(este artículo se publicó originalmente en el periódico La Información el día 29 de diciembre de 2022)
Antes de que crean que las fiestas navideñas han causado estragos en mi percepción de la realidad, déjenme que explique las razones por la que he puesto este título a mi artículo de opinión. Los impuestos bajarán en el año 2023, a pesar de la reiterada negativa gubernamental y lo creo por varias razones y no solamente por el hecho del paquete anticrisis aprobado este 27 de diciembre.
Vamos a por la primera razón. En la literatura económica, en concreto en la conocida como escuela de Public Choice, existen numerosas evidencias de que el gasto público se incrementa antes de cada elección, sobre todo cuando el gobierno no confía en ganar las elecciones. Se ha comprobado a lo largo de la historia de muchas democracias liberales que un incremento en las transferencias a las familias tiene un efecto positivo sobre la posición política del gobierno. Esto es explicado por autores de esta escuela -como el premio Nobel de economía James M. Buchanan- que contemplan el crecimiento en el ingreso disponible como uno de los determinantes en los resultados electorales, de modo y manera que la actuación fiscal del gobierno afecta directamente a su nivel de popularidad y por tanto al éxito electoral. En el año 2023 tendremos como mínimo dos convocatorias electorales en la mayoría del país y en algunos casos hasta tres: votaciones municipales, autonómicas y a cortes generales. El gobierno es consciente de que la crisis inflacionaria se ha colado en todas las familias y se redoblarán los programas de gasto público para compensar la pérdida de poder adquisitivo. Pero el tiempo se agota y los subsidios y subvenciones precisan de una burocracia que consume unos tiempos que no dispone el gobierno. Aprobar la medida, incluirla en los presupuestos, redactar el reglamento, sacar la convocatoria y adjudicar las ayudas supone en el mejor de los casos tres meses y las elecciones de mayo se echarían encima. En cambio, las rebajas impositivas -especialmente en algunos tributos- son inmediatas y los bolsillos de los votantes las perciben al instante.
La segunda razón es que el gobierno ya ha probado la receta de bajar impuestos y le ha gustado. En junio el presidente Sánchez rebajó el IVA de la luz del 10% al 5%, en septiembre le tocó el turno al gas que pasó del 21% al 5%. En otoño las rentas más bajas vieron cómo se les rebajaba el impuesto de la renta. Finalmente, la ley de fomento del ecosistema de empresas emergentes, conocida como la ley de startups ha entrado en vigor el 22 de diciembre e incluye importantes beneficios fiscales para miles de emprendedores e inversores ángeles. En todos esos casos, la opinión pública ha recibido con agrado la medida y además para la energía ha tenido efectos inmediatos en la bajada de la escalada de precios, como se ha visto en los últimos datos del IPC. Por eso tampoco extraña que ahora el gobierno haya dejado en cero el IVA de los alimentos de primera necesidad o reducido a la mitad el impuesto al aceite y a la pasta. Se trataría de abaratar la cesta de la compra con productos muy demandados para así paliar los efectos de la inflación en los hogares más desfavorecidos (y de paso rascar algún votante).
Europa es la tercera razón para bajar impuestos. No porque Úrsula von der Leyen se lo vaya a pedir a Sánchez, que a pesar de ser elegida por los populares europeos para la presidencia de la Comisión parece que es una socialdemócrata más, sino porque es una vía para ejecutar los fondos Next Generation que tanto nos está costando. Países europeos como Francia, Italia, Dinamarca, Austria, Suecia o Portugal están ya usando estas ayudas comunitarias para rebajar la fiscalidad que soportan tanto las empresas como las familias, así como crear incentivos fiscales. La semana pasada la CEOE envió un informe al gobierno que recoge sus aportaciones a la adenda al plan de recuperación y resiliencia, con una serie de medidas que incluyen reducción de cargas impositivas, el establecimiento de moratorias y aplazamiento de pagos a la Seguridad Social y Hacienda, así como la ampliación y puesta en marcha de nuevas líneas ICO que garantizarían la liquidez, financiación y la solvencia para cientos de miles de empresas españolas y así mitigar los efectos que la crisis inflacionista entre el tejido económico más débil, las micropymes y los autónomos, que suponen por lo menos más de dos millones de personas con derecho a voto. Tampoco puede obviarse que la presidencia semestral para España está a apenas unos meses y hay que gobernar como si se fuese un estadista europeo más y quitar los recelos que en muchos gobiernos continentales hay con el socio de Sánchez; bajando impuestos, demuestra quién manda en el consejo de ministros patrio.
Vamos a por la última razón que tiene que ver con la polarización y la concentración del voto. Son muchos los estudios que explican el aumento de la fractura ideológica en las democracias modernas. El último que he leído ha sido el promovido por LLYC y Más Democracia en el que se explican los territorios de la polarización más extrema, a saber: inmigración y feminismo. El asunto de los impuestos no aparece. ESADE ha estudiado también este asunto y ha concluido que la polarización no afecta al tema fiscal. Estamos mucho más polarizados respecto a cuestiones identitarias (ideológicas o territoriales) que respecto a políticas públicas concretas. En los datos que analizaron en la escuela de negocios catalana, la polarización ideológica y territorial era entre dos y tres veces mayor que la polarización en torno a los impuestos. Así que no tiene porqué preocuparse Pedro Sánchez. Tocando los impuestos a la baja no perderá el tren de la concentración del voto polarizado de la izquierda.
Sea lo que sea lo veremos en breve y nuestros bolsillos lo notarán. Esperemos que para bien.
Iñaki Ortega es doctor en economía en UNIR y LLYC
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