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domingo, 29 de diciembre de 2013

Ideas

(Artículo publicado el 18 de noviembre en el periódico ABC)


Las ideas de quienes crean, montan negocios, generan valor añadido no entienden ni de nacionalidad ni de ideología. Lo que hace que unas tengan más éxito que otras son las facilidades que determinados territorios dan a las personas con talento para que pongan en marcha sus iniciativas.

La ciencia económica viene prestando en las últimas décadas mucha atención a las interrelaciones entre la iniciativa empresarial y las instituciones sociales y políticas para explicar el crecimiento económico. Para una mayoría de entendidos, el progreso a largo plazo sólo puede lograrse cuando en un territorio se dan las condiciones de libertad y estímulo para que sus empresas e individuos desarrollen actividades económicas.

Bajo este prisma, lo público -en su doble faceta de garante de los derechos fundamentales y ordenador de la economía- importa, y mucho. Mientras que en Estados Unidos los gobiernos han tenido siempre una gran sensibilidad por la labor que desarrollan los pequeños empresarios, en España sólo en los últimos tiempos se ha empezado hacer una política realmente consecuente con ellos.

Con la llegada de la democracia, el País Vasco ha tratado de ir por delante en el impulso del clima empresarial, articulando actuaciones que van desde la creación de la SPRI y de las primeras incubadoras por las diputaciones forales hasta la pionera ley vasca de la actividad emprendedora. Y todo eso a pesar del enorme lastre de la violencia de ETA, del ambiente de coacción que vivía una parte de la sociedad vasca y que, en el caso de los empresarios, con frecuencia, se convertía en extorsión, cuando no en asesinato.

Dos conocidos economistas, Acemoglu y Robinson, han puesto de relieve en el libro Why nations fail que a largo plazo sólo pueden prosperar los territorios inclusivos en los que el marco institucional es realmente participativo y no constriñe la iniciativa individual. Los países que fallan son aquéllos con instituciones que no fomentan la libertad, la igualdad de oportunidad o desincentivan la actividad empresarial con subidas de impuestos.

Ciertamente, en este terreno, hemos mejorado mucho y en relativamente poco tiempo, tanto en España como en el País Vasco; somos una sociedad democrática, plural, tolerante y cada vez más emprendedora. Pero no podemos bajar la guardia ante la magnitud del reto que tenemos por delante, que es acelerar la salida del país de la que ha sido la peor crisis económica de nuestra historia democrática.

Cuanto más grandes son las dificultades más necesitamos sumar esfuerzos. Así pues, tomemos nota de las fórmulas que están siguiendo las naciones más inclusivas para volver a crecer. Fomentar la innovación, el emprendimiento, la internacionalización y, en definitiva, todo aquello que puede ayudar a llevar lejos el potencial que reside entre nosotros es el camino a seguir. No hacerlo es no tener “ni idea” de lo que han practicado los países más dinámicos en todo el mundo.

Hoy se hace imprescindible alinear los esfuerzos de las instituciones vascas con el prestigio y fortaleza de herramientas estatales como por ejemplo el ICEX para que las pymes vascas afronten con garantías su expansión internacional. Todos los esfuerzos serán pocos.

De nada servirá que el País Vasco sea un país lleno de ideas si éstas no encuentran salida porque, como opinaba Santiago Ramón y Cajal -en un tiempo, por cierto, no menos complicado que el actual- o se hace algo con ellas pronto o pierden su valor.

Iñaki Ortega. Doctor en economía
Arantza Quiroga. Presidenta PP vasco

martes, 29 de mayo de 2012

Medición de impacto socio-económico y evaluación de las políticas públicas de apoyo a emprendedores e impulso a la creación de empresas

Resumen tesis doctoral

Los emprendedores son el vehículo en que las ideas se implementan en una economía y por ello, los agentes más importantes en la creación de nuevos empleos, lo que les ha convertido en el motor del desarrollo económico-social y progreso de nuestro tiempo
Existen pocas dudas en el ámbito académico, político e incluso en la opinión pública, pero para llegar a esta afirmación se ha hecho necesaria toda una nueva área de investigación en la ciencia económica que ha tomado por nombre su vocablo anglosajón: entrepreneurship. En ella, además de estudiarse el comportamiento del individuo-empresario, una de las partes más importantes es conocer los efectos de la iniciativa emprendedora en la economía, enfoque en el cual se sitúa esta tesis doctoral.
La forma de medir el número e importancia de los emprendedores en la economía se ha logrado, durante los últimos años, asociando a los emprendedores con alguno de los siguientes conceptos: autónomo, pequeña empresa o nueva empresa. Gracias a estas simplificaciones se ha podido demostrar la positiva relación de la actividad emprendedora con el empleo, el crecimiento, la productividad, la innovación y la cohesión social.
Esas externalidades positivas de la iniciativa empresarial están detrás del hecho de que las administraciones públicas hayan querido apoyar al colectivo emprendedor durante los últimos más de cien años,  luchando contra los fallos de mercado (o de gobierno)  que les impiden crecer.
En un principio ese apoyo fue tímido, con las leyes anti-trust del siglo XIX, para posteriormente ensombrecerse en la posguerra de la segunda guerra mundial por la “gran escala”. Será a partir de los años 80 cuando las políticas a favor de los emprendedores retomen fuerza, con las teorías evolucionistas de telón de fondo y conforme los hallazgos empíricos demostraban su valor. Finalmente se alcanza el punto máximo coincidiendo con nuestros días y la permanencia de la crisis.
Pero el uso indistinto de pymes, autónomos o nueva empresa como sinónimo del término emprendedor por la literatura económica ha llevado a que los gestores públicos, a la hora de implementar acciones, hayan diversificado en exceso el foco de actuación, con lo que se ha actuado en muchas ocasiones con incoherencia, cuando no con pura ineficacia.
Además, las sucesivas crisis globales han impulsado estas políticas, pero también han acentuado la necesidad de resultados visibles en un no largo plazo, lo que ha hecho que lo público haya desdeñado las actuaciones de ecosistema o de ambiente a favor de los programas concretos de impulso a determinados colectivos o sectores.
En el auge actual de estas políticas, los gobiernos se aferran a la promoción de los emprendedores con la desesperación que lo hace el náufrago al barco hundido. Pero a su vez, por primera vez en muchos años, los ajustes presupuestarios exigen a las administraciones tener que tomar duras decisiones y elegir entre las actuaciones a realizar.
Por ello se hace necesario no solo ganar coherencia y foco en la acción pública en este terreno sino, además, promover mecanismos de evaluación que nos permitan conocer la eficiencia de las acciones de apoyo a los emprendedores.
Esta tesis doctoral, por tanto, da respuesta a la cuestión de si en esta coyuntura podemos permitirnos mantener las políticas de apoyo a los emprendedores. Para ello se pone en valor las importantes consecuencias en la actividad económica de los emprendedores, entre las que no solo se incluyen nuevas empresas y empleos sino también nuevos ingresos fiscales para las administraciones públicas que puedan garantizar la sostenibilidad de estas políticas e incluso enjugar el déficit público.
Es este último aspecto el objeto de estudio de este trabajo de investigación debido al escaso tratamiento que ha tenido en nuestro país y la imperiosa necesidad que tiene la economía española de actuaciones de estímulo que sean eficaces y no comprometan la estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas.
Para conseguir lo anterior se formula en la tesis un modelo de análisis ex-novo que permite evaluar una de las políticas públicas más extendidas en este campo como son las incubadoras o viveros de empresas (con más de 7000 centros en todo el mundo y unos 200 en España) se ha tenido en cuenta, también, que en este momento disfrutan de un auge entre los gestores públicos españoles, con multitud de nuevos proyectos en fase de lanzamiento.
A la hora de la evaluación se ha seguido un método de coste-beneficio. La nueva herramienta, adaptada a las especiales circunstancias de los viveros de empresa se apoya en el método ROI (return on investment) por ser un ratio reconocido de medición de la rentabilidad de las inversiones pero sobre todo por su creciente uso en las políticas públicas (especialmente en políticas de corte social en el Reino Unido y EE.UU.).
Esta investigación sigue las teorías que propugnan políticas integrales y perseverantes de apoyo a los emprendedores y se han incluido en el modelo mediante la elección del ámbito y duración del estudio. Madrid es una ciudad con un incipiente ecosistema que garantiza el buen destino de las acciones públicas que se desarrollan en este campo. A su vez la obsesión por la inmediatez de la que pecan algunas actuaciones se elimina con el amplio ámbito temporal en el modelo de 10 años.
El ratio resultante para las seis incubadoras del Ayuntamiento de Madrid analizadas es un retorno mayor que la inversión realizada, en concreto un ROI del 170%. Esta actuación de política pública, por tanto, permite lograr importantes resultados pero además no es gravosa para el erario público sino que provoca beneficios netos al sector público.
Los resultados obtenidos en este trabajo de investigación demuestran que en esta actuación pública se está en el buen camino de la eficiencia y por ello deberá seguir siendo sufragada por lo público, pero se alerta de la necesidad de seguir avanzando en políticas integrales alineadas entre los diferentes agentes públicos y privados para ganar rentabilidad y en último término sostenibilidad.
Únicamente uniendo fuerzas y coordinando estrategias por parte de los diferentes agentes implicados (gobiernos, empresas, emprendedores e instituciones educativas) podrá conseguirse un auténtico capital emprendedor que garantice una economía basada en el conocimiento, que crezca, cree empleo y además sea sostenible.
Por último la evaluación por retorno de los viveros también abre un camino de futuras investigaciones que haga posible esta medición en otras actuaciones públicas. Siguiendo el precedente del Gobierno de EE.UU en 2008 que comparó el retorno vía empleo de las inversiones en infraestructuras, podría calcularse el ROI de las políticas públicas de empleo o promoción económica en España y colegir cuáles funcionan mejor que otras y en consecuencia elegir entre esas actuaciones, en un momento tan necesario para ello por las fortísimas restricciones presupuestarias a las que la actual coyuntura nos somete.
Como dice el proverbio africano “al niño le educa toda la tribu”, por lo que, son los responsables de las actuaciones públicas los primeros que también han de aplicarse los principios de la economía emprendedora. Holcombe (2002) introduce el concepto de entrepreneurship en la política, definiendo el político emprendedor como aquel que está siempre alerta para captar oportunidades que le permitan conseguir la eficiencia en las actuaciones públicas y la consecución de la redistribución de la riqueza.
Esta tesis doctoral ha pretendido aportar luz a la tarea pendiente en nuestro país por conseguir una economía emprendedora con un análisis científico de una de esas políticas pero también aportando herramientas rigurosas que faciliten el trabajo a esos nuevos gestores públicos que cita Holcombe.

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Tesis Doctoral calificada como Apto Cum Laude por unanimidad por el Tribunal
Universidad Rey Juan Carlos
Madrid, 29 de mayo 2012