(este artículo se publicó originalmente el día 26 de noviembre de 2018 en el diario La Información en la columna #serendipia)
Las Cortes Generales siempre han sido
fuente de noticias. De hecho ser cronista parlamentario es una vieja profesión
que no ha desaparecido ni lo hará por la irrupción de la digitalización. Larra en
el siglo XIX, Azorín en el XX o Luis Carandell en la transición nos deleitaron
con sus artículos escritos en sede parlamentaria. Siempre se necesitará el buen
oficio de profesionales que separen la paja del grano y nos cuenten lo
relevante de esas prolijas y tediosas sesiones plenarias. Pero eso no quiere
decir que de ahora en adelante los periodistas adscritos al Congreso y Senado
lo vayan a tener fácil. Para muestra un botón. La semana pasada los medios nos
contaron la enésima bufonada del parlamentario Rufián que esta vez desbordó la
paciencia de la Presidenta del Congreso y finalmente fue expulsado no sin antes
protagonizar, un conmilitón, la noticia de la semana, con un amago de esputo al
ministro Borrell. Muy difícil es no llevar a portada este incidente pero más
todavía es categorizarlo como menor frente a otras decisiones tomadas en la
misma institución precisamente el mismo día.
Sin pena ni gloria llegó a los medios de
comunicación que el Senado había aprobado la nueva Ley Orgánica de Protección
de Datos y de Garantía de los Derechos Digitales (LOPD). Quizás porque esta
pasada primavera acabamos todos hartos de recibir correos electrónicos que nos
alternaban de la inminencia de una nueva norma de protección de datos en la que
Europa nos exigía más rigor a empresas y ciudadanos a la hora de manejar datos
personales. Tantos mensajes que como una espada de Damocles amenazaban con el Reglamento
General de Protección de Datos (RGPD) si no dábamos nuestro consentimiento a
cientos de empresas -la mayoría de veces desconocidas para nosotros- dio como
resultado el contrario al deseado, nos hicimos insensibles, por hartazgo, a
estar atentos al uso de nuestros datos.
Es aquí donde el noble oficio del
informador parlamentario ha de seguir teniendo sentido. Porque entre múltiples
comisiones y largos ordenes del día hay que encontrar que casi a la vez que
Rufián era expulsado, el pleno de la Cámara Alta del día 21 de noviembre aprobó,
con muchos retraso -6 meses frente la obligación europea- y con una amplia
mayoría, 220 votos a favor y 21 en contra.
Únicamente algunos medios especializados
dedicaron un breve para alertar de que la nueva norma permitiría a los partidos
políticos rastrear datos y realizar perfiles ideológicos de los ciudadanos. A
partir de ahí tirando de ese hilo las redes sociales se hicieron eco, con
cierto alarmismo y muchas críticas a los partidos políticos por usar datos
privados para su beneficio. Indignación es la palabra que mejor resume el
estado de ánimo de los que opinaron sobre este asunto. Como si el uso de
nuestros datos para intereses espurios fuese algo nuevo y los partidos
políticos los únicos ideólogos de esta funesta práctica.
Los lectores de esta columna recordarán
el dataísmo, este fenómeno se describe como una ideología emergente casi una “religión”
en la que se adoran los datos como el bien supremo. El término se acuña
sarcásticamente como expresión de un mundo que nos ha tocado vivir en el que
las grandes empresas tecnológicas convertidas en plataformas usan los datos de
sus usuarios como mercancía con la que ganas pingues beneficios sin que la
indignación anteriormente mencionada incendie twitter. Es más fácil obtener eco
digital atacando a los políticos que a las plataformas que sostienen las redes
sociales.
En cambio -a pesar de lo poco que se ha
hablado de ello estos días- la ley aprobada en el Senado, sí pone el dedo en la
llaga y regula -casi como una suerte de nueva carta de derechos- realidades
nacidas con la irrupción de internet. La neutralidad de la red y su acceso
universal, los derechos a la educación y seguridad digital así como el derecho
al olvido, la portabilidad y el testamento virtual. También el derecho a la
desconexión digital, la libertad de expresión, la rectificación y la protección
de los menores en interna tienen su espacio en esta norma.
Una buena noticia que ha de ser conocida
y que desde numerosas instituciones venía tiempo reclamándose. Sin ir más lejos
el mismo día que se aprueba la norma en cuestión, el Rey Felipe VI pero también
el prestigioso jurista Antonio Garrigues Walker manifestaron respectivamente su
preocupación por respetar la privacidad de las comunicaciones digitales y
luchar por la verdad en las redes sociales. Por último la Universidad de Deusto
ha presentado un valiente manifiesto a favor de una actualización de los
derechos humanos en los entornos digitales que les animo a ojear. Ya que además
de lo regulado en la LOPD se habla del derecho a la propiedad intelectual en la
red, la igualdad de oportunidades en la economía digital o el derecho a la
alfabetización digital, todo desde una perspectiva legal, empresarial, técnica
y ética.
Estoy seguro que algún medio se
hará eco de esta declaración universitaria porque todavía hoy quedan, espero
que por mucho tiempo, profesionales en las redacciones que saben que hay
noticias que no aparecen en los sofisticados motores de búsqueda implementados
por los feligreses del dataísmo.
Iñaki Ortega es profesor de la Universidad de Deusto y ha formado parte del equipo redactor de la Declaración sobre los Derechos Humanos en los entornos digitales.
