El G7 se olvidó de la corrupción

(este artículo se publicó originalmete el día 29 de junio de 2021 en el diario La Información)

Allá por el año 1973, un secretario del tesoro de Estados Unidos preocupado por el derrumbe de las instituciones monetarias de la posguerra (Bretton Woods) convocó a sus homólogos alemanes, franceses, japones y británicos. Las reuniones se institucionalizaron anualmente y antes de que terminase la década se había unido al grupo los responsables de las finanzas de Italia y Canadá. Al mismo tiempo adquirieron categoría de cumbres internacionales al asistir no solo los ministros sino los presidentes de esas siete naciones. Así nació lo que se conoce como el grupo de los siete (G7) que se ha vuelto a reunir este mes de junio en la localidad inglesa de Cornualles.

Conviene recordar que la caída del muro de Berlín a la vez que la unión política europea ganaba peso llevó a invitar a estas citas a los altos representantes de Rusia y de la Comisión Europea. Si la participación de los segundos se ha consolidado, la de Rusia ha corrido otra suerte. Unas veces por las injerencias militares de los rusos en sus vecinos, otras por las sospechas de espionaje del resto de socios, pero siempre por la negativa a firmar los pactos de libre comercio, Rusia no ha consolidado su asiento en el selecto club de los países más ricos del planeta.

La cumbre de Cornualles de este año tenía un guion preestablecido más allá de la curiosidad por el estreno del presidente Biden en el G7 o por la despedida de la canciller Merkel. Coronavirus, Clima y Comercio. Las tres C estaban marcadas en todos los prontuarios de los estadistas. No puede olvidarse que la cita del año 2020 fue suspendida por la pandemia y que la Covid19 ha sumido al mundo en la mayor crisis desde la recesión financiera de 2008. En no pocos países del mundo no se recordaban caídas de la actividad económica desde la parálisis de las guerras mundiales del siglo pasado. Una epidemia ha tenido que demostrar las fragilidades de las democracias liberales que supuestamente, citando a Fukuyama, resolvían todas las necesidades del hombre para siempre. La realidad es que los sistemas sanitarios de estos países no han podido parar la tragedia de millones de infectados. Pero en una suerte de deja vu de la primera cumbre de 1973 cuando se consiguió salvar la desaparición del patrón oro, los ministros de finanzas del G7 se pusieron de acuerdo (virtualmente) el año pasado en rescatar la economía con un potente escudo de gasto público.

Clima, es la segunda palabra de los dosieres preparados para los mandatorios. Clima o ESG como ahora prefieren referenciar los inversores. El nuevo grial que perseguir se resume en ese acrónimo: sostenibilidad en materia medio ambiental, social y de gobierno corporativo. No se trata solamente de parar la degradación del medio ambiente sino también evitar el alejamiento de la sociedad con la economía de mercado, que ha dado sentido al G7. Economías y empresas con alma social es la forma de reinventar el capitalismo hacia uno que se base en el propósito. Otra palabra mágica para frenar el descontento creciente en las clases populares ante tanta desigualdad.

Y el tercer vocablo con la letra c, es el comercio. Término que no ha dejado de estar presente en todas y cada una de las 47 cumbres celebradas.  El fallido acuerdo de la posguerra para reducir aranceles aduaneros, GATT, dio paso en la década de los noventa a la OMC (organización mundial del comercio) pero los países del G7 han sufrido los cambios de rumbo de potencias como Rusia o China en esta materia. Por no mencionar a Estados Unidos, ora Trump ora Nixon, defendiendo en cumbres del G7 el proteccionismo en función de su agenda doméstica. Ahora los vientos soplan a favor y en la “Declaración de Carbis Bay” que cerró la cumbre se coló un recado para la política comercial china.

Sin embargo, el fuerte viento que de vez en cuando azota la costa sur de Inglaterra se llevó una palabra de los apuntes de los jefes de estado. No eran tres las letras c, sino cuatro. Corrupción es la palabra que un vendaval marino o la miopía de los grandes estados, hizo desaparecer de la cumbre. Es verdad que en las conclusiones que tomaron por nombre la bahía de Cornualles, se hablaba de la protección del planeta, la solidaridad ante la pandemia, la reconstrucción y los valores…pero nada de luchar contra la corrupción. Pero la realidad es tozuda y apenas unos días después el ministro de sanidad del Reino Unido ha tenido que dimitir por saltarse la ley. Al mismo tiempo la justicia francesa ha pedido seis meses de cárcel para el expresidente Sarkozy; dos diputados alemanes son investigados por comerciar ilegalmente con mascarillas y un ministro japonés admite que compró votos para que su esposa fuese legisladora. Por no hablar del primer ejecutivo de la empresa americana Pfizer que, a pesar de sofisticadas legislaciones de control, vende el 62% de sus acciones por valor de 5,6 millones de dólares el mismo día que anuncia los resultados de eficacia de la vacuna. Podríamos seguir levantando alfombras en cada país del G7, pero quizás es mejor empezar desde ya a reclamar que el año que viene en Alemania, donde se volverán a reunir los mandatarios, la corrupción no se vuele de las conclusiones. Nos conviene a todos.

 

Iñaki Ortega es doctor en economía y profesor de la Universidad Internacional de La Rioja

Mitomanía y TTIP

(este artículo fue publicado originalmente en el periódico El País el domingo 5 de junio de 2016)

La mitomanía también conocida como mentira patológica o pseudología fantástica es uno de los términos con los que la psiquiatría se refiere al comportamiento de los mentirosos compulsivos o habituales. La mitomanía fue descrita por primera vez en la literatura médica en 1891, desde entonces esas mentiras patológicas se han definido como una invención inconsciente y demostrable de acontecimientos muy poco probables y fácilmente refutables. Ahora, dos siglos después, los investigadores de la ciencia de las enfermedades mentales pueden encontrar en el debate público sobre el Tratado Transatlántico  de Comercio e Inversiones también conocido por sus siglas en inglés como TTIP, abundante material para seguir documentado la mitomanía.

Todo empezó en 2014 con los documentos filtrados por Greenpeace de la XIII ronda negociadora que desataron una oleada de duras críticas contra el nuevo acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos., culminadas con la inefable intervención de Julián Assange recientemente en unas jornadas en Madrid. Sin embargo una revisión serena de los documentos, inéeditosa, a la luz del reciente debate en Madrid y la inefable intervención de Julián Assange, hubiera permitido permite constatar la existencia de importantes puntos de fricción entre las partes americana y europeao. Pero sobre todo se ha revelado la persistencia de una potente mitomaníia en una parte de la opinión pública a la hora de juzgar cualquier relación con Estados Unidos. 

Si partimos de que el libre comercio internacional es una poderosa herramienta que se debe manejar con prudencia, con efectos que deben ser estudiados caso a caso, y que sólo se puede traducir en equilibradas oportunidades de desarrollo para los países que participan en él si existen normas internacionales que gestionen adecuadamente las diferencias en formas de vida, regulación laboral, compromiso medioambiental, cultura o acceso a tecnología. Entonces tenemos una primera conclusión: las negociaciones comerciales internacionales son necesarias.

Ahora bien, la ronda Doha de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sigue sin cerrarse quince años después. Mientras tanto, se han suscrito numerosos acuerdos comerciales entre países que conforman regiones económicas, como puede ser Pacífico, América del Norte o América del Sur, dejando al margen los intereses europeos (por cierto en coherencia con el reciente informe del Círculo de Empresarios que documenta el cambio del núucleo central de la economía de Ooccidente hacíaa Asia-Pacifico). La política comercial de la UE no puede permanecer impasible ante una nueva situación que puede dejarla fuera del corazón de los grandes flujos económicos internacionales. Por eso se han firmado importantes tratados de asociación económica con Colombia, Perú, Corea del Sur o Singapur, mientras otro con Canadá se encuentra en proceso de ratificación. En consecuencia, negociar un acuerdo con Estados Unidos en ningún caso supone una rareza o trato ventajoso alguno. 

Es sabido que los procesos de integración económica y liberalización comercial internacional generan ganadores y perdedores en todos los países que participan y que, aún cuando la valoración global puede ser beneficiosa, los gobiernos deben articular medidas que palien los efectos sobre sectores que puedan recibir impactos negativos. Pero no es menos cierto que decidir no avanzar en la integración económica también provoca ganadores y perdedores. Es decir, seguir igual no es una decisión neutra. No hacer nada es lo que puede permitir que se comercialice en Estados Unidos, por ejemplo, como Jerez a un vino de California. 

Claro que se puede vivir sin TTIP. Hasta ahora lo hemos hecho. La cuestión es si con TTIP se pueden mejorar en el futuro las condiciones para que las empresas europeas, especialmente pequeñas y medianas, exporten a Estados Unidos con más facilidad y menos costes generando nuevas oportunidades y empleo. Conviene recordar que las grandes corporaciones ya están presentes a los dos lados del Atlántico a través de mecanismos que están fuera del alcance de las de menor tamaño. 

Afortunadamente todos los acuerdos suscritos son públicos y se puede comprobar con facilidad que siguen un esquema similar, incluida la resolución de controversias a través de laudos arbitrales dictados sin intervención de los sistemas judiciales formales de los países concernidos. Es más, la propia OMC hereda lo establecido en el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) desde su fundación en los años cuarenta del siglo pasado al prever un sistema de resolución de controversias entre partes diferente a los sistemas judiciales nacionales. Cosa lógica porque de la misma manera que los tribunales ordinarios de cada país no resuelven cuestiones sobre la interpretación de los tratados de la Unión Europea, tampoco deben juzgar asuntos comerciales en los que su país sea parte. 

El problema de cómo resuelven los estados las diferencias de interpretación o de aplicación de los acuerdos firmados entre ellos sigue existiendo y se debe abordar en los tratados de esta naturaleza. Ahora bien, lo que dejan claro los papeles de la filtración de Greenpeace es que sobre este asunto no hay acuerdo y que la posición europea mantiene diferencias relevantes con la estadounidense, entre otras cosas, porque postula como requisito que los árbitros que resuelvan el litigio tengan cualificación de juez, con conocimiento de leyes y comercio internacional, que las deliberaciones sean públicas, que exista posibilidad de revisión de los laudos y que los arbitrajes se limiten a cuestiones muy concretas

Otra cuestión que ha quedado clara tiene que ver con la transparencia, que ya es norma también para las relaciones internacionales. El valor de la filtración no es tanto lo que dice, como que ha desvelado algo parcialmente oculto. La existencia de una mayor demanda de información y una innegable desconfianza hacia las instituciones hacen necesario un esfuerzo informativo y pedagógico acerca del objetivo y del contenido de todas las negociaciones internacionales. Lo excepcional debe ser lo confidencial y en ese caso hay que explicar el porqué. El secretismo induce ahora a la sospecha y a una presunción de culpabilidad que puede dar al traste con proyectos por muy convenientes y bienintencionados que puedan ser.  

El clásico esquema de secreto con el que se iniciaron las negociaciones Europa - Estados Unidos para el TTIP fue cuestionado desde muy pronto desde la sociedad civil europea. El error político de la Comisión Barroso al despreciar las demandas de claridad sobre las conversaciones se ha transformado en una pesada losa en la actualidad. De poco ha servido la acertada decisión adoptada hace año y medio por el actual Parlamento Europeo y la Comisión Juncker de hacer pública toda la información relativa a las posiciones europeas en las negociaciones (está disponible en la dirección). El tardío ejercicio de transparencia no ha calado en una opinión pública que sigue denunciando un secretismo que desde hace tiempo ya no es tan cierto. Y no solo porque la negativa por parte de los negociadores estadounidenses a hacer públicas sus posiciones haya impedido hasta ahora que la totalidad de los documentos sean conocidos, sino porque no parece razonable que en una negociación de buena fe una de las partes haga públicas las posiciones de la otra.  

Finalmente se debe hacer mención a la labor del equipo negociador europeo. A nuestro juicio la ciudadanía europea tiene motivos para sentirse orgullosa del trabajo realizado hasta ahora y de las posiciones que trasladan. En lo que se ha podido leer, la posición europea parece correcta tanto en las cuestiones formales como en lo relativo a las denominaciones de origen, cuestiones culturales o agricultura. Nuestros negociadores no solo respetan escrupulosamente los límites del mandato negociador establecido por el Consejo Europeo sino que defienden claramente los intereses de la ciudadanía y de las empresas europeas. Por cierto, que el control político no se limita al documento inicial, sino que el texto final ha de ser estudiado, debatido y ratificado tanto por el Parlamento Europeo como por los Parlamentos nacionales para que sea válido.

En definitiva, aún cuando no se puede aventurar cómo van a acabar unas conversaciones en las que las diferencias existentes aún son importantes, consideramos que sería un grave error colectivo subirse al carro de la negación preventiva, el prejuicio o si prefieren la mitomanía de cualquier acuerdo con un socio tan relevante como Estados Unidos.

Iñaki Ortega es profesor de la Universidad de Deusto

Santiago Martínez es profesor de la Universidad de Oviedo