El político emprendedor

(este artículo fue publicado originalmente en el periódico ABC  el día 6 de septiembre de 2015)

Son muchos los tópicos que han triunfado criticando nuestro sistema económico.  Uno de los errores más comunes a la hora de referirse al capitalismo es identificar esa forma de organizar‎ la economía con un sistema dominado por grandes empresas y poderes fácticos. En cambio, si analizamos los territorios más dinámicos del mundo con eficientes economías de mercado, como Dinamarca o Canadá, veremos que  disfrutan de lo que se ha venido a llamar  capitalismo emprendedor.

Alfred Marshall. allá por el 1890. situó a los emprendedores como el cuarto factor de producción por encima del capital, la tierra y el trabajo. Para este economista la actividad del empresario era clave como proveedor de bienes para la sociedad pero también como fuente de innovación y progreso. El austroamericano Schumpeter. dos décadas después. consideró a los emprendedores vehículos de innovación puesto que generan nuevos productos, nuevos métodos de producción, nuevos mercados y nuevas formas de organización. Gracias a estos dos autores hoy sabemos que no existe capitalismo sin los emprendedores ya que son el vehículo en que las ideas se implementan y por ello, los agentes más importantes en la creación de nuevos empleos,  lo que les ha convertido en el motor del desarrollo económico-social y del progreso en la nueva economía.

De hecho, en la literatura de la política económica, se considera la primera ley de apoyo a los emprendedores, la Sherman Antitrust Act de 1890 en los Estados Unidos de América, precisamente, porque pretendía luchar contra la existencia de unas pocas grandes corporaciones que impedían con su capacidad de decisión que surgiesen y creciesen nuevas y pequeñas empresas. 

En nuestro país, el encomiable trabajo, desde su creación en 2013, de la  Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con el profesor Marín Quemada al frente, nos recuerda con su expedientes sancionadores contra los acuerdos colusorios de las grandes empresas, caiga quien caiga, que nuestra economía aun necesitaba reformas y  actuaciones públicas que defiendan a los propios empresarios.

‎La doctrina económica explica que la situación ideal para una economía es la de competencia perfecta, puesto que maximiza el bienestar de todos los agentes implicados. Sin embargo, y está podría ser la segunda más repetida mistificación respecto al capitalismo, son los impersonales y descarnados mercados los que deciden todo en nuestra economía. Nada más lejos de la realidad, lo más democrático es el funcionamiento de la economía de mercado, donde mediante el acuerdo entre  muchísimos oferentes y demandantes, se decide la asignación de los recursos. Y esa grandeza se alcanza siempre que se respeten las cuatro condiciones de la competencia perfecta, a saber, la no existencia de barreras de entrada ni de salida, la permanencia de un número elevado de productores que ofertan y consumidores que demandan y por último que todos esos dispongan de la misma información.  

Pero no solamente lo económico está abonado para los clichés. El sistema político de España, modelo estudiado en medio mundo con la Transición como paradigma, está padeciendo en los últimos tiempos los efectos de la demagogia. Nuestra democracia ha pasado a ser, al parecer, un cúmulo de imperfecciones. No obstante,  las condiciones para alcanzar el bienestar en una economía, que acabamos de ver, nos pueden servir de guía para chequear el estado de la política patria. 

Libertad de entrada y salida. La fácil irrupción de nuevos partidos políticos en nuestro país ‎con Podemos y Ciudadanos como máximos exponentes demuestra la buena salud de un sistema que no impide nuevos actores sino, al contrario, lo favorece. A su vez la salida de aquellos que no responden a las expectativas de los electores, como el previsible caso de UPyD, también da cuenta de un sistema que fomenta la excelencia porque nadie está libre de quedarse fuera si baja la guardia.

Muchos oferentes y demandantes. El estudio de los resultados de las últimas elecciones de ámbito estatal, las europeas de 2014, donde obtuvieron representación diez partidos políticos, destierra el runrún de un supuestos bipartidismo. A su vez solo en 2014 y 2015 la convocatoria de cuatro citas electorales: europeas, andaluzas, catalanas y generales, ‎constata un sistema que no se limita a encuestar a la población cada cuatro años. 

Igualdad de información. Acceso a los medios de comunicación y en segundo lugar capacitación para interpretar las demandas de los votantes  y actuar en consecuencia, podrían ser variables que nos ayuden con este último índice de la salud de nuestra democracia. Sin necesidad de grandes análisis puede afirmarse que  cualquier residente en nuestro país ha disfrutado de pluralidad en las apariciones de los agentes políticos en los mass media en los últimos tiempos, lo cual precisamente está ayudando a los buenos resultados que se esperan de los partidos emergentes.

Por último hay que destacar que somos un país donde el sector público tiene un peso muy importante. Nuestra Constitución, definiendo España como estado social y de derecho, marcó el camino de unas políticas públicas que fomenten la igualdad de oportunidades y luchen contra la exclusión. Hoy el gasto público supone en el entorno de la mitad de toda la riqueza generada en España en un año y pone de manifiesto que gestionar esa ingente cantidad de recursos exige, además de voluntarismo, capacitación. Implementar el destino de  500.000 millones de euros hace preciso cuadros con conocimiento de las herramientas para su gestión. Dominio de las políticas públicas, manejo de los ratios de evaluación, aprendizaje de las mejores prácticas mundiales, seguimiento de las últimas tendencias,…La experiencia en el mundo privado sin duda es un ventaja para ello y también la capacidad de estudio de los profesionales que proceden de la universidad, pero no es suficiente para enfrentarse a  esa ingente cantidad de recursos y sobre todo a las altas expectativas de la ciudadanía. El sector público tiene sus propias reglas y lo que puede hacerse sin problemas en una empresa es inviable así como lo que aguanta un informe académico, en la administración no supera el primer control.

Esto no quiere decir que los asuntos públicos hayan de dejarse en manos de altos funcionarios públicos sino que tenemos que ser capaces de hibridar lo mejor de esos mundos: el activismo político, la innovación empresarial y el rigor de la función pública. Hace unos años el economista americano Holcombe introdujo el concepto económico de emprendimiento en la política y definió  el político emprendedor como aquel que está siempre alerta para captar oportunidades que le permitan conseguir la eficiencia en las actuaciones públicas y la consecución de la redistribución de la riqueza.

La propia Real Academia de la Lengua al definir la palabra competencia con dos acepciones claramente diferenciadas nos ha dado la pauta a seguir en los próximos tiempos. Tenemos que competir, rivalizar por ganar, por ser mejores y por poder poner en marcha nuestras ideas pero tenemos que hacerlo con las competencias, aptitudes y pericias adecuadas.

Iñaki Ortega es profesor de Deusto Business School y Marta Muñiz es profesora de ICADE Business School. Estas dos universidades imparten conjuntamente el PLPE, programa de liderazgo público en emprendimiento e innovación, en el que se han  matriculado políticos de los cuatro grandes partidos españoles.

Ideas

(Artículo publicado el 18 de noviembre en el periódico ABC)

Las ideas de quienes crean, montan negocios, generan valor añadido no entienden ni de nacionalidad ni de ideología. Lo que hace que unas tengan más éxito que otras son las facilidades que determinados territorios dan a las personas con talento para que pongan en marcha sus iniciativas.

La ciencia económica viene prestando en las últimas décadas mucha atención a las interrelaciones entre la iniciativa empresarial y las instituciones sociales y políticas para explicar el crecimiento económico. Para una mayoría de entendidos, el progreso a largo plazo sólo puede lograrse cuando en un territorio se dan las condiciones de libertad y estímulo para que sus empresas e individuos desarrollen actividades económicas.

Bajo este prisma, lo público -en su doble faceta de garante de los derechos fundamentales y ordenador de la economía- importa, y mucho. Mientras que en Estados Unidos los gobiernos han tenido siempre una gran sensibilidad por la labor que desarrollan los pequeños empresarios, en España sólo en los últimos tiempos se ha empezado hacer una política realmente consecuente con ellos.

Con la llegada de la democracia, el País Vasco ha tratado de ir por delante en el impulso del clima empresarial, articulando actuaciones que van desde la creación de la SPRI y de las primeras incubadoras por las diputaciones forales hasta la pionera ley vasca de la actividad emprendedora. Y todo eso a pesar del enorme lastre de la violencia de ETA, del ambiente de coacción que vivía una parte de la sociedad vasca y que, en el caso de los empresarios, con frecuencia, se convertía en extorsión, cuando no en asesinato.

Dos conocidos economistas, Acemoglu y Robinson, han puesto de relieve en el libro Why nations fail que a largo plazo sólo pueden prosperar los territorios inclusivos en los que el marco institucional es realmente participativo y no constriñe la iniciativa individual. Los países que fallan son aquéllos con instituciones que no fomentan la libertad, la igualdad de oportunidad o desincentivan la actividad empresarial con subidas de impuestos.

Ciertamente, en este terreno, hemos mejorado mucho y en relativamente poco tiempo, tanto en España como en el País Vasco; somos una sociedad democrática, plural, tolerante y cada vez más emprendedora. Pero no podemos bajar la guardia ante la magnitud del reto que tenemos por delante, que es acelerar la salida del país de la que ha sido la peor crisis económica de nuestra historia democrática.

Cuanto más grandes son las dificultades más necesitamos sumar esfuerzos. Así pues, tomemos nota de las fórmulas que están siguiendo las naciones más inclusivas para volver a crecer. Fomentar la innovación, el emprendimiento, la internacionalización y, en definitiva, todo aquello que puede ayudar a llevar lejos el potencial que reside entre nosotros es el camino a seguir. No hacerlo es no tener “ni idea” de lo que han practicado los países más dinámicos en todo el mundo.

Hoy se hace imprescindible alinear los esfuerzos de las instituciones vascas con el prestigio y fortaleza de herramientas estatales como por ejemplo el ICEX para que las pymes vascas afronten con garantías su expansión internacional. Todos los esfuerzos serán pocos.

De nada servirá que el País Vasco sea un país lleno de ideas si éstas no encuentran salida porque, como opinaba Santiago Ramón y Cajal -en un tiempo, por cierto, no menos complicado que el actual- o se hace algo con ellas pronto o pierden su valor.

Iñaki Ortega. Doctor en economía

Arantza Quiroga. Presidenta PP vasco

La segunda transición

(Artículo publicado el 28 de marzo en Cinco Días y firmado conjuntamente por el Profesor de la Universidad Internacional de la Rioja Iñaki Ortega y el Profesor de la Universidad Complutense de Madrid Francesco Sandulli)

La actividad emprendedora determinará cómo y cuando España saldrá de la crisis. En una reciente investigación económica los profesores Koellinger y Thurik de la Erasmus University de Rotterdam han demostrado que, contrariamente a lo que se pensaba, el ciclo económico no es un factor exógeno a la actividad emprendedora y que el emprendimiento en épocas de crisis económica es el factor determinante de cómo y cuando una economía volverá a un ciclo expansivo.

Este hecho debe hacer reflexionar a los responsables de las políticas económicas sobre la necesidad de impulsar en el actual contexto de crisis una decidida transición de una economía del management a una economía emprendedora. Esta transición permitirá que el tejido empresarial en España tenga incentivos a la ampliación de la frontera de posibilidades de producción, en lugar de seguir operando dentro de ella. Asimismo, los datos del Global Entrepreneurship Monitor para 2012 y del Directorio Central de Empresas del INE para 2012 indican que la actividad emprendedora y la microempresa están capeando la crisis mejor que la mediana y gran empresa. Ahora es el momento de aprovechar esta inercia con una política decidida de fomento de la economía emprendedora.

A la hora de diseñar los objetivos de la política que promueva esta nueva cultura se debe tener en cuenta que la economía emprendedora se fundamenta en tres pilares: conocimiento, riesgo y financiación.

En relación al conocimiento, España no es una excepción a la denominada European Paradox, por la cual el proceso de transformación de conocimiento en emprendimiento es muy ineficiente en Europa. Aplicando las lecciones aprendidas en otros países, el responsable de política emprendedora debería en primer lugar preocuparse por conseguir fondos para aumentar el stock medio de capital intelectual disponible en España, atrayendo a individuos altamente cualificados del exterior y fomentando la retención de talento nacional. Además es urgente que el emprendimiento sea una prioridad máxima en las políticas de las universidades españolas para que éstas se integren como un elemento más del sistema productivo y adopten una actitud mucho más activa en la comercialización de su tecnología y conocimiento, tal y como ya sucede por ejemplo en la Universidad de Mondragón. Para fomentar la comercialización del desaprovechado conocimiento universitario, es necesario promover en primer lugar su oferta, reconsiderando por ejemplo los actuales incentivos académicos a la creación de empresas de base tecnológica, e impulsar su demanda, reduciendo por ejemplo la elevada complejidad administrativa y tributaria asociada a los incentivos a la I+D externa en ámbito privado o a los mecanismos de fomento de la transferencia tecnológica como el patent box. Las políticas emprendedoras deberían potenciar el aumento del capital relacional de los emprendedores a través de programas de inmersión en redes de emprendedores como los planteados por Startup Loans en el Reino Unido.

El segundo pilar de la economía emprendedora es el riesgo. Aunque el riesgo es intrínseco a la actividad emprendedora, excesivos niveles de incertidumbre constituyen una barrera infranqueable para el emprendedor. El riesgo del emprendedor depende de la eficiencia de los mercados y la facilidad para que en España se produzcan fenómenos de creación destructiva . Una forma que tienen las administraciones de reducir el riesgo del emprendedor, especialmente la de corte más innovador por ser la que sufre las cotas más altas de incertidumbre, es facilitar el acceso a la contratación pública a la iniciativa emprendedora. Para muchas empresas en Silicon Valley el sector público fue su primer cliente facilitando la supervivencia inicial de la empresa. En España, la Ley de Economía sostenible no ha conseguido resolver los problemas que plantea la Ley de Contratos del Sector Público a los interventores de las distintas administraciones a la hora de aprobar contratos de productos innovadores o empresas nuevas. Estos problemas explican en gran medida por qué en España no existe una fuerte demanda temprana pública de productos innovadores. Este papel de fomento de la demanda temprana también puede ser jugado por la gran empresa, pero sería necesario sustituir los actuales incentivos a la I+D interna por el fomento de la I+D externa y la compra tecnológica.

El riesgo del emprendedor aumenta con regulaciones adversas. Por ejemplo, diversos estudios económicos demuestran que la rigidez del mercado laboral, las excesivas diferencias entre las prestaciones de protección por desempleo entre autónomos y asalariados, la inseguridad jurídica en la regulación de varios sectores de actividad, la elevada morosidad pública y privada o la actual falta de competencia en algunos sectores estratégicos incrementan el riesgo de emprender en España. Por tanto, incentivar el emprendimiento significa intentar resolver estos fallos regulatorios sistémicos que protegen el actual status quo en los mercados y que en muchos casos son intrínsecos a la forma de pensar y a la cultura del management que impera en España.

El tercer pilar de la economía emprendedora es la financiación. Emprendedores y financiadores comparten el mismo riesgo. Es muy elevado el número de investigaciones económicas que demuestran que la política más eficaz para atraer financiación al emprendimiento consiste simplemente en resolver aquellos fallos regulatorios sistémicos que aumentan el riesgo emprendedor. En Europa, Suecia es uno de los mejores ejemplos de cómo modificaciones en la regulación del sistema financiero, del mercado laboral, del sistema tributario o de los mecanismos de transferencia de conocimiento pueden hacer florecer un activo mercado de capitales orientado a la inversión en start-ups. Los ámbitos de potencial mejora son muchos, desde los incentivos fiscales para las ganancias de capital, los incentivos fiscales a la inversión de los fondos de pensiones en capital riesgo, la eficiencia del Mercado Alternativo Bursátil que actualmente tiene unos costes de salida excesivos o la potenciación de cauces más ágiles de acceso a microcrédito para fases semilla de start-ups que siguiendo el ejemplo de la iniciativa americana MicroLoan Program mejoren las actuales ineficaces fuentes de acceso a microcrédito basadas en la intermediación de entidades financieras.

La ejecución es tan importante como la estrategia. Hasta el momento, los esfuerzos públicos de fomento a los emprendedores se caracterizan por su fragmentación y descoordinación. Esta situación se debe a que el emprendimiento es un elemento puramente retórico en el discurso político que se sustenta en políticas coyunturales y en servicios públicos puntuales carentes, en la mayoría de las ocasiones, de un impacto relevante en la economía española. Es necesario definir una estrategia global que desarrolle políticas y programas de fomento del emprendimiento integrales de largo plazo. La estrategia política de fomento del emprendimiento no será eficaz sin un adecuado mecanismo de control. En este sentido, la medición de retorno a las políticas públicas como por ejemplo el ROI (Return on Investment) aplicado con éxito en el caso de Madrid Emprende se antoja esencial en la transición a la economía del emprendimiento. La medición del ROI permitirá discernir qué políticas y qué receptores de dichas políticas son los que generan un mayor retorno, ya que como señala Scott Shane, uno de los mayores expertos mundiales en emprendimiento, las políticas horizontales de fomento del emprendimiento, actualmente preponderantes en España, son mucho menos eficaces que las políticas verticales y discriminantes.

Si no se aprovecha el hecho de que, gracias a la actual crisis económica, el emprendimiento ha recibido la atención de ciudadanos y políticos, una vez superada la crisis, todos volverán a pensar en términos de economía del management y será mucho más complicado que España realice la tan necesaria transición a la economía del emprendimiento. La triple hélice española (administración, empresa y universidad) debe asumir el reto de impulsar esta transición y acelerar el cambio de ciclo económico. Se buscan políticos, consejeros delegados y rectores emprendedores para ello.