2022 y los prosumidores

(este artículo se publicó originalmente en el diario económico La Información el día 28 de diciembre de 2021)

El año que empieza, si la covid19 no lo impide, puede ser el inicio de la era de los prosumidores. Aunque se le atribuye a Jeremy Rifkin, este término fue acuñado en 1980 por el futurólogo Alvin Toffler en su libro “La tercera ola”. La tesis de Toffer es que la civilización está en una tercera ola que deja atrás la primera o agrícola en la que se vivió hasta la revolución industrial que es la segunda. Esta ola permitirá pasar del autoabastecimiento preindustrial y el consumo masivo de las últimas décadas a uno nuevo posindustrial en el que se podrá producir y consumir al mismo tiempo.

Hace apenas dos años Rifkin explicaba este fenómeno en una conferencia en la Fundación Rafael del Pino de Madrid. Para este profesor de Wharton College, la economía colaborativa, es el primer sistema económico que se consolida desde el surgimiento del capitalismo y el socialismo, de hecho, ya coexiste con la economía de mercado. Este nuevo paradigma está llamado a transformar radicalmente la vida económica porque -según este sociólogo de Denver- permite el coste marginal cero, es decir que no habrá costes añadidos si se aumenta la producción de un bien o servicio. Es el sueño que siempre han perseguido las empresas y no es ciencia ficción porque es lo que está empezando a suceder. Y es en este escenario de economía colaborativa, en el que la figura del consumidor desaparece y aparece una inédita: el prosumidor. Son aquellas personas que han empezado a producir o compartir a través de internet. Desde su propia música, a sus videos en YouTube, sus conocimientos en Wikipedia o sus propias noticias en redes sociales. Todo esto comenzó hace más de un lustro, pero ya ha tenido su impacto en sectores económicos como el turismo, el transporte en las ciudades, pero también en la industria del entretenimiento con periódicos, discográficas y hasta productoras de cine quebradas.

Hasta aquí nada nuevo, pensará el lector, pero lo disruptivo viene ahora con la economía de la energía. La tecnología ya permite a millones de prosumidores producir y compartir su propia energía renovable, con un coste marginal casi nulo. Rifkin defiende que no es algo residual y que son decenas de millones los americanos que ya participan de forma activa en esta tendencia, bien compartiendo automóvil o vivienda y ahora produciendo energía.

Si las búsquedas en internet anticipan tendencias de futuro, Google España ha confirmado en un informe de la Fundación MAPFRE que casi la mitad de los mayores de 55 años en España están muy cerca de ser prosumidores porque forman parte del movimiento conocido como Do It Yourself. Son los que quieren hacer las cosas por ellos mismos, generalmente aficionados al bricolaje que tienden a construir, modificar o reparar cosas que poseen sin contar con la ayuda de un profesional. Sus actividades abarcan desde mejoras para el hogar hasta proyectos de jardinería y mantenimiento de vehículos. Están en internet viendo tutoriales o buscando herramientas para el hogar o su coche. Y crecen a ritmo de dos dígitos.

Esta nueva forma de autoconsumo al mismo tiempo que la economía circular del reciclaje, se ha acelerado con el confinamiento de la pandemia formando un cóctel que diferentes analistas han llamado neoecología. Un nuevo activismo orientado hacia una forma de consumir diferente protagonizado por el uso inteligente y sostenible de los recursos. Esta neoecología es mucho más que la mera protección de la naturaleza o la oposición contra el consumismo desaforado. Cada vez más consumidores eligen empresas que no sólo ofrecen un mero producto, sino el compromiso de hacer una contribución a la vida de sus clientes, empleados y de la sociedad en su conjunto. En el mundo anglosajón las multinacionales con propósito se han unido a este movimiento bautizado como Tech4Good y que por estos lares me he atrevido a resumir como “La Buena tecnología” título de mi último libro escrito junto al presidente del Sur de Europa de Hewlett Packard Enterprise, José María de la Torre.

La organización ecologista, WWF, habla incluso de un futuro energético descentralizado gracias a lo anterior. La generación de energía a partir del viento y el sol, pero también de otras fuentes de energía renovable, estará descentralizada. En lugar de unas pocas grandes centrales eléctricas, en el sistema energético del futuro, millones de pequeñas centrales generarán energía. Y, aquí viene lo mejor, muchas de las partes involucradas -incluso en países pobres- en este proceso serán al mismo tiempo productores como consumidores de energía, es decir prosumidores.  La empresa francesa Schneider en boca de su directivo Jordi García, defiende que la descentralización no se limitará a las fuentes de energía sino al propio control de esa red. En este sentido, los consumidores se están empezando a empoderar, convirtiéndose en prosumidores activos, capaces de generar, almacenar y redistribuir energía cuando sea necesario, es decir, capaces de gestionar activamente sus propios recursos energéticos, no solo consumir la energía que les llega de la red. Evolucionaremos de consumidores energéticos unilaterales a prosumidores energéticos multidireccionales.

Pero esto no ha hecho más que empezar. Según otro estudio de PwC y Siemens hasta los edificios de la España 5.0 serían prosumidores de energía, mucho más activos y con potestad para generar electricidad, usarla, venderla, almacenarla o distribuirla a las redes inteligentes, formando así un ecosistema integrado. En la multinacional española, Soltec, han dado un paso más con un nuevo concepto, la ecovoltaica. La generación de energía fotovoltaica y la agricultura pueden coexistir en el mismo terreno. Basándose en estudios de la Universidad de Oregón la convivencia de las dos actividades aporta beneficios recíprocos a los prosumidores. Por ejemplo, la sombra de los paneles solares ayuda a producir hasta un 12% más de cultivo que en los campos tradicionales, otra consecuencia es la reducción de la evaporación del suelo, que así mantiene el ambiente más húmedo y, por lo tanto, genera un menor consumo de agua para el riego. Finalmente, el gobierno de España se ha sumado a esa tendencia de la mano de una nueva regulación, la Orden TED/1247/2021 de 15 de noviembre regula los coeficientes de reparto variables en autoconsumo colectivo, y va a facilitar que muchos pequeños industriales y hasta agricultores pasen a ser prosumidores, en un contexto en que cualquier ahorro de la factura eléctrica será bien recibido.

Buenas noticias para cientos de miles de españoles que podrán beneficiarse y a la vez ayudar al planeta siendo prosumidores. Ahora solo necesitamos, crucemos los dedos, que la cadena de suministro global se normalice incluidos los chips y el acero chino para que florezca esta nueva industria de los prosumidores energéticos. Pero eso es otro cantar. Feliz 2022.

 

Iñaki Ortega es doctor en economía y profesor de dirección de empresas en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

La ética de la letra pequeña

 Este artículo se publicó originalmente en el diario La Información el día 29 de julio de 2021)

Los prospectos de los medicamentos son una lectura entretenida comparados con las cláusulas de cualquier contrato promovido por una multinacional. No tengo dudas de que el lector ha podido comprobar qué difícil es leer completo el papel que acompaña a las medicinas en el que se indica composición, posología y efectos secundarios. La letra tan pequeña y los términos complejos no lo hacen precisamente sencillo, por no hablar del mal cuerpo que se le pone a cualquiera con tantos eventuales riesgos. Nada comparable al clausulado mercantil para ser proveedor de una gran empresa. Confidencialidad de los datos, propiedad industrial, normativa de seguridad, tribunales competentes, derecho aplicable, prevención de la corrupción, cumplimiento de los derechos humanos y responsabilidad ambiental. A pesar de lo tedioso de su lectura es una gran noticia que podemos situar su origen en el acrónimo corporativo de moda, la ESG. Sin duda el mundo puede ser mejor gracias a esos interminables párrafos de letra pequeña.

Las siglas en inglés ESG pueden traducirse como sostenibilidad de las empresas en materia medioambiental, social y de gobierno. Las corporaciones han de ser transparentes en sus emisiones de carbono, pero también en cómo tratan a sus empleados, clientes y proveedores, sin olvidar si respetan a sus accionistas y no aplican liderazgos tóxicos. Hoy estos ejemplos de buenas prácticas de ESG se han convertido en una obligación para grandes empresas. Algunas porque al ser cotizadas, los códigos de buen gobierno de los supervisores se lo exigen,; otras puesto que las leyes de sus países de origen ya lo recogen; una gran mayoría porque sus accionistas lo han incorporado como demanda en los últimos años y finalmente porque cada vez más compañías han abrazado un propósito que da sentido a su desempeño, solamente si cumplen esos estándares éticos.

Esa letra pequeña garantiza por tanto que las grandes empresas no aprovechen los contratos con proveedores para incumplir las prerrogativas éticas de la ESG. No puede, quien contrate con esas grandes empresas, discriminar por edad, sexo, raza o ideología, tampoco pueden contaminar, aunque esté en un país con laxas legislaciones medio ambientales y ni mucho menos incumplir los derechos humanos al implementar su oferta de bienes o servicios. ¡Bendita letra pequeña!

Pero, y también lo sabe el que ha contratado con una pequeña empresa, que eso no pasa en todas las compañías. Y conforme el tamaño empresarial se reduce, salvo honrosas excepciones, los términos como la ESG o el propósito son lujos que ni pueden permitirse. De estas palabras no puede desprenderse que las pymes obvian la ética, sino que simplemente la han aplicado sin necesidad de letra pequeña. En la gran mayoría de los casos los pequeños empresarios, especialmente en estas latitudes, han demostrado un alto compromiso con su entorno, lo que incluye las comunidades en las que actúan. La pandemia nos ha puesto en el espejo de cómo esas microempresas patrias han dado lecciones de moralidad en la peor situación inimaginable.

Esta irrupción de nuevos estándares éticos en la economía capitalista ha empezado por arriba, por las grandes corporaciones, quizás porque las unidades empresariales más pequeñas no tenían la sombra de la sospecha por la cercanía de los empleadores a clientes, proveedores y trabajadores. Pero la economía de mercado tiene otros agentes que actúan a pesar de no tener naturaleza mercantil. Las administraciones públicas se han convertido en un jugador clave de cualquier mercado del planeta. Más allá de su responsabilidad a la hora de marcar las reglas de juego de la actividad económica, el sector público contrata, emplea y tiene clientes y usuarios. En España, miles de millones de facturación, millones de empleados y otros tantos de ciudadanos que contratan servicios bien sea a administraciones o a empresas públicas.

Por ello este movimiento ético ha de arribar también en los gobiernos y su sector público empresarial. Algunos defenderán que los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas están en sus planes de gobierno y que sus altos cargos llevan todos el pin de colores de los ODS. Otros dirán que la normativa vigente ya prevé estos supuestos, pero la realidad es que en muchos concursos públicos pesa más el precio que los derechos humanos. El reciente escándalo del rescate de una línea aérea vinculada a un régimen antidemocrático no puede considerarse una anécdota sino un fallo del sistema que obvia la ética. Porque se sigue contratando desde el sector público empresarial a empresas basadas en países que no respetan los derechos humanos y prohíben la libertad de expresión, no existen garantías procesales o persiguen al diferente. Competencia desleal, alguien lo ha llamado. Nosotros desde esta parte del mundo firmando interminables cláusulas, mientras los que ganan los concursos violan sistemáticamente derechos como el de libertad sexual, reunión o explotación infantil. El precio parece que vale más en muchos pliegos públicos de licitación que la propia moralidad.

Por eso y aunque suponga más BOE, esta nueva ética de la letra pequeña no entiende de público o privado.

Iñaki Ortega es doctor en economía y profesor de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

No robarás

(este artículo se publicó originalmente en el periódico 20 Minutos el día 10 de febrero de 2020 

Es el número siete de una lista de diez que millones de cristianos, musulmanes y judíos intentan cumplir en su día a día. Los diez mandamientos resumen las bases morales de estas tres religiones que a su vez han conformado la ética de todos los que vivimos en esta parte del mundo. «No robarás» ocupa el séptimo lugar del decálogo y nos recuerda que no se deben usurpar los bienes ajenos. Pero también ha permitido consagrar el respeto a la propiedad privada en la que se basa la economía de mercado. 

Según la Biblia el profeta Moisés, hacia el siglo XIV aC, subió al monte Sinaí y el mismo Dios le entregó unas tablas con esos diez mandatos que ayudarían a los hombres a convivir en paz y a armonía. Varios miles de años después, por desgracia, conviene seguir recordando lo que está bien y lo que no. La semana pasada, otra Biblia, esta vez económica, como es el periódico Financial Times, informaba que un directivo del banco americano Citi había sido despedido por robar comida en la cantina de la oficina. En el mismo artículo se contaba que el máximo ejecutivo de una entidad financiera japonesa había corrido la misma suerte por sustraer una pieza de la bicicleta de un colega aparcada en la propia oficina. Para terminar con los despropósitos, se contaba que un cargo muy bien remunerado del fondo de inversión BlackRock había sido expulsado de la compañía tras comprobarse que se colaba todos los días en el Metro de Londres. En nuestro país nos hemos enterado también estos días como según la Fiscalía un grandísimo banco español «robó» fondos de la entidad para espiar y chantajear a sus rivales de la mano de un conocido comisario. Y acaso no están robando también esas empresas tan modernas y tecnológicas, en las cuales todo el mundo quiere trabajar, cuando usan nuestros datos sin permiso.

Que tire la primera piedra el que esté libre de pecado, decía el Nuevo Testamento. Por eso en esta fea lista está la política española que durante los últimos 40 años ha demostrado como el séptimo mandamiento puede ser pisoteado sistemáticamente, sin que ningún partido político ni ideología se libre. Pero también miles de españolitos a la luz de los informes que por ejemplo tasan en 500 millones el valor de los hurtos de los empleados en los supermercados o en 40.000 millones el fraude fiscal de la economía sumergida.

Pero a la vez, y aquí la buena noticia para terminar, está surgiendo con fuerza un movimiento desde las empresas que quieren perfeccionar el capitalismo para hacerlo más inclusivo y así siga generando oportunidades para todos. Porque cumplir el séptimo mandamiento también supone pagar mejor a los empleados, no discriminar a nadie por su edad o comprometerse con los problemas más cercanos. La otra opción para obligarnos a hacer las cosas bien no parece muy recomendable y la aplican en Singapur hace muchos años, cortar la mano al que roba. 

Iñaki Ortega Cachón es director de Deusto Business School y profesor de la UNIR