(este artículo se publicó en el diario La Información el día 1 de agosto de 2022)
Los nuevos impuestos a la banca y a las energéticas han irrumpido en la economía española coincidiendo con el periodo vacacional. Más allá de las implicaciones políticas de estas decisiones, el objetivo es recaudar 7.000 millones en dos años que ayuden a enjugar el agujero ocasionado en las cuentas públicas por la indexación de las pensiones. La excusa son los llamados “windfall profiits” o beneficios caídos del cielo, ocasionados por la subida de los precios de la energía y por el aumento de tipos de interés.
Esta terminología de ingresos extraordinarios es una traducción de una expresión inglesa que a alude a la caída de gran cantidad de fruta por una ráfaga de viento, o lo que es lo mismo una importante recolección sin esfuerzo alguno. El gobierno de España, por tanto, ha optado por una nueva fiscalidad para recaudar/recoger esos frutos generados esta convulsa temporada por la banca y la energéticas. Recientemente varios profesores hemos escrito una reflexión académica que precisamente recomendaba lo contrario. La siembra frente a la recolección. Capital semilla frente a impuestos confiscatorios.
En la terminología empresarial, el capital semilla o financiación semilla es una inversión externa realizada en los primeros estadios de la vida de una empresa que permite solventar el conocido como “valle de la muerte” en el que la mayoría de las nuevas compañías han de cerrar por no tener ingresos que compensen los numerosos gastos. Los inversores semilla confían en la potencialidad del negocio incipiente y así asumen pérdidas con la confianza de que, gracias a su ayuda, los emprendedores saldrán de los apuros iniciales para lograr grandes éxitos futuros. Quiero pensar, junto a mis colegas Paloma Baena y Luís Socias, que los fondos europeos pospandémicos son ese inversor ángel que aportará la palanca financiera que España necesita para modernizar su economía en ámbitos como la transición verde, la industrialización o la educación.
Ningún plan europeo ha despertado tanta atención como Next Generation EU. A estas alturas ya es sabido por toda la población que este proyecto nace para luchar contra la crisis económica causada por la pandemia; algunos menos conocen que busca al mismo tiempo acelerar la transición verde y digital. Apenas se menciona en la conversación pública la capacidad del Plan Español de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de ser una suerte de capital semilla -un alto volumen de recursos no nacionales concentrados en un plazo limitado de tiempo- que, unido a los esfuerzos privados, escale nuestro país. Casi tarea imposible, prestar atención también a las eventuales derivadas geopolíticas del PRTR y sus consecuencias para el posicionamiento de España en el mundo. Someramente me atrevo a resumir el carácter semilla y de paso el geopolítico del PRTR en tres ámbitos capitales para nuestro país: la energía, la industria y la educación.
Transición verde
Independientemente del monto final que España decida dedicar a este nuevo capítulo, la oportunidad es clara y crucial para los intereses a medio y largo plazo de nuestro país. Recientemente, la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA) señala el alto potencial de España como productora de hidrógeno verde, lo que se suma a nuestro posicionamiento en energía solar o eólica. El retorno a estas inversiones aceleradas puede ser diferencial para nuestra economía a largo plazo. Estamos ante la posibilidad de desempeñar, como país, un rol protagonista en un nuevo sector de actividad económica y empleo, que además de modificar nuestro modelo productivo, contribuirá a aumentar la autonomía energética, y fortalecer nuestro peso en el nuevo escenario geopolítico que la transición energética del siglo XXI va a dibujar. El equilibrio de poderes con nuestros socios europeos -en especial Francia y Alemania-; la relación con nuestros vecinos del norte de África; el papel ante las grandes potencias como China o Estados Unidos e incluso poder mirar a los ojos al régimen ruso, dependerá de las decisiones que tomemos estos meses para orientar Next Generation EU hacia cuestiones como los gaseoductos, las renovables o los acumuladores de energía. ¿Sabremos aprovecharlo? Next Generation EU aporta el capital semilla necesario para incentivar esta transición acelerada. Pero como señalamos al inicio, necesitamos acción concertada para hacer posible el cambio y movilizar los complejos acuerdos necesarios entre el sector público, el privado, y la sociedad civil. Por un lado, el sector público debe considerar todas las medidas a su alcance para facilitar trámites administrativos, facilitar información que permita anticipar al sector privado y acelerar la resolución de convocatorias. Por otro lado, el sector privado debe contribuir a la agilidad administrativa presentando proyectos viables con capacidad de ejecución completa en los plazos que marca Next Generation EU. Y también cada uno de nosotros debe hacer suyo este reto de transición, que implica cambios importantes en nuestros hábitos y preferencias de consumo. Acelerar la transición energética es la única alternativa que tenemos para actuar sobre la principal fuente de emisiones de CO2. Estamos ante una oportunidad decisiva de transformar nuestro modelo económico y la composición de nuestro producto interior bruto, generando nuevos sectores de actividad industrial y empleo y disminuyendo los riesgos de dependencia y de pobreza y exclusión energética, al tiempo que se procura la sostenibilidad de nuestra economía. Debemos aprovechar la oportunidad que nos ofrece el capital semilla de Next Generation EU para mirar a largo plazo con confianza y ambición. El objetivo: una hoja de ruta compartida que nos permita trabajar conjuntamente en la transformación energética que necesitamos acelerar.
Industrialización
El reto es garantizar un buen aprovechamiento de dichos fondos, de forma que las cadenas de valor industriales, tanto en el caso de grandes empresas como de pymes, puedan acceder a ellos, impulsando así la transformación de nuestra industria y, de una vez por todas, un mayor peso en el PIB nacional. Para ello, con el objetivo de lograr una mayor presencia de la industria en el PIB, es necesario poner en marcha algunas mejoras en la ejecución de los fondos europeos. Por ejemplo, como recientemente ha propuesto CEOE, sería interesante fortalecer el equilibrio entre, por un lado, grandes proyectos tractores y, por otro lado, subvenciones para PYMES y autónomos, con convocatorias menos atomizadas; impulsar el papel de nuestras empresas en los IPCEIS europeos; explorar la figura del proyecto tractor territorial; incorporar bajadas de impuestos e incentivos fiscales con cargo a los fondos europeos; o implicar al sector financiero para ganar agilidad y asegurar la capilaridad de las ayudas. Por otro lado, en un contexto en el que todos los países europeos avanzan hacia el impulso a su industria, cuenta con un alto interés identificar buenas prácticas que permitan orientar la apuesta de España en este ámbito. Un buen ejemplo de ello lo encontramos en la apuesta por la industria que recoge el Plan “France Relance”, puesto en marcha por el gobierno galo para la ejecución de los fondos europeos. En concreto, la reindustrialización del territorio, junto con el refuerzo a la competitividad de las empresas y la aceleración de la transición ecológica, constituye uno de sus tres ejes fundamentales. En esta etapa inicial de ejecución de los fondos en Francia, el comité independiente para la evaluación del Plan, integrado por agentes de primer nivel y presidido por el prestigioso economista Benoît Coeuré, hace una primera lectura positiva de su impacto en materia de reindustrialización. Así, es destacable que la canalización de las ayudas del Plan ya ha tenido efectos de impulso de la industria gala. Por un lado, ya han recibido ayudas para desarrollar actividades en torno a 10 500 empresas (un tercio de las empresas industriales galas), con una inversión superior a 14 000 millones de euros. Este impulso ha sido especialmente notable en PYMES. Y, por otro lado, han puesto en marcha una bajada de los impuestos a la producción, que se estima en 10 000 millones de euros en 2021, favoreciendo el crecimiento de las empresas industriales. En definitiva, nos encontramos ante una oportunidad histórica en donde la industria, de una vez por todas, debe tener el papel destacado que nuestro país necesita. Especialmente, ante un escenario global tan convulso como el actual y en un entorno europeo en el que muchos países han situado la soberanía industrial como una auténtica prioridad nacional, para evitar estar al albur de potencias extranjeras con intereses espurios. No podemos olvidar los peores momentos del confinamiento en el que la solidaridad de los socios europeos nos salvó de la ruina, pero al mismo tiempo la dependencia industrial de terceros países nos dejó inermes ante la amenaza vírica y sus consecuencias económicas.
Educación
La crisis pandémica, lejos de parar la transformación del mercado laboral, la ha precipitado. Cualquier agente económico, público o privado, ha de tener en cuenta que su impacto social en los próximos años ha de pasar por la recualificación o el reciclaje, conocidos como reskilling y upskilling en su terminología anglosajona. No es opinable: sin formación a lo largo de la vida, no habrá espacio en el mercado de trabajo. Es la vía para luchar por la inclusión social. Next Generation EU es una oportunidad inédita para acelerar, como si de un capital semilla se tratase, no sólo una mejor formación de los trabajadores españoles, sino una nueva industria de la educación a lo largo de la vida con sede en España.
No se conoce que el 30% de la demanda laboral en España no se satisface porque no hay trabajadores cualificados en el mercado. Es un contrasentido en un país como el nuestro, en el que cerca de uno de cada dos jóvenes está en paro. Sólo cabe una solución ante este panorama: la educación. No conviene lamentarse, sino recordar lo que el foro de Davos ha afirmado respecto a España y la necesidad de reciclar a miles de personas. El World Economic Forum ha tasado en un aumento del PIB español de 6,7 % de aquí al 2030 y una nada despreciable cifra de 230 000 nuevos trabajos si se mejorasen las competencias digitales. España dispone ya de una base instalada para que este capital semilla fructifique. Universidades públicas y privadas con prestigio y alumnado internacional. Exitosos profesionales formados en nuestro país dirigiendo empresas en todo el mundo. Un destino seguro y de calidad para estudiantes castellanohablantes de toda Latinoamérica que ven en nuestro país la puerta natural a Europa. Un tejido emprendedor local que ha despertado el interés de todo el mundo en la enseñanza superior, por no hablar de la disruptiva disciplina de edtech con jóvenes empresas españolas ya de referencia global. Sin olvidar el histórico prestigio de instituciones educativas privadas y un puñado de universidades públicas que compiten en los rankings internacionales. Un buen indicador de la salud de la industria local en este terreno es que los fondos de inversión han empezado a poner la vista en las empresas educativas españolas con operaciones sonadas
Una potente industria educativa española no solo permitiría generar riqueza, empleo de calidad y sentar las bases del futuro económico del país sino también una fortaleza política. Formar cientos de miles de personas de todo el mundo, atraer a los mejores talentos como docentes o que el capital más innovador invierta en nuestras instituciones educativas es un arma geopolítica de primer nivel. Las complicidades logradas con esas cohortes de egresados y profesores serán una externalidad positiva que naciones con hubs educativos como el Reino Unido o Estados Unidos han usado a lo largo de su historia reciente. Esto tendría importantes repercusiones para España. Primero, un cambio de percepción respecto al talento “educated in Spain” que sirva para generar nuestro propio hub educativo. En el medio plazo, y siempre con la necesaria colaboración público-privada, aparece la posibilidad de generar investigación e innovación propia de calidad reconocida.
Para finalizar esta reflexión que busca sembrar frente a la extracción, quiero recordar que los años 20 de este siglo nos han hecho despertar del sueño de Francis Fukuyama y su idílico fin de la lucha de las ideologías. La geopolítica seguirá siempre impactando en la economía, pero para España -si tomamos las decisiones adecuadas- es posible que la economía impacte en la geopolítica, y además para bien.
Iñaki Ortega es doctor en economía en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y en LLYC
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