(una versión de este artículo se publicó originalmente el día 10 de junio de 2020 en el periódico El Mundo)
Cada día conocemos nuevos datos
de la devastación que ha provocado la crisis sanitaria de la covid19. Más de 6
millones de personas contagiadas en el mundo de las que 383.000 han muerto,
solamente en España casi 50.000 fallecidos según el INE. Además, el empleo de
los jóvenes reducido en un 50% en el mundo, caídas de hasta un 10% del PIB en
Europa y tasas de desempleo en España multiplicadas por dos. A esta desolación
en nuestro país se ha unido las noticias sobre el efecto de la pandemia en las
residencias para mayores.
Conocíamos que el virus era
especialmente letal con los adultos mayores y que esa vulnerabilidad desde el
principio de la pandemia explicaba que nueve de cada diez fallecidos eran
mayores de 65 años, pero los adjetivos se quedan cortos con lo sucedido en las
residencias. Los datos elaborados conforme a informes de las comunidades
autónomas y el Instituto de Salud Carlos III infieren que una gran parte de los
fallecidos han sido en residencias, con el detalle por territorios de la tabla
adjunta.
Estos datos unidos a los
testimonios de portavoces autorizados en el Congreso revelan que en nuestro
país las residencias fueron abandonadas a su suerte en los peores momentos de
la pandemia. Mayores conviviendo con cadáveres, la negativa a atender en
hospitales a los enfermos octogenarios, cuidados paliativos como único
tratamiento, absentismo del personal por la ausencia de medidas de protección
son alguna de las razones que explican que en algunas comunidades autónomas el
90% de todos los adultos mayores fallecidos por coronavirus vivían en
residencias.
Nada más lejos de nuestra
intención que estigmatizar las residencias de mayores. Muy al contrario, ante
tanto ruido urge poner luz sobre el fenómeno de los cuidados de larga duración
en nuestro país y evitar actuaciones “en caliente” que poco ayudarán a la cada
vez más necesaria oferta de calidad para atender los cuidados de las personas
mayores. La desinstitucionalización en favor de los cuidados no formales o la
conversión de las residencias en hospitales son alertas para lo anterior.
En España más de nueve millones
de personas superan la edad de 65 años, y el parque de plazas en residencias de
mayores es algo más de 370.000, es decir, una ratio de 4.1 plazas por cada 100
habitantes de dicho rango de edad, lejos de las 5 plazas recomendada por la OMS.
Dicho de otra forma, en España solamente una minoría de personas cuya edad
supera los 65 años reside en residencias de mayores. Teniendo en cuenta las
perspectivas demográficas de España, en 2030 aún manteniendo la actual ratio de
cobertura serán necesarias 93.000 nuevas plazas. Si España aspirase a alcanzar
en estos próximos diez años la ratio recomendada, habría que aumentar la oferta
en más de 200.000 plazas. Los servicios residenciales seguirán siendo
necesarios, con o sin pandemia, porque la población mayor dependiente aumentará
y la oferta de cuidados actual es incapaz de responder sin estas instituciones.
Pero es verdad que lo sucedido
por la crisis de la covid19 exigirá una revisión en torno al modelo
institucional de las residencias, su funcionamiento, planes de contingencia e
integración con el sistema sanitario. Y sería conveniente que esa revisión del modelo
se hiciera sin perder de vista la oportunidad de atraer inversión, tanto
pública como privada, generación de empleo de calidad y reconocimiento del
papel que juegan en la sociedad dichos centros, sus profesionales y sus
residentes. FEDEA nos recuerda que la atención residencial a la dependencia
sigue siendo un campo en el que apenas hay una metodología de indicadores,
auditoría y control de estos centros y urge dar pasos en ese sentido.
Pero no solo el modelo
institucional de las residencias requiere una reflexión. Conforme a los datos
anteriores puede concluirse que más de 11.000 personas mayores han fallecido
fuera de las residencias, en sus hogares o en centros sanitarios. España, según la ONU, será en breve uno de
los países más longevos del planeta. Nuevos
modelos de vivienda para mayores (senior housing) diferentes al institucional
de las residencias tendrán hueco en un mercado que será cada vez más amplio y
consciente de la necesidad de contar con servicios asistenciales en un formato
adaptable a las necesidades de cada momento vital. A su vez el sector de la
atención a la dependencia generará un gran número de puestos de trabajo, y es
una industria que no se puede deslocalizar. Las generaciones del baby
boom que ahora están llegando a la jubilación exigirán modelos
novedosos de atención centrados en el hogar y cuidados más personalizados, y
dispondrán de mejores pensiones para poder pagarlos. Una oportunidad
estratégica de creación de riqueza y empleo que la OCDE han bautizado como
economía plateada. Más de la mitad del patrimonio y del gasto nacional proceden
de los mayores, hagamos posible ahora que además sean atendidos de la mejor
manera por nuevos servicios, nuevos empleos y administraciones públicas
cómplices con esta silver economy.
Iñaki Ortega es director de
Deusto Business School
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