¡A pagar

 (este artículo se publicó originalmente en el periódico 20 minutos el día 15 de abril de 2024)

Los mayores del lugar se acordarán de un concurso televisivo de los años noventa que consistía en acertar el precio exacto de un producto. Presentado por el mítico Joaquín Prats comenzaba el programa con un recordado gesto con su mano derecha mientras gritaba ¡a jugar!

Han pasado treinta años y ya no se emite este formato, pero miles de españoles recordamos el concurso del precio justo ahora que comienza la campaña de la renta. Lo explico rápidamente. Hasta el primero de julio habrá tiempo para regularizar el IRPF con la hacienda pública con la certidumbre de que habrá que pagar más a la vista de los informes que hemos conocido esta semana. El servicio oficial de estadística europea ha confirmado que en España en los últimos cinco años la presión fiscal ha subido 30 veces más que la media de la Unión Europea. La suma de impuestos, cotizaciones, nuevas figuras recaudatorias y la desaparición de las rebajas del IVA y otras ayudas como la de la gasolina, sitúa a los españoles como los europeos con mayores alzas de impuestos.

Nada que deba sorprendernos porque este gobierno se ha jactado con la ministra de hacienda de portavoz de que hay que subir los impuestos para financiar los crecientes gastos del estado. Montero defiende que hay margen para alcanzar los impuestos de alemanes o franceses, olvidando que no tenemos la riqueza de esas naciones. Lo de los nuevos tributos a los bancos y las eléctricas ya lo sabíamos porque se han empeñado en recordárnoslo, pero me temo que ahora en la campaña del IRPF nos daremos cuenta en primera persona de las subidas en la renta y en las contribuciones extraordinarias para pagar las pensiones. Al mismo tiempo las peticiones para actualizar las tarifas impositivas a la subida de los precios no han sido tenidas en cuenta por el gobierno. No es fácil de entender, así que aquí va un resumen: mientras los españoles, fruto de la inflación y de estos impuestos, tenemos cada vez menos dinero en la cartera, el gobierno ha recaudado como nunca en la historia de la hacienda pública española.  En este contexto ha de entenderse la petición del presidente de los empresarios para que la nómina llegue a los trabajadores sin descontar impuestos, de modo y manera que así millones de empleados se diesen cuenta de la cantidad de impuestos y contribuciones que pagamos al estado. Nada como verlo en tus cuentas corrientes (y no en las ajenas).

En cualquier caso, como nada de esto va a pasar, ni los impuestos bajarán ni la nómina nos llegará integra, nos toca gritar rememorando a aquel presentador de los años noventa ¡a pagar! Esa es la única certeza en los próximos meses para millones de españoles, aunque la renta te salga a devolver (enhorabuena) pagaremos todos los días más impuestos indirectos como el IVA y otros impuestos invisibles asociados a la subida de los precios. Que no abra ya los informativos la inflación no oculta que acumulamos dos años de subidas de los precios en los alimentos y eso unido a que en las nóminas nos retienen más y más dinero, cada vez somos más pobres. Y las arcas públicas a rebosar.  Qué nostalgia de ese precio justo con el que se titulaba el concurso, quizás así podría equilibrarse mejor el dinero del bolsillo y el dinero de hacienda.

 

Iñaki Ortega es doctor en economía en UNIR y LLYC

Aquí hay tomate

(este artículo se publicó originalmente en el periódico 20 Minutos el 5 de febrero de 2024)

Hacia el año 1800, Nicolas Chauvin, un joven soldado francés después de caer herido más de quince veces sirviendo a Napoleón, tiene que abandonar el ejército con una exigua pensión. Los años pasan, la época bonapartista se olvida y Nicolas sigue defendiendo, ahora con la palabra, pero con el mismo fervor, la causa imperial francesa. Por su verbo encendido a la vez que exagerado logra la celebridad en su país gracias a su defensa de una imaginaria e idílica Francia. Desde entonces su apellido es usado para describir el patrioterismo. El chauvinismo o chovinismo es la exaltación desmesurada de lo nacional frente a lo extranjero. Francia es la cuna del soldado y por tanto del término. Han pasado dos siglos, parece mucho, pero siguen ganándose a pulso ser los más chovinistas.

La que fue ministra francesa, la socialista Segolène Royal, esta semana ha criticado en un programa de televisión los tomates españoles por “incomibles” y hacerse pasar por ecológicos “falsamente”. Inmediatamente la caja de pandora se abrió, los españoles respondimos al ataque de la política y los productores galos boicotearon con más ímpetu al agro español. Chovinismo en estado puro: los productos franceses virtuosos y los españoles indignos e inferiores. Una devoción fanática unida a una parcialidad basada en prejuicios, en el mismo lapso que los agricultores europeos paralizan el centro continental. Gasolina al fuego por parte de la exministra del Hexágono para avivar los ataques contra nuestros productos y de paso alimentar el voto ultra en las elecciones de junio.

Habrá que recordar a Segolène que el tomate es originario de México y que somos los españoles los que lo introducimos en Europa en el año 1521 gracias a Hernán Cortés. De hecho “tomate” es una palabra azteca que los descubridores aprendieron y probaron en la conquista de Tenochtitlan. Las crónicas nos cuentan que en los primeros viajes de Colón ya desembarcó en Sevilla con el fruto rojo y se cultivó rápidamente por todo el territorio español, tradición que ha llegado hasta nuestros días con deliciosas variedades en Murcia, Valencia, Andalucía, País Vasco, Navarra, Rioja y las Castillas. Solo gracias a España este producto se introdujo en Francia, muchos años después, señora Royal.

En castellano tenemos una expresión que explica perfectamente lo que está pasando en Francia. Aquí hay tomate, se utiliza para explicar que detrás de algunos sucesos hay escondidas “sustanciosas” cuestiones. Las ofensas a nuestras frutas y verduras esconden la incapacidad de los gobiernos para acercarse a los verdaderos problemas de los ciudadanos, opacan también una burocracia europea obsesionada con contentar los estándares internacionales de sostenibilidad pero que arruina industrias enteras. Los insultos al vecino demuestran la impotencia de determinadas opciones políticas para reconectar con unas clases trabajadoras que se han ido alejando de estadistas de salón y sus discursos ininteligibles. Este proteccionismo trasnochado oculta un estado confiscatorio que aspira solo a distribuir riqueza, pero no a crearla. O las subvenciones imparables que desincentivan la competitividad de los territorios y el emprendimiento de sus vecinos. Ese es el tomate del que deberíamos hablar.

Iñaki Ortega es doctor en economía en UNIR y LLYC

Mitomanía y TTIP

(este artículo fue publicado originalmente en el periódico El País el domingo 5 de junio de 2016)

La mitomanía también conocida como mentira patológica o pseudología fantástica es uno de los términos con los que la psiquiatría se refiere al comportamiento de los mentirosos compulsivos o habituales. La mitomanía fue descrita por primera vez en la literatura médica en 1891, desde entonces esas mentiras patológicas se han definido como una invención inconsciente y demostrable de acontecimientos muy poco probables y fácilmente refutables. Ahora, dos siglos después, los investigadores de la ciencia de las enfermedades mentales pueden encontrar en el debate público sobre el Tratado Transatlántico  de Comercio e Inversiones también conocido por sus siglas en inglés como TTIP, abundante material para seguir documentado la mitomanía.

Todo empezó en 2014 con los documentos filtrados por Greenpeace de la XIII ronda negociadora que desataron una oleada de duras críticas contra el nuevo acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos., culminadas con la inefable intervención de Julián Assange recientemente en unas jornadas en Madrid. Sin embargo una revisión serena de los documentos, inéeditosa, a la luz del reciente debate en Madrid y la inefable intervención de Julián Assange, hubiera permitido permite constatar la existencia de importantes puntos de fricción entre las partes americana y europeao. Pero sobre todo se ha revelado la persistencia de una potente mitomaníia en una parte de la opinión pública a la hora de juzgar cualquier relación con Estados Unidos. 

Si partimos de que el libre comercio internacional es una poderosa herramienta que se debe manejar con prudencia, con efectos que deben ser estudiados caso a caso, y que sólo se puede traducir en equilibradas oportunidades de desarrollo para los países que participan en él si existen normas internacionales que gestionen adecuadamente las diferencias en formas de vida, regulación laboral, compromiso medioambiental, cultura o acceso a tecnología. Entonces tenemos una primera conclusión: las negociaciones comerciales internacionales son necesarias.

Ahora bien, la ronda Doha de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sigue sin cerrarse quince años después. Mientras tanto, se han suscrito numerosos acuerdos comerciales entre países que conforman regiones económicas, como puede ser Pacífico, América del Norte o América del Sur, dejando al margen los intereses europeos (por cierto en coherencia con el reciente informe del Círculo de Empresarios que documenta el cambio del núucleo central de la economía de Ooccidente hacíaa Asia-Pacifico). La política comercial de la UE no puede permanecer impasible ante una nueva situación que puede dejarla fuera del corazón de los grandes flujos económicos internacionales. Por eso se han firmado importantes tratados de asociación económica con Colombia, Perú, Corea del Sur o Singapur, mientras otro con Canadá se encuentra en proceso de ratificación. En consecuencia, negociar un acuerdo con Estados Unidos en ningún caso supone una rareza o trato ventajoso alguno. 

Es sabido que los procesos de integración económica y liberalización comercial internacional generan ganadores y perdedores en todos los países que participan y que, aún cuando la valoración global puede ser beneficiosa, los gobiernos deben articular medidas que palien los efectos sobre sectores que puedan recibir impactos negativos. Pero no es menos cierto que decidir no avanzar en la integración económica también provoca ganadores y perdedores. Es decir, seguir igual no es una decisión neutra. No hacer nada es lo que puede permitir que se comercialice en Estados Unidos, por ejemplo, como Jerez a un vino de California. 

Claro que se puede vivir sin TTIP. Hasta ahora lo hemos hecho. La cuestión es si con TTIP se pueden mejorar en el futuro las condiciones para que las empresas europeas, especialmente pequeñas y medianas, exporten a Estados Unidos con más facilidad y menos costes generando nuevas oportunidades y empleo. Conviene recordar que las grandes corporaciones ya están presentes a los dos lados del Atlántico a través de mecanismos que están fuera del alcance de las de menor tamaño. 

Afortunadamente todos los acuerdos suscritos son públicos y se puede comprobar con facilidad que siguen un esquema similar, incluida la resolución de controversias a través de laudos arbitrales dictados sin intervención de los sistemas judiciales formales de los países concernidos. Es más, la propia OMC hereda lo establecido en el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) desde su fundación en los años cuarenta del siglo pasado al prever un sistema de resolución de controversias entre partes diferente a los sistemas judiciales nacionales. Cosa lógica porque de la misma manera que los tribunales ordinarios de cada país no resuelven cuestiones sobre la interpretación de los tratados de la Unión Europea, tampoco deben juzgar asuntos comerciales en los que su país sea parte. 

El problema de cómo resuelven los estados las diferencias de interpretación o de aplicación de los acuerdos firmados entre ellos sigue existiendo y se debe abordar en los tratados de esta naturaleza. Ahora bien, lo que dejan claro los papeles de la filtración de Greenpeace es que sobre este asunto no hay acuerdo y que la posición europea mantiene diferencias relevantes con la estadounidense, entre otras cosas, porque postula como requisito que los árbitros que resuelvan el litigio tengan cualificación de juez, con conocimiento de leyes y comercio internacional, que las deliberaciones sean públicas, que exista posibilidad de revisión de los laudos y que los arbitrajes se limiten a cuestiones muy concretas

Otra cuestión que ha quedado clara tiene que ver con la transparencia, que ya es norma también para las relaciones internacionales. El valor de la filtración no es tanto lo que dice, como que ha desvelado algo parcialmente oculto. La existencia de una mayor demanda de información y una innegable desconfianza hacia las instituciones hacen necesario un esfuerzo informativo y pedagógico acerca del objetivo y del contenido de todas las negociaciones internacionales. Lo excepcional debe ser lo confidencial y en ese caso hay que explicar el porqué. El secretismo induce ahora a la sospecha y a una presunción de culpabilidad que puede dar al traste con proyectos por muy convenientes y bienintencionados que puedan ser.  

El clásico esquema de secreto con el que se iniciaron las negociaciones Europa - Estados Unidos para el TTIP fue cuestionado desde muy pronto desde la sociedad civil europea. El error político de la Comisión Barroso al despreciar las demandas de claridad sobre las conversaciones se ha transformado en una pesada losa en la actualidad. De poco ha servido la acertada decisión adoptada hace año y medio por el actual Parlamento Europeo y la Comisión Juncker de hacer pública toda la información relativa a las posiciones europeas en las negociaciones (está disponible en la dirección). El tardío ejercicio de transparencia no ha calado en una opinión pública que sigue denunciando un secretismo que desde hace tiempo ya no es tan cierto. Y no solo porque la negativa por parte de los negociadores estadounidenses a hacer públicas sus posiciones haya impedido hasta ahora que la totalidad de los documentos sean conocidos, sino porque no parece razonable que en una negociación de buena fe una de las partes haga públicas las posiciones de la otra.  

Finalmente se debe hacer mención a la labor del equipo negociador europeo. A nuestro juicio la ciudadanía europea tiene motivos para sentirse orgullosa del trabajo realizado hasta ahora y de las posiciones que trasladan. En lo que se ha podido leer, la posición europea parece correcta tanto en las cuestiones formales como en lo relativo a las denominaciones de origen, cuestiones culturales o agricultura. Nuestros negociadores no solo respetan escrupulosamente los límites del mandato negociador establecido por el Consejo Europeo sino que defienden claramente los intereses de la ciudadanía y de las empresas europeas. Por cierto, que el control político no se limita al documento inicial, sino que el texto final ha de ser estudiado, debatido y ratificado tanto por el Parlamento Europeo como por los Parlamentos nacionales para que sea válido.

En definitiva, aún cuando no se puede aventurar cómo van a acabar unas conversaciones en las que las diferencias existentes aún son importantes, consideramos que sería un grave error colectivo subirse al carro de la negación preventiva, el prejuicio o si prefieren la mitomanía de cualquier acuerdo con un socio tan relevante como Estados Unidos.

Iñaki Ortega es profesor de la Universidad de Deusto

Santiago Martínez es profesor de la Universidad de Oviedo