Las canas olvidadas

(este artículo se publicó originalmente en El Periódico de Cataluña el día 22 de abril de 2023)

El FMI ha actualizado las previsiones macroeconómicas para España elevando unas décimas el crecimiento del PIB y dejando a la mitad la inflación. Buenas noticias que han ocultado la mención del organismo a nuestro mercado laboral. Según Georgieva seguiremos este año y el siguiente con una tasa desempleo que no bajará del 12% liderando las cifras de paro en Europa. Triste estadística que comparten los jóvenes españoles y los mayores de 55 años, ya que, en ambos, el paro juvenil y el paro senior, es de los más altos del continente.

A la vez que desde Washington se presentaba este informe, en Valencia la empresa Ford, los sindicatos y los gobiernos autonómico y estatal, daban el visto bueno a prejubilar con 53 años a 1124 trabajadores de la compañía de automoción. Fruto de un pacto tripartito, más de mil trabajadores pasarán los siguientes quince años sin trabajar, pero cobrando de la empresa y de la administración hasta que llegue la pensión pública. O lo que es lo mismo, treinta años por delante de ingresos asegurados sin trabajar. En la mayoría de los casos los trabajadores estarán muchos más años cobrando de lo público que años empleados. El caso de esos mil seniors es sintomático de lo que sucede en España con un colectivo de 6.588.873 personas (población entre 55 y 65 años) en el que apenas 3.600.000 están trabajando.

Esta penosa situación, empero, ayuda a poner foco en el camino que nos queda por recorrer. Por ejemplo, alcanzar las cifras de los suecos en tasa de empleo senior del 85% frente al 65% de los españoles, lo que supondría ganancias medidas por el PIB de entre cinco y diez puntos, conforme a estudios citados por el centro de investigación ageingnomics de la Fundación Mapfre. El discurso del ministro Escrivá de alargar la vida laboral, convertido ahora en papel mojado tras el acuerdo de Ford que él mismo ha defendido, pone de actualidad la apuesta de un grupo de docentes -entre los que me encuentro- por el talento senior. Con una legislación que contemple el retiro como un derecho no como un deber, facilite el trabajo -al menos voluntario- por encima de la edad de jubilación, mejore la fórmula para compatibilizar pensión y trabajo, acerque la edad real de salida del trabajo a la edad legal y penalice las jubilaciones anticipadas y las prejubilaciones.

En una suerte de acuerdo colusorio, la empresa y el sindicato UGT con la bendición del Estado han olvidado que la generación de las canas no se agota con los mil prejubilados de Ford, sino que millones de españoles padecen tener una carrera laboral más corta, hasta ocho años, que los suecos o los alemanes. Menos años trabajando es sinónimo de pobreza en la vejez y una mayor probabilidad de morir por el efecto de la soledad.

Para luchar contra el olvido de las canas urge el establecimiento de un gran pacto de país para el fomento del empleo senior que corte de raíz el derroche de talento de los mayores españoles. Este pacto, cuyo compromiso superaría los cinco años, debería firmarse públicamente por los principales representantes políticos, de trabajadores y empresarios. El acuerdo se incorporaría a los programas de gobierno, planes estratégicos empresariales e institucionales de los firmantes.

El gran reto laboral no es retirar con 53 años a empleados con plenas facultades sino trabajar más años, lo cual es posible en todas aquellas ocupaciones focalizadas en el sector terciario o en la servindustria que no demanden un gran esfuerzo físico. 

Al mismo tiempo el trabajo autónomo y el emprendimiento de los seniors ha de fomentarse desde los poderes públicos con atractivas bonificaciones fiscales, ayudas públicas y reducciones de las cuotas de autónomos. Las empresas siguiendo el ejemplo de compañías pioneras de otros lares han de propiciar esta fórmula como vía para alargar la vida laboral de sus antiguos empleados y hacer real “segundas carreras”.

La formación a lo largo de la vida de los trabajadores seniors españoles es una asignatura pendiente que las administraciones, pero también las empresas han de superar. Los datos del Banco de España sobre la distancia de los empleados mayores españoles respecto a sus pares europeos en actividades formativas realizadas, exige una actuación concertada para fomentar con instrumentos públicos nuevos programas de recualificación profesional (reskilling y upskilling)

La prolongación de la actividad exige cambios también culturales. Una nueva mentalidad por parte de todos los actores del mercado laboral para comprender que, en una próxima vida muy cercana a los cien años, la prolongación del trabajo se va a convertir en una necesidad ineludible. En especial los propios mayores han de concienciarse de que por muy atractivo que parezca adelantarse a la edad oficial del retiro, es inviable económicamente y perjudicial para su salud física y emocional, dejar de trabajar con más de treinta años por delante de vida. 

Por último, los seniors se han convertido en el más importante grupo en el campo económico (consumo y patrimonio) y político (censo electoral) pero esta realidad no es conocida por la opinión pública. Una suerte de activismo senior en España inspirado en la exitosa asociación americana de retirados (AARP) promovida desde la sociedad civil, no solo visibilizaría el colectivo, sino que haría inviables actuaciones flagrantemente edadistas. Un reciente experimento del Gobierno Vasco lo ha constatado al mandar a reclutadores idénticos currículos de mayores de 50 años y de menores de esas edades y obtenerse la mitad de entrevistas para los seniors. Propiciar la presencia en la opinión pública de españoles que superan los cincuenta años y siguen aportando a la sociedad con su trabajo en campos como la ciencia, el funcionariado, la docencia o el emprendimiento, ayudaría a desterrar esta discriminación. 

En definitiva, por mucha giga factoría de baterías que cree Ford y que la acabe inaugurando el presidente del Gobierno, es infinitamente más rentable económicamente para el país no olvidar las canas.

 

Iñaki es doctor en economía en La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y LLYC