¿Estamos seguros de que el único
precio que pagamos por utilizar un teléfono móvil es la tarifa plana? España
es, junto con Singapur, uno de los países donde hay más teléfonos móviles por
persona. El 92% de los ciudadanos españoles tiene uno y hay 120 líneas por cada
100 usuarios. Nos situamos por tanto, incluso por encima de Estados Unidos,
donde solo el 90% de la población tiene un móvil.
Precisamente en ese país, un juez
de Michigan ha condenado a 110 años de prisión a una persona, apellidada
Carpenter, porque se le involucró en cuatro atracos a cuatro centros
comerciales por los datos de ubicación sacados de su teléfono móvil, aunque se
obtuvieron sin orden judicial. A pesar de que su abogado alegó ante el Tribunal
Superior que, según la cuarta enmienda de la Constitución americana se estaban
violando sus derechos, el tribunal de apelación desestimó la alegación
asegurando que nadie está obligado a llevar un teléfono móvil y que si alguien
no desea que le geolocalicen, es mejor que no lo tenga.
La tecnología es el presente, y
no debe alarmarnos, pero sí es preocupante cómo un uso indebido de la cantidad
de datos recolectados gracias a ella puede lesionar la privacidad, la
reputación e incluso la dignidad del ser humano.
Los usuarios hemos perdido el
control de nuestros datos y es importante retomarlo. Proponemos para ello el
Derecho, para que actúe como límite a la explotación desordenada, al
desequilibrio y al abuso en la gestión de la tecnología. Debemos ser capaces de
disfrutar de los beneficios de la tecnología, pero eso no debe ser incompatible
con que gestionemos nuestros datos.
No son pocos los investigadores
que hablan de una cuarta generación de derechos humanos que nos permita poder
desconectar o que las máquinas nos olviden, incluso que la Red sea neutral. La
primera generación de derechos humanos, con la libertad y la igualdad, nos
protegió frente al poder de los Estados gracias a la Revolución Francesa. La
segunda generación, con el derecho al empleo y la sanidad, permitió un Estado
que nos defendiese. La tercera generación de derechos fundamentales fue
coherente con la globalización y consagró el pacifismo. Ahora el Derecho tiene
que volver a ser el límite a la explotación y al abuso, esta vez en la gestión
de la tecnología que muchas plataformas están haciendo. Se necesita por tanto
una cuarta generación, la de los derechos fundamentales en la era digital. El
derecho al olvido, el derecho a la muerte digital, el derecho a la neutralidad
de la Red o el mencionado derecho a gestionar tus datos, son solo algunos
campos donde merece la pena profundizar.
En estos momentos, las cinco
empresas que se sitúan a la cabeza de la facturación mundial ya no son
constructoras o compañías de hidrocarburos, sino que son plataformas que están
relacionadas con las telecomunicaciones y la tecnología. Si se nos permite el
juego de palabras, el nuevo petróleo son los datos que estas empresas obtienen
masivamente de sus usuarios, en ocasiones de manera inconsciente. Es cierto que
todas estas compañías sí piden formalmente permiso a los usuarios para
obtenerlos, pero el consentimiento que prestamos se da, más para no quedar
aislados tecnológicamente del mundo, que por otras razones. Se tardan unos 40
minutos de promedio en leer los “términos y condiciones de uso” que se nos
exigen cuando damos de alta un aparato o nos inscribimos en una red social. Sin
embargo, y también de promedio, los usuarios prestamos nuestro consentimiento
en tan solo ocho segundos.
En 2020 se calcula que habrá
50.000 millones de dispositivos conectados a Internet en el llamado IoT
(Internet de las cosas). De modo que a las fuentes habituales de captación de
datos deberemos añadir en breve la aportación de los procesadores, los sensores
y el tratamiento masivo de esos big data. Y conviene también tener en
cuenta que esas máquinas además de captar datos, pueden tratar, ordenar e
incluso llegar más allá de lo que normalmente podemos hacer los humanos con
nuestras limitadas capacidades.
Mucha de
la información que queda en manos de estas empresas son datos personales que
incluyen salud, ocio, ideario político o religioso del presente, del pasado e
incluso de futuro —a través de nuestra agenda—. Eso incluye también, para
nuestra desgracia, los datos borrados y enviados a la papelera o cortes de voz,
o imágenes familiares íntimas, por no hablar de los datos de geolocalización.
Así, al final, algunas de esas plataformas, que ya son más poderosas que la
mayoría de los Gobiernos del mundo, saben más de nuestra vida que nosotros
mismos.
A lo largo de la historia cada
impulso relevante en la defensa de los derechos humanos ha surgido como
respuesta de la sociedad civil a manifiestos abusos del poder. Ante la
monarquía absolutista, la declaración de derechos de Virginia del año 1776.
Ante el auge de los totalitarismos la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de la Asamblea de Naciones Unidas del año 1948. Ahora, ante
el auge exponencial de tantas violaciones de derechos en el mundo digital, a
qué esperamos para actualizar esa lista, e incluso para incluir nuevos
derechos.
Es evidente que la transformación
digital ha traído muchas ventajas, algunas irrenunciables y casi todas
irreversibles. Por tanto, la solución no es poner pie en pared frente a la
tecnología. La solución es humanizarla.
Eloy Velasco Núñez es Magistrado-Juez de la Audiencia Nacional e Iñaki Ortega es `profesor y director de Deusto Business School
No hay comentarios:
Publicar un comentario