(este artículo se publicó originalmente en El Periódico el día 11 de noviembre de 2022)
Se atribuye al economista británico Ronald Coase la repetida frase de que «si torturas los datos por suficiente tiempo, confesarán lo que sea». A este insigne miembro de la escuela de Chicago no le concedieron el Premio Nobel de Economía en el año 1991 por su ocurrente sentencia sino por demostrar la importancia de las instituciones en las transacciones.
Pero cómo no acordarse de
Coase estas semanas en las que, para un mismo dato económico, la interpretación
del gobierno difiere radicalmente de la del consenso de todos los analistas.
Los precios en octubre siguen al
alza con un 7,3% y aunque llevamos 13 meses con subidas que superan el 5%, los
mensajes triunfalistas desde las tribunas oficiales equiparan subir menos con
bajar. Para el gobierno, España no tiene un problema de precios, pero sí
Alemania e Italia, obviando que las medidas para luchar contra la inflación son
europeas con la política monetaria del BCE.
La economía española arrastra los
pies con una escuálida subida trimestral del 0.2% y el gobierno habla de la
gran fortaleza de nuestra economía. Pero, aun así, el dato no es malo para el
ministerio, porque a pesar de la guerra de Ucrania “la resistencia de la
actividad española es sorprendente”. Del frenazo de las exportaciones y de la
caída de la inversión no se habla porque para qué estropear un buen titular.
La tasa de desempleo aumenta
hasta alcanzar un 12,6% o lo que es lo mismo casi 3 millones de españoles que
quieren trabajar, pero no encuentran empleo. Y desde el Gobierno lo celebran
porque justifican el aumento de la tasa de paro por mor de la matemática, ya
que la tasa es un cociente y no solo aumenta el denominador -los parados- sino
también el numerador - “fuerte incremento de la población activa”-. Eso
significa que hay más personas buscando un empleo porque ha aumentado “la
confianza de los trabajadores” en el mercado de trabajo.
El premiado economista
con su flema inglesa, ante esta situación, hubiese bromeado con que alguien en
el Ministerio de Economía está torturando al IPC, a la EPA y al PIB. Casi estoy
viendo la imagen que tanto haría reír a Coase. En un remoto despacho del Paseo
de la Castellana, técnicos comerciales del estado, nombrados por la vicepresidenta
Nadia Calviño, aplicando electrodos, luces cegadoras y música ensordecedora a
los pobres indicadores de contabilidad nacional que exhaustos acaban firmando
una declaración sobre la buena situación de la economía patria. Ese siempre
riguroso IPC, después de horas sin dormir, reconoce que, en España, con un 7,3%
de inflación y una subyacente del 6,2%, no tenemos problemas con los precios
por mucho que se haya aprobado una agresiva subida de los tipos de interés para
toda la zona euro. El viejo pero confiable PIB no tiene otro remedio que
confesar, ante la amenaza de más descargas, que, aunque no hemos recuperado los
niveles pre-COVID el año que viene con una aumento -que nadie se cree- del 2%
estaremos ya como en 2019. Y la pobre tasa de desempleo, agotada tras el
interrogatorio, tiene que asumir el papelón de minusvalorar los más de 60.000
parados de este verano y poner en cambio el foco en los miles de empleos que se
han creado por el sector público.
A Coase ya no le hubiera
hecho tanta gracia los cambios en la dirección de instituciones como el
Instituto Nacional de Estadística (INE) que emiten los principales indicadores
económicos de nuestro país. Ni tampoco que instituciones como la AIREF haya
puesto en solfa los informes económicos sobre los que se diseñan los
presupuestos. No en vano el premiado economista fue el fundador de la conocida
como Nueva Economía Institucional que defiende el papel clave de las instituciones
sociales (leyes, contratos reguladores, supervisores y administraciones
públicas entre otras) en el comportamiento de los agentes económicos. Imagino
su cara de desagrado al contarle que en España el responsable del organismo
público CIS es un militante del partido del gobierno que emite encuestas electorales
que no coinciden con las de ningún instituto demoscópico. Pero ya le hubiera
indignado sobremanera, a la luz de sus estudios sobre las leyes contractuales,
conocer que las instituciones españolas no son capaces de desbloquear el
gobierno de los jueces que sigue dependiendo de los partidos políticos.
Torturando la
contabilidad nacional, los argumentarios de los consejos de ministros están
consiguiendo mantener la vana ilusión de que la economía española está libre de
problemas. Igual que los martirios del señor Tezanos a las encuestas acaban
generando mayorías incontestables para su jefe de partido. Pero, esos suplicios
a los datos, tarde o temprano se acaban descubriendo. Las medidas aprobadas por
el Banco Central acabarán congelando definitivamente la economía continental; empezarán
los despidos y ya no podrán pagar las hipotecas muchas familias. Al mismo
tiempo llegarán las elecciones y las urnas dirán verdades y no deseos. Y los
indicadores de contabilidad nacional recuperarán su tranquilidad y su
fiabilidad.
Iñaki Ortega es doctor en
economía en la UNIR y LLYC
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