantizar un buen aprovechamiento de dichos fondos, de forma que las cadenas de valor industriales, tanto en el caso de grandes empresas como de pymes, puedan acceder a ellos, impulsando así la transformación de nuestra industria y, de una vez por todas, un mayor peso en el PIB nacional. Para ello, con el objetivo de lograr una mayor presencia de la industria en el PIB, es necesario poner en marcha algunas mejoras en la ejecución de los fondos europeos. Por ejemplo, como recientemente ha propuesto CEOE, sería interesante fortalecer el equilibrio entre, por un lado, grandes proyectos tractores y, por otro lado, subvenciones para PYMES y autónomos, con convocatorias menos atomizadas; impulsar el papel de nuestras empresas en los IPCEIS europeos; explorar la figura del proyecto tractor territorial; incorporar bajadas de impuestos e incentivos fiscales con cargo a los fondos europeos; o implicar al sector financiero para ganar agilidad y asegurar la capilaridad de las ayudas. Por otro lado, en un contexto en el que todos los países europeos avanzan hacia el impulso a su industria, cuenta con un alto interés identificar buenas prácticas que permitan orientar la apuesta de España en este ámbito. Un buen ejemplo de ello lo encontramos en la apuesta por la industria que recoge el Plan “France Relance”, puesto en marcha por el gobierno galo para la ejecución de los fondos europeos. En concreto, la reindustrialización del territorio, junto con el refuerzo a la competitividad de las empresas y la aceleración de la transición ecológica, constituye uno de sus tres ejes fundamentales. En esta etapa inicial de ejecución de los fondos en Francia, el comité independiente para la evaluación del Plan, integrado por agentes de primer nivel y presidido por el prestigioso economista Benoît Coeuré, hace una primera lectura positiva de su impacto en materia de reindustrialización. Así, es destacable que la canalización de las ayudas del Plan ya ha tenido efectos de impulso de la industria gala. Por un lado, ya han recibido ayudas para desarrollar actividades en torno a 10 500 empresas (un tercio de las empresas industriales galas), con una inversión superior a 14 000 millones de euros. Este impulso ha sido especialmente notable en PYMES. Y, por otro lado, han puesto en marcha una bajada de los impuestos a la producción, que se estima en 10 000 millones de euros en 2021, favoreciendo el crecimiento de las empresas industriales. En definitiva, nos encontramos ante una oportunidad histórica en donde la industria, de una vez por todas, debe tener el papel destacado que nuestro país necesita. Especialmente, ante un escenario global tan convulso como el actual y en un entorno europeo en el que muchos países han situado la soberanía industrial como una auténtica prioridad nacional, para evitar estar al albur de potencias extranjeras con intereses espurios. No podemos olvidar los peores momentos del confinamiento en el que la solidaridad de los socios europeos nos salvó de la ruina, pero al mismo tiempo la dependencia industrial de terceros países nos dejó inermes ante la amenaza vírica y sus consecuencias económicas.

Educación

La crisis pandémica, lejos de parar la transformación del mercado laboral, la ha precipitado. Cualquier agente económico, público o privado, ha de tener en cuenta que su impacto social en los próximos años ha de pasar por la recualificación o el reciclaje, conocidos como reskilling y upskilling en su terminología anglosajona. No es opinable: sin formación a lo largo de la vida, no habrá espacio en el mercado de trabajo. Es la vía para luchar por la inclusión social. Next Generation EU es una oportunidad inédita para acelerar, como si de un capital semilla se tratase, no sólo una mejor formación de los trabajadores españoles, sino una nueva industria de la educación a lo largo de la vida con sede en España.

No se conoce que el 30% de la demanda laboral en España no se satisface porque no hay trabajadores cualificados en el mercado. Es un contrasentido en un país como el nuestro, en el que cerca de uno de cada dos jóvenes está en paro. Sólo cabe una solución ante este panorama: la educación. No conviene lamentarse, sino recordar lo que el foro de Davos ha afirmado respecto a España y la necesidad de reciclar a miles de personas. El World Economic Forum ha tasado en un aumento del PIB español de 6,7 % de aquí al 2030 y una nada despreciable cifra de 230 000 nuevos trabajos si se mejorasen las competencias digitales. España dispone ya de una base instalada para que este capital semilla fructifique. Universidades públicas y privadas con prestigio y alumnado internacional. Exitosos profesionales formados en nuestro país dirigiendo empresas en todo el mundo. Un destino seguro y de calidad para estudiantes castellanohablantes de toda Latinoamérica que ven en nuestro país la puerta natural a Europa. Un tejido emprendedor local que ha despertado el interés de todo el mundo en la enseñanza superior, por no hablar de la disruptiva disciplina de edtech con jóvenes empresas españolas ya de referencia global. Sin olvidar el histórico prestigio de instituciones educativas privadas y un puñado de universidades públicas que compiten en los rankings internacionales. Un buen indicador de la salud de la industria local en este terreno es que los fondos de inversión han empezado a poner la vista en las empresas educativas españolas con operaciones sonadas

Una potente industria educativa española no solo permitiría generar riqueza, empleo de calidad y sentar las bases del futuro económico del país sino también una fortaleza política. Formar cientos de miles de personas de todo el mundo, atraer a los mejores talentos como docentes o que el capital más innovador invierta en nuestras instituciones educativas es un arma geopolítica de primer nivel. Las complicidades logradas con esas cohortes de egresados y profesores serán una externalidad positiva que naciones con hubs educativos como el Reino Unido o Estados Unidos han usado a lo largo de su historia reciente. Esto tendría importantes repercusiones para España. Primero, un cambio de percepción respecto al talento “educated in Spain” que sirva para generar nuestro propio hub educativo. En el medio plazo, y siempre con la necesaria colaboración público-privada, aparece la posibilidad de generar investigación e innovación propia de calidad reconocida.

Para finalizar esta reflexión que busca sembrar frente a la extracción, quiero recordar que los años 20 de este siglo nos han hecho despertar del sueño de Francis Fukuyama y su idílico fin de la lucha de las ideologías. La geopolítica seguirá siempre impactando en la economía, pero para España -si tomamos las decisiones adecuadas- es posible que la economía impacte en la geopolítica, y además para bien.

 

Iñaki Ortega es doctor en economía en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y en LLYC

Cuidado con la dosis de la medicina

(este artículo se publicó originalmente en el periódico 20 Minutos el día 25 de julio 

Que la economía no va bien, lo saben todos los españoles. Igual no son capaces de recitar con exactitud el indicador que mide la inflación o la tasa de crecimiento económico, pero que la cosa está negra es un secreto a voces. Otro asunto bien diferente es que sabiendo que hay una crisis a la vuelta de la esquina, hagamos como si no pasase nada. De otro modo es difícil de explicar que el turismo y la hostelería estén batiendo récords o que según las encuestas las medidas populistas del gobierno de Pedro Sánchez contra la banca y las energéticas hayan sido recibidas con alharacas. La psicología del comportamiento económico lo ha llamado “Efecto Titanic”. Confiamos en que todo siempre saldrá bien, pero en ocasiones como con el famoso crucero, eso no sucede. El barco se hundió y algunos pasajeros optaron en lugar de salvarse por hacer que no pasaba nada y seguir levantando su copa para brindar por la orquesta.

No quiero amargar el verano a nadie, pero la semana pasada el Banco Central Europeo (BCE) anunció la mayor subida de tipos de interés en 22 años, una señal muy clara de que algo muy gordo está sucediendo en nuestro continente. La subida de cincuenta puntos básicos del precio del dinero es una dosis muy alta de la medicina con la que se quiere curar la enfermedad de la inflación que nos ha atacado con mucha fuerza. Las autoridades monetarias suben los tipos para que no gastemos. Suben los tipos para que no pidamos préstamos. Suben los tipos para que las empresas no inviertan. Suben los tipos, en definitiva, para enfriar la economía y con eso lograr parar la escalada de precios que lleva todo el año en el entorno de los dos dígitos. Pero la decisión del BCE no sólo hará que las ganas de consumir se retraigan, sino que las hipotecas de los españolitos suban, que los créditos de muchas empresas no sean refinanciados y tengan que cerrar. Al mismo tiempo, nuestro Gobierno que lleva cuatro años montado en el Titanic, con una deuda desbocada que no le preocupaba porque los tipos de interés eran de risa, verá como las tornas han cambiado. Ahora ya no será tan barato financiar lo que debemos como Estado y tendremos que pagar cada vez más por enjugar nuestro déficit. Es decir que el gasto público no podrá dedicarse a hospitales, carreteras o educación sino a pagar intereses, a compensar a los que han financiado estos años en los que el Gobierno ha gastado por encima de nuestras posibilidades, haciendo caso omiso a las autoridades económicas que no lo venían advirtiendo.

Esto es lo que viene con la decisión de política monetaria tomada en Frankfurt el jueves pasado. Una posología alta de 0,5 del medicamento contra la inflación que ojalá no nos provoque diarrea sino nos sane. Por si acaso, habrá que hacer caso al prospecto y practicar una vida normal sin excesos.

Iñaki Ortega es doctor en economía en UNIR, La Universidad de Internet y LLYC

Si no entiendes nada

(este artículo se publicó originalmente en el periódico 20 Minutos el día de 13 junio de 2022)

Año tras año, la educación financiera en España aparece como una asignatura pendiente. Esta disciplina no supone ser un experto economista sino tener unos conocimientos básicos sobre conceptos como el ahorro, la inversión, el crédito, los gastos y el presupuesto familiar. Aquellos países con ciudadanos bien educados en estas lides soportan mejor las crisis. Veamos porqué.

La pandemia supuso que muchos de los afectados por el cierre de la actividad tuviesen que recurrir a la hucha del cerdito para sobrevivir. La guerra en Ucrania está haciendo que las inversiones de los ahorros de una vida se estén desplomando. La subida del precio del gas la notamos los que tenemos coche al pasar por la gasolinera y sin excepción la inflación de dos dígitos se sufre en la cesta de la compra A todos nos atañen los conceptos de la educación financiera.

Por ello conocer el significado de la última subida del IPC del 8,7% es importante no solo para los macroeconomistas sino para cualquier paisano que viva en un país con inflación. Las cosas cuestan más, los sueldos no suben los mismo, pagamos impuestos de más, el resultado es que somos más pobres debido a ese guarismo del IPC y encima sin darnos cuenta.

Entender una subida de 0,25% de los tipos de interés anunciada en Frankfurt por el BCE, es clave para los banqueros, pero sobre todo para los que tenemos una hipoteca. Europa sube el precio del dinero y por tanto los bancos cobrarán más por habernos prestado el dinero para nuestra casa. Con un presupuesto familiar muy ajustado en el que apenas ahorramos, un cambio en una de las partidas más importantes -la hipoteca- puede hacer que las pasemos canutas.

Estar al día de la prima de riesgo -también conocida como el diferencial respecto al bono alemán- es un dato esencial para los gestores públicos y por supuesto para los que reciben una beca por estudios, una pensión por jubilación o una baja por maternidad. Un país que gasta mucho más de lo que ingresa tiene déficit y esa diferencia -acumulada año tras año- ha de pedírsela a alguien que es la deuda. A cambio se les paga unos intereses por ello. Si eres fiable (como Alemania) pagas x, si eres menos fiable pagas algo más, por eso se llama prima. En la actual coyuntura cada vez pagaremos más intereses, por ello habrá menos dinero para los gastos públicos de los que nos beneficiamos.

Si no entiendes nada de lo que te estoy contando, piensa que formas parte de una mayoría de españoles, según los datos de la encuesta global Standard&Poor de educación financiera. Pero al mismo tiempo con muy poca dedicación podrías estar en el otro grupo de españoles (45%) que gestionará mejor las incertidumbres económicas. Hay margen para ello. Cada año pasamos más de 1500 horas delante del televisor y por lo menos 700 horas en las redes sociales. Nuestra vida depende de nuestros ingresos, ahorros y gastos, por eso no estaría mal dedicar alguna horilla a estar al día de la economía que tanto nos afecta.

Iñaki Ortega es doctor en economía en UNIR y LLYC

La desglobalización de Davos

(este artículo se publicó originalmente en el periódico económico La Información el 31 de mayo de 2022)

Conviene tomar nota de este término porque va camino de ser una de las palabras del año, por lo menos en lo que se refiere a la economía. La desglobalización aparece en todos los informes de coyuntura y no hay analista que no la incluya en su conversación. En los pasillos de Davos era un secreto a voces: vivimos el final de tres décadas de globalización.

El economista Klaus Schwab, fundador hace más de treinta años del Word Economic Forum (WEF) ha tenido que escuchar por boca del primer ejecutivo de Procter & Gamble que la globalización está "temporalmente en pausa". La biblia que acompaña al café de los desayunos de Davos, Financial Times, ha entrevistado a una selección de directivos para titular con la muerte de la globalización.  Hasta el presidente del Bundesbank ha situado la desglobalización en la triada de palabras con la letra “d” causantes de la inflación, junto a descarbonización y la demografía. Para colmo, el número de mayo de la revista The Economist ha atragantado el Martini a los asistentes al Foro Económico Mundial con su macabra portada sobre una hambruna por la ausencia de trigo en el mundo.

Por supuesto que la evolución del comercio mundial continúa lastrada por la invasión rusa y las restricciones de movilidad en el puerto de Shanghái. La economista Alicia Coronil lo confirma con los principales indicadores de la OMC sobre la evolución y perspectivas de los intercambios comerciales de mercancías a nivel global que reflejan una pérdida de dinamismo. Pero hay algo más que no dicen esos guarismos. Keynes lo llamó los espíritus animales. O la existencia de un factor psicológico en el ser humano que le lleva a tomar decisiones con alto componente emocional que a la postre provocan variaciones en la economía.

Y los humanos ahora estamos en modo pánico. El escenario de incertidumbre presenta demasiados nubarrones. La economista jefe de Singular Bank nos los recuerda, a saber; las tensiones inflacionistas en máximos en las últimas décadas; la guerra en Ucrania, más allá de sus graves consecuencias socioeconómicas, por las implicaciones en el suministro energético y de otras materias primas; la pandemia, ante la última ola del coronavirus en China y el retraso de la normalización de las cadenas de valor; los posibles shocks financieros fruto de las subidas de tipos de interés y la reducción de balances de los bancos centrales de las principales economías; la mencionada crisis alimentaria por las disrupciones en la cadena de suministro y una menor producción a nivel global; un aterrizaje más abrupto de lo esperado del crecimiento económico global, en parte agravado por la desaceleración de la economía china; sin olvidar otros riesgos como los geopolíticos, climáticos, sanitarios y de seguridad.

Todo esto ha calado en la mente de los directivos, pero también de los gobiernos. Nadie quiere volver a la casilla de marzo de 2020. De modo y manera que en medio mundo, desde hace meses, se está repatriando la producción, nacionalizando industrias estratégicas y prohibiendo exportaciones con la excusa de la salud nacional. El resto ya lo conocemos: más aranceles, fletes más caros y más trabas a la inversión extranjera en empresas estratégicas. En Francia están felices porque llevaban años predicando en el desierto con este asunto que es consustancial a su chauvinismo. Es una mala noticia para el profesor alemán afincado en Suiza que ha hecho de la bandera de la globalización el sentido de su exitoso Foro Económico Mundial. Pero antes de que alguno empiece a preparar el entierro del octogenario presidente del WEF, el Dr. Schwab ha resucitado su vieja predicción “no tendremos nada, pero seremos felices”. En el 2030 no nos importará la ausencia de bienes porque nadie tendrá nada en propiedad, todo será gratis o casi, ya que la eficiencia de la economía habrá conseguido ese mundo ideal.  En fin, mientras llega ese 2030, los que no hemos ido a Davos ni iremos nunca, lo mejor que podemos hacer es seguir rezando para no perder el trabajo y que la hipoteca no suba mucho el mes que viene. Con o sin desglobalización.

Iñaki Ortega es doctor en economía en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y en LLYC

El primo turco de Feijóo

(este artículo se publicó originalmente en el diario La Información el día de 28 abril de 2022)

Aunque no lo sepa, Feijóo tiene un primo turco.  O si no es primo, por lo menos tienen mucho en común a la luz del plan económico presentado por el gallego a Pedro Sánchez.

Alberto Núñez Feijóo nació en los años 60 en Orense, Daron Acemoğlu en esa misma década en Estambul. Uno se fue a estudiar derecho a Santiago de Compostela; el otro, economía a Londres. Al terminar, Alberto obtuvo una plaza de funcionario público en Galicia y Daron, una de profesor titular en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).  Núñez Feijóo rápidamente ascendió en la administración y Acemoğlu igualmente hasta llegar a ser catedrático en el MIT. Pero lo que les une, y lo desconocen, es que sus trayectorias han estado guiadas por la defensa de las instituciones y de la institucionalidad. Uno desde la praxis política y el otro desde la teoría académica,

Comencemos por recordar los dos conceptos. Instituciones son aquellos organizaciones que desempeñan una función de interés público. La institucionalidad es una escuela de pensamiento en la economía que defiende que las reglas del juego en una sociedad las marcan las instituciones y en función de ellas la economía prospera. Hace dos siglos John Stuart Mill dejó escrito que “las sociedades son económicamente exitosas cuando tienen buenas instituciones económicas y son estas instituciones las que causan la prosperidad”. Esas palancas de desarrollo, para este consenso académico, son la estructura de derechos de propiedad y la existencia de mercados competitivos.

Acemoğlu ha dedicado toda su vida universitaria a demostrar que la institucionalidad económica explica fuertemente las diferencias existentes en el crecimiento y el desarrollo entre países. En 2012 junto al profesor James A. Robinson publicaron el célebre libro “Por qué fracasan los países: Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza”. Los autores analizaron numerosos aspectos de la economía, la sociología o la política para encontrar los motivos que llevan a unos lugares a prosperar frente a otros. La tesis del libro es que son las instituciones de un territorio las que lo van a hacer prosperar. Es decir, la forma en que las sociedades se organizan. Si por ejemplo son respetuosas con la propiedad privada, garantizan una separación de poderes efectiva o posibilitan el correcto funcionamiento de una economía de libre mercado, habrá una buena calidad de vida. Para Acemoğlu la clave de la prosperidad de los paises no reside en qué lugar del planeta está situado. La clave es si disfruta de instituciones inclusivas, es decir leyes, empresas, gobiernos que promueven la igualdad de oportunidades con incentivos, inversión e innovación y un ecosistema en el que la mayoría de los ciudadanos puede desarrollar su talento. En cambio, fracasan cuando las instituciones son extractivas o lo que es lo mismo buscan que todo siga igual. Corrupción, burocracia, opacidad, mal sistema judicial, ineficiencia en la gestión del gobierno, inexistentes políticas de libre competencia o pésimos manejos presupuestarios definen esas no deseables instituciones.

No es fácil construir una buena institucionalidad económica pero el “Plan de medidas urgentes y extraordinarias en defensa de las familias y la economía de España” presentado por Núñez Feijoo, va en esa dirección. Es inclusivo porque huye de las siglas políticas para que otras sensibilidades políticas puedan incorporarse. Además, establece una batería de medidas como rebajas fiscales y ayudas directas para la igualdad de oportunidades al centrarse en la parte de la población con menores ingresos. Busca reducir el gasto burocrático y las partidas superfluas del presupuesto público. Reduce ministerios y apuesta por la evaluación ex ante del gasto público Promueve la transparencia y el reforzamiento de órganos independientes de control como la AIREF. En cuanto a los fondos Next Generation, siguiendo el caso francés e italiano, defiende que se usen para reducir la carga fiscal que impacte en los más necesitados. Al mismo tiempo busca que el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se convierta en una herramienta de cohesión para que no solo se beneficien las grandes corporaciones y las administraciones sino también las pymes y autónomos.

Que el plan sea institucionalista no es garantía de infalibilidad debido a la diabólica situación de cuasi estanflación a la que vamos abocados, con los precios desbocados y el crecimiento bajo mínimos. Tocar una tecla para aliviar a los sectores más perjudicados por la pandemia y la guerra, como el turismo o la industria, puede alimentar la escalada del IPC. No es fácil. Pero nadie puede negar que el presidente gallego y el economista turco en esto de las instituciones están muy alineados.

Acemoğlu, aunque a estas alturas del artículo ya sepamos que no es primo de Núñez Feijóo, alerta también de esas dinámicas de cambio que hacen que todo salte por los aires en algunos momentos críticos.  Así, afirma que el "batir de las alas de una mariposa" causada por una suave "deriva institucional" pueden dar lugar a grandes consecuencias -para bien o para mal- cuando el territorio se ve afectado por una "coyuntura crítica" (como por ejemplo la crisis que vivimos acelerada por la invasión de Ucrania). España no ha recuperado -según el FMI- los niveles previos a la pandemia y la oportunidad/amenaza reside en que una gran parte de la fuerza de trabajo y la economía se transforme. En la mano de las instituciones españolas, de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijoo también, está elegir esa "deriva institucional", el camino para tener un mejor país dentro de unos años. Los acuerdos y la cercanía a Europa lo pueden hacer posible.

Iñaki Ortega es doctor en economía en la Universidad de Internet UNIR y LLYC