(este artículo se publicó originalmente en el diario ABC el día 14 de abril de 2021)
Esta actitud se tradujo en los
peores momentos de la pandemia, en triaje en hospitales, cierre de servicios
esenciales para la salud de los mayores, mala gestión del final de la vida,
infravaloración del impacto de las medidas de aislamiento en la salud
emocional, no aplicación de la desescalada en las residencias, ausencia de participación de este colectivo
en la toma de decisiones, alarmismo en los medios de comunicación y en general
un desequilibrio entre seguridad y derechos de los mayores.
La vejez no fue tratada como un
grupo de población de alto riesgo durante la pandemia. Por encontrar alguna
explicación a este hecho puede ser que esta cohorte etaria cuenta aún hoy con
escasa percepción de valor social, siempre rodeada de estereotipos negativos,
sin voz y en ocasiones relegada en el acceso a recursos esenciales como es la
atención hospitalaria. Se observó también en los peores momentos de la alarma
sanitaria la necesidad de mejorar la gestión de la información que transmiten
los medios de comunicación y los propios profesionales sanitarios y sociales, a
través de mensajes claros, evitando culpabilizar a los diferentes grupos de
edad en relación con su capacidad de contagio. Luchar contra la discriminación
y estereotipos por razón de edad sigue siendo una tarea de máxima relevancia si
queremos avanzar hacia una sociedad justa.
Este edadismo que ha constatado
un reciente informe promovido por la división de protección social y salud del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), está siendo avalado por numerosos
expertos en todo el mundo. El investigador del BID Marco Stampini ha
recomendado para luchar con esta discriminación una serie de medidas entre las
que se incluye “mejorar los ambientes urbanos, la accesibilidad, la movilidad y
la vivienda para aumentar la autonomía de las personas mayores”. Este consejo
apunta a fomentar la “amigabilidad” en los territorios para integrar a las
personas mayores en la vida social y comunitaria. El movimiento Age Friendly
Cities and Communities, promovido desde la Organización Mundial de la Salud
(OMS), que actualmente aglutina a más de mil ciudades de todo el mundo, es una
excelente herramienta de cohesión social en relación con la edad y también a
las situaciones de dependencia. Por desgracia este enfoque ha sido obviado en
los clásicos mensajes del envejecimiento saludable, donde solo la alimentación
y el ejercicio físico parecía que importaban en detrimento de un reconocimiento
de la igualdad de responsabilidades y derechos a la participación en la vida
social, política y comunitaria. Ciudades amables con las personas mayores son
aquellas que no buscan un miope envejecimiento activo sino una promoción de
ciudadanía activa, entendida como un eclecticismo de actividades participativas
que incluye la participación política y la acción comunitaria y voluntaria. De
modo y manera que territorios amables con los mayores son aquellos que buscan
que las personas que envejecen lo hagan integradas en su entorno, jubiladas o
no, que mantienen una vida cotidiana activa, asumiendo compromisos y
responsabilidades e incorporando conductas saludables.
Por suerte en España esta
búsqueda de “la amabilidad” tiene diversas administraciones públicas que han
comenzado a darle respuesta. Desde el Centro de Investigación Ageingnomics
con la ayuda de Deusto Business School hemos seleccionado tres instituciones
que pueden servir de ejemplo por sus políticas de amabilidad con las personas
mayores frente al edadismo pandémico. La ciudad de Zaragoza, la Junta de
Castilla y León y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico. La capital de Aragón fue la primera ciudad española en sumarse a
la iniciativa de la OMS de una Red Mundial de Comunidades y Ciudades Amigables.
Además, está implementado un plan de inversiones para mejorar la vida urbana de
los mayores, así como una modificación de la ordenanza de accesibilidad que
permita que muchos mayores sigan viviendo en la ciudad. Por su parte la Junta
de Castilla y León, la comunidad autónoma más extensa y con menos densidad de
población del país y también una de las regiones europeas con un número más
alto de mayores de 65 años, está aplicando un discurso que huye del
paternalismo en beneficio de un trato para la vejez como ciudadanos de pleno
derecho y con criterio. Destacan sus actuaciones, como la teleasistencia
universal y gratuita, que permitirán que una gran mayoría de mayores puedan
permanecer en sus hogares, tal y como es su deseo y recomiendan cada vez más
expertos geriatras. Por último, este mes de marzo hemos recibido la buena
noticia desde el Gobierno de España de un Plan de medidas ante el Reto
Demográfico que contempla una inversión superior a los 10.000 millones y que
está destinado a combatir la despoblación y garantizar la cohesión económica y social
de millones de adultos mayores que no solo necesitan atención sanitaria, sino
también cultura, ocio, movilidad, vivienda y tecnología.
España está en disposición de
liderar una estrategia mundial para que el alargamiento de la vida suponga una
oportunidad económica a través de nuevos productos y servicios para los
mayores. Tenemos la mayor esperanza de vida del mundo junto a Japón; una
cultura de apertura gracias al turismo y un espíritu emprendedor que hemos
demostrado a lo largo de nuestra historia. Solo nos falta acabar con la
discriminación absurda de la vejez (edadismo) usando territorios que apuesten
por “políticas amables”, usando la terminología de la OMS, en atraer y retener
a las personas mayores.
Clara Bazán e Iñaki Ortega. Centro de Investigación
Ageingnomics de la Fundación MAPFRE.
