El político emprendedor

(este artículo fue publicado originalmente en el periódico ABC  el día 6 de septiembre de 2015)

Son muchos los tópicos que han triunfado criticando nuestro sistema económico.  Uno de los errores más comunes a la hora de referirse al capitalismo es identificar esa forma de organizar‎ la economía con un sistema dominado por grandes empresas y poderes fácticos. En cambio, si analizamos los territorios más dinámicos del mundo con eficientes economías de mercado, como Dinamarca o Canadá, veremos que  disfrutan de lo que se ha venido a llamar  capitalismo emprendedor.

Alfred Marshall. allá por el 1890. situó a los emprendedores como el cuarto factor de producción por encima del capital, la tierra y el trabajo. Para este economista la actividad del empresario era clave como proveedor de bienes para la sociedad pero también como fuente de innovación y progreso. El austroamericano Schumpeter. dos décadas después. consideró a los emprendedores vehículos de innovación puesto que generan nuevos productos, nuevos métodos de producción, nuevos mercados y nuevas formas de organización. Gracias a estos dos autores hoy sabemos que no existe capitalismo sin los emprendedores ya que son el vehículo en que las ideas se implementan y por ello, los agentes más importantes en la creación de nuevos empleos,  lo que les ha convertido en el motor del desarrollo económico-social y del progreso en la nueva economía.

De hecho, en la literatura de la política económica, se considera la primera ley de apoyo a los emprendedores, la Sherman Antitrust Act de 1890 en los Estados Unidos de América, precisamente, porque pretendía luchar contra la existencia de unas pocas grandes corporaciones que impedían con su capacidad de decisión que surgiesen y creciesen nuevas y pequeñas empresas. 

En nuestro país, el encomiable trabajo, desde su creación en 2013, de la  Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con el profesor Marín Quemada al frente, nos recuerda con su expedientes sancionadores contra los acuerdos colusorios de las grandes empresas, caiga quien caiga, que nuestra economía aun necesitaba reformas y  actuaciones públicas que defiendan a los propios empresarios.

‎La doctrina económica explica que la situación ideal para una economía es la de competencia perfecta, puesto que maximiza el bienestar de todos los agentes implicados. Sin embargo, y está podría ser la segunda más repetida mistificación respecto al capitalismo, son los impersonales y descarnados mercados los que deciden todo en nuestra economía. Nada más lejos de la realidad, lo más democrático es el funcionamiento de la economía de mercado, donde mediante el acuerdo entre  muchísimos oferentes y demandantes, se decide la asignación de los recursos. Y esa grandeza se alcanza siempre que se respeten las cuatro condiciones de la competencia perfecta, a saber, la no existencia de barreras de entrada ni de salida, la permanencia de un número elevado de productores que ofertan y consumidores que demandan y por último que todos esos dispongan de la misma información.  

Pero no solamente lo económico está abonado para los clichés. El sistema político de España, modelo estudiado en medio mundo con la Transición como paradigma, está padeciendo en los últimos tiempos los efectos de la demagogia. Nuestra democracia ha pasado a ser, al parecer, un cúmulo de imperfecciones. No obstante,  las condiciones para alcanzar el bienestar en una economía, que acabamos de ver, nos pueden servir de guía para chequear el estado de la política patria. 

Libertad de entrada y salida. La fácil irrupción de nuevos partidos políticos en nuestro país ‎con Podemos y Ciudadanos como máximos exponentes demuestra la buena salud de un sistema que no impide nuevos actores sino, al contrario, lo favorece. A su vez la salida de aquellos que no responden a las expectativas de los electores, como el previsible caso de UPyD, también da cuenta de un sistema que fomenta la excelencia porque nadie está libre de quedarse fuera si baja la guardia.

Muchos oferentes y demandantes. El estudio de los resultados de las últimas elecciones de ámbito estatal, las europeas de 2014, donde obtuvieron representación diez partidos políticos, destierra el runrún de un supuestos bipartidismo. A su vez solo en 2014 y 2015 la convocatoria de cuatro citas electorales: europeas, andaluzas, catalanas y generales, ‎constata un sistema que no se limita a encuestar a la población cada cuatro años. 

Igualdad de información. Acceso a los medios de comunicación y en segundo lugar capacitación para interpretar las demandas de los votantes  y actuar en consecuencia, podrían ser variables que nos ayuden con este último índice de la salud de nuestra democracia. Sin necesidad de grandes análisis puede afirmarse que  cualquier residente en nuestro país ha disfrutado de pluralidad en las apariciones de los agentes políticos en los mass media en los últimos tiempos, lo cual precisamente está ayudando a los buenos resultados que se esperan de los partidos emergentes.

Por último hay que destacar que somos un país donde el sector público tiene un peso muy importante. Nuestra Constitución, definiendo España como estado social y de derecho, marcó el camino de unas políticas públicas que fomenten la igualdad de oportunidades y luchen contra la exclusión. Hoy el gasto público supone en el entorno de la mitad de toda la riqueza generada en España en un año y pone de manifiesto que gestionar esa ingente cantidad de recursos exige, además de voluntarismo, capacitación. Implementar el destino de  500.000 millones de euros hace preciso cuadros con conocimiento de las herramientas para su gestión. Dominio de las políticas públicas, manejo de los ratios de evaluación, aprendizaje de las mejores prácticas mundiales, seguimiento de las últimas tendencias,…La experiencia en el mundo privado sin duda es un ventaja para ello y también la capacidad de estudio de los profesionales que proceden de la universidad, pero no es suficiente para enfrentarse a  esa ingente cantidad de recursos y sobre todo a las altas expectativas de la ciudadanía. El sector público tiene sus propias reglas y lo que puede hacerse sin problemas en una empresa es inviable así como lo que aguanta un informe académico, en la administración no supera el primer control.

Esto no quiere decir que los asuntos públicos hayan de dejarse en manos de altos funcionarios públicos sino que tenemos que ser capaces de hibridar lo mejor de esos mundos: el activismo político, la innovación empresarial y el rigor de la función pública. Hace unos años el economista americano Holcombe introdujo el concepto económico de emprendimiento en la política y definió  el político emprendedor como aquel que está siempre alerta para captar oportunidades que le permitan conseguir la eficiencia en las actuaciones públicas y la consecución de la redistribución de la riqueza.

La propia Real Academia de la Lengua al definir la palabra competencia con dos acepciones claramente diferenciadas nos ha dado la pauta a seguir en los próximos tiempos. Tenemos que competir, rivalizar por ganar, por ser mejores y por poder poner en marcha nuestras ideas pero tenemos que hacerlo con las competencias, aptitudes y pericias adecuadas.

Iñaki Ortega es profesor de Deusto Business School y Marta Muñiz es profesora de ICADE Business School. Estas dos universidades imparten conjuntamente el PLPE, programa de liderazgo público en emprendimiento e innovación, en el que se han  matriculado políticos de los cuatro grandes partidos españoles.