(este artículo se publicó el día 1 de mayo en el diario La Tribuna de Valladolid, así como en la Tribuna de Salamanca y la Tribuna de Ávila)
Los centros residenciales, uno de
los pilares del modelo de cuidados de larga duración, han evidenciado múltiples
carencias. Al mismo tiempo, se observaron interrupciones en otros tipos de
servicios, por ejemplo, en los centros de día, y la precariedad en la que se
encuentra el empleo en el ámbito de los cuidados se ha evidenciado una vez más.
El distanciamiento físico necesario para reducir el contagio se convirtió en
distanciamiento social y consecuentemente en soledad para muchas personas
mayores, con graves efectos en la salud mental y el deterioro cognitivo.
Así mismo se han señalado cuatro
áreas de buenas prácticas que han permitido una atención a la dependencia en el
contexto de la pandemia, aumentando la autonomía de las personas mayores en
condiciones de seguridad para ellas y sus comunidades. A saber: la adaptación
de los servicios residenciales, el potenciamiento de los recursos humanos, la
adopción de servicios de apoyo al bienestar emocional de las personas mayores y
la organización de iniciativas en el ámbito comunitario. Estas buenas prácticas
están alineadas con tendencias de largo plazo en el sector del cuidado, hacia
la creación de un modelo de atención centrado en la persona, donde los
servicios se brindan en el hogar o con una personalización que apunta a
replicar sus mismas en el contexto de una serie de oportunidades de creación de
empleo y riqueza que se ha resumido en el concepto de economía plateada por el
color del pelo de sus protagonistas.
No puede obviarse que la
responsabilidad de los cuidados en el entorno familiar evoluciona sin camino de
retorno: las mujeres, sostenedoras históricas de la vida doméstica, se han
incorporado durante las últimas décadas a la vida laboral. Es a partir de estas
circunstancias cuando los cuidados han empezado a salir del ámbito de la
intimidad para convertirse en un asunto social, de responsabilidad compartida,
que debe ser asumido, al menos en parte, por los poderes públicos. A su vez, el
incremento de los hogares unipersonales está modificando de manera sustancial
las relaciones de convivencia y también el modelo de transferencia de cuidados.
Por otra parte, y relacionado directamente con la configuración de los hogares,
la soledad aparece con fuerza en el grupo de población de adultos mayores,
generando nuevas necesidades de intervención.
En este proceso, la pandemia de la
Covid19 subraya la importancia de asegurar protocolos de atención que
garanticen la seguridad y calidad en contextos residenciales, desarrollar
políticas de recursos humanos que aumenten la resiliencia de los servicios,
mejorar la coordinación con el sector salud, y aprovechar las tecnologías y las
iniciativas comunitarias para complementar desde el punto de vista material y
emocional. Estas líneas de reforma pueden aumentar la autonomía de las personas
mayores durante situaciones de estrés como en esta emergencia sanitaria, y
contribuir a construir mejores sistemas de servicios de atención en el mediano y
largo plazo.
Algunas de estas conclusiones han
sido compartidas con la Junta de Castilla y León; por ello señalamos a esta
institución como una referencia en los conocidos como territorios amables con
los mayores, a la luz de las palabras del vicepresidente Francisco Igea en un
reciente seminario académico promovido por Deusto Business School y la
Fundación MAPFRE. No nos cansaremos de insistir en que la gestión de los
cuidados también son una fuente de generación de empleo y una oportunidad
económica para los territorios que tomen las decisiones adecuadas desde el
ámbito público y privado. Todas las previsiones indican que el número de
adultos mayores aumentará considerablemente en los próximos años especialmente en
las provincias castellanoleonesas y con ello se multiplicarán las situaciones
de dependencia que han de obtener respuestas con nuevos bienes y servicios en
el ámbito de una imprescindible economía plateada.
Iñaki Ortega es profesor de la
Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)
Marco Stampini es investigador
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
