La religión de los datos

(este artículo se publicó originalmente en el periódico Cinco Días el día 16 de junio de 2022

El gobierno del Reino Unido ha acusado a Rusia de tener una fábrica de trols (usuarios de internet que publican mensajes ofensivos) para llenar las redes sociales con propaganda del Kremlin. Los rusos están “difundiendo mentiras en las redes sociales” a través de personas contratadas por la empresa Cyber Front Z con sede en San Petersburgo. Un salario de 600 euros al mes por poner 200 comentarios diarios en Instagram y YouTube a favor de Putin y así engañar al mundo sobre la tragedia de Ucrania. Esta vez han sido activistas, pero en otras ocasiones son algoritmos en Internet que llevan a cabo tareas repetitivas de desinformación (bots). Esta guerra en internet busca debilitar la estabilidad de las democracias occidentales. De hecho, datos pagados por el Kremlin han sido difundidos masivamente en las últimas elecciones que enfrentaron a Biden y Trump, en el Brexit o en la consulta ilegal de Cataluña. 

La digitalización de la economía también ha hecho que la realidad empresarial sea un lugar donde en ocasiones campen por sus respetos la desinformación o la manipulación. El caso de Cambridge Analytica en 2018 en el que Facebook hizo un uso indebido de la información personal de aproximadamente 50 millones de usuarios, abrió la puerta a lo que Harari ha llamado el dataísmo. Yuval Noah Harari es un historiador que ha arrasado con sus libros en todo el mundo con títulos como ‘Sapiens’ u ‘Homo Deus’. En su obra alerta de que hemos llegado a creer que somos dioses y que podemos resolver cualquier problema, pero la realidad es otra. Harari explica que hemos sustituido a Dios por una suerte de nueva religión conocida como dataísmo. Una especie de ideología emergente que «no venera ni a dioses ni al hombre: adora los datos». El nuevo término ha sido utilizado para describir la importancia absoluta que tiene ahora disponer e interpretar los datos.

En estos momentos, las cinco empresas que se sitúan a la cabeza de la facturación mundial ya no son petroleras, sino plataformas que están relacionadas con la tecnología. Es un consenso que el petróleo del siglo XXI son los datos. Para el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, la explosión de los datos y la consiguiente posibilidad de generar conocimiento se va a multiplicar. Todos los productos y sistemas de transporte, incluso la ropa, van a estar conectados a internet emitiendo información. Las previsiones de la consultora IDC nos indican que, en menos de cinco años desde la fecha de publicación de estas líneas, se multiplicarán por cinco los datos almacenados.

Esas empresas obtienen datos masivamente de sus usuarios, y en ocasiones los proporcionan de manera inconsciente. Es cierto que todas estas compañías piden formalmente permiso a los usuarios, pero necesitaríamos más de media hora para leer esas condiciones y como no queremos quedarnos aislados prestamos nuestro consentimiento inmediatamente. Mucha de la información que queda en manos de estas empresas son datos personales que incluyen salud, ocio, ideario político o religioso del presente, del pasado e incluso de futuro, a través de nuestra agenda. Así, al final, algunas de esas plataformas, que ya son más poderosas que los gobiernos de algunas de las grandes naciones del mundo, saben más de nuestra vida que nosotros mismos. De nuevo Harari alerta de que la inteligencia artificial puede ser capaz de saber la orientación sexual de un adolescente antes que él mismo, simplemente por los datos acumulados de su navegación en internet o redes sociales.

No solo las personas sino también empresas y gobiernos hemos ido generando cantidades ingentes de datos, pero -por desgracia- no se han sabido aprovechar para un buen uso. Gartner ha estimado que el 65 por ciento de los datos almacenados están desorganizados y, por tanto, con uso muy limitado. Es verdad que la pandemia ha permitido dar un salto de gigante y según diferentes analistas hemos avanzado en apenas unos meses lo que nos hubiera costado por lo menos un lustro. La rapidez en el diseño de la vacuna del coronavirus es un buen ejemplo de lo anterior.

Las tecnologías de la información son el presente y no deben alarmarnos. Sin embargo, es preocupante que un uso indebido de los grandes conjuntos de datos personales recolectados gracias a ellas pueda lesionar la privacidad, la reputación e incluso la dignidad del ser humano. Los usuarios en ocasiones tenemos la sensación de que hemos perdido el control de nuestros datos, por ello es importante retomarlo. 

Más de la mitad del tráfico de datos no se realiza entre humanos sino con máquinas (bots). Y, de estos, la mitad están dedicados al cibercrimen. Se necesita la misma transparencia en el mundo digital que la que hay en el mundo real. Las fake news prorrusas son el síntoma que ha de servir para que empecemos a preocuparnos y ocuparnos. Es el momento por ello de la regulación, pero también del autocontrol, de una suerte de juramento hipocrático para los tecnólogos que trabajan en las empresas Esta década que iba a ser una reedición de los felices años 20 del siglo pasado, nos está demostrado que no somos dioses sino seres frágiles que necesitamos de buenos datos gestionados desde el humanismo para que nos protejan, nos den salud y hagan mejor el mundo. 

Iñaki Ortega es doctor en Economía y director senior de Educación Directiva en LLYC

David Ruiz es sociólogo industrial y profesor en The Valley

Azorín versus Rufián en la era de Google.

(este artículo se publicó originalmente el día 26 de noviembre de 2018 en el diario La Información en la columna #serendipia)

Las Cortes Generales siempre han sido fuente de noticias. De hecho ser cronista parlamentario es una vieja profesión que no ha desaparecido ni lo hará por la irrupción de la digitalización. Larra en el siglo XIX, Azorín en el XX o Luis Carandell en la transición nos deleitaron con sus artículos escritos en sede parlamentaria. Siempre se necesitará el buen oficio de profesionales que separen la paja del grano y nos cuenten lo relevante de esas prolijas y tediosas sesiones plenarias. Pero eso no quiere decir que de ahora en adelante los periodistas adscritos al Congreso y Senado lo vayan a tener fácil. Para muestra un botón. La semana pasada los medios nos contaron la enésima bufonada del parlamentario Rufián que esta vez desbordó la paciencia de la Presidenta del Congreso y finalmente fue expulsado no sin antes protagonizar, un conmilitón, la noticia de la semana, con un amago de esputo al ministro Borrell. Muy difícil es no llevar a portada este incidente pero más todavía es categorizarlo como menor frente a otras decisiones tomadas en la misma institución precisamente el mismo día.

Sin pena ni gloria llegó a los medios de comunicación que el Senado había aprobado la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y de Garantía de los Derechos Digitales (LOPD). Quizás porque esta pasada primavera acabamos todos hartos de recibir correos electrónicos que nos alternaban de la inminencia de una nueva norma de protección de datos en la que Europa nos exigía más rigor a empresas y ciudadanos a la hora de manejar datos personales. Tantos mensajes que como una espada de Damocles amenazaban con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) si no dábamos nuestro consentimiento a cientos de empresas -la mayoría de veces desconocidas para nosotros- dio como resultado el contrario al deseado, nos hicimos insensibles, por hartazgo, a estar atentos al uso de nuestros datos.

Es aquí donde el noble oficio del informador parlamentario ha de seguir teniendo sentido. Porque entre múltiples comisiones y largos ordenes del día hay que encontrar que casi a la vez que Rufián era expulsado, el pleno de la Cámara Alta del día 21 de noviembre aprobó, con muchos retraso -6 meses frente la obligación europea- y con una amplia mayoría, 220 votos a favor y 21 en contra. 

Únicamente algunos medios especializados dedicaron un breve para alertar de que la nueva norma permitiría a los partidos políticos rastrear datos y realizar perfiles ideológicos de los ciudadanos. A partir de ahí tirando de ese hilo las redes sociales se hicieron eco, con cierto alarmismo y muchas críticas a los partidos políticos por usar datos privados para su beneficio. Indignación es la palabra que mejor resume el estado de ánimo de los que opinaron sobre este asunto. Como si el uso de nuestros datos para intereses espurios fuese algo nuevo y los partidos políticos los únicos ideólogos de esta funesta práctica. 

Los lectores de esta columna recordarán el dataísmo, este fenómeno se describe como una ideología emergente casi una “religión” en la que se adoran los datos como el bien supremo. El término se acuña sarcásticamente como expresión de un mundo que nos ha tocado vivir en el que las grandes empresas tecnológicas convertidas en plataformas usan los datos de sus usuarios como mercancía con la que ganas pingues beneficios sin que la indignación anteriormente mencionada incendie twitter. Es más fácil obtener eco digital atacando a los políticos que a las plataformas que sostienen las redes sociales.

En cambio -a pesar de lo poco que se ha hablado de ello estos días- la ley aprobada en el Senado, sí pone el dedo en la llaga y regula -casi como una suerte de nueva carta de derechos- realidades nacidas con la irrupción de internet. La neutralidad de la red y su acceso universal, los derechos a la educación y seguridad digital así como el derecho al olvido, la portabilidad y el testamento virtual. También el derecho a la desconexión digital, la libertad de expresión, la rectificación y la protección de los menores en interna tienen su espacio en esta norma.

Una buena noticia que ha de ser conocida y que desde numerosas instituciones venía tiempo reclamándose. Sin ir más lejos el mismo día que se aprueba la norma en cuestión, el Rey Felipe VI pero también el prestigioso jurista Antonio Garrigues Walker manifestaron respectivamente su preocupación por respetar la privacidad de las comunicaciones digitales y luchar por la verdad en las redes sociales. Por último la Universidad de Deusto ha presentado un valiente manifiesto a favor de una actualización de los derechos humanos en los entornos digitales que les animo a ojear. Ya que además de lo regulado en la LOPD se habla del derecho a la propiedad intelectual en la red, la igualdad de oportunidades en la economía digital o el derecho a la alfabetización digital, todo desde una perspectiva legal, empresarial, técnica y ética.

Estoy seguro que  algún medio se hará eco de esta declaración universitaria porque todavía hoy quedan, espero que por mucho tiempo, profesionales en las redacciones que saben que hay noticias que no aparecen en los sofisticados motores de búsqueda implementados por los feligreses del dataísmo. 

Iñaki Ortega es profesor de la Universidad de Deusto y ha formado parte del equipo redactor de la Declaración sobre los Derechos Humanos en los entornos digitales.