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miércoles, 18 de marzo de 2020

Jueces centauros. La inteligencia artificial se hibridará con los humanos



(este artículo se publicó originalmente en el diario Expansión el día 17 de marzo de 2020)


La Inteligencia Artificial (IA) ha conseguido hacerse un hueco en nuestras vidas y su uso está mucho más extendido de lo que nosotros mismos creemos. Quizás el culpable de esta errónea percepción es Deep Blue. Han pasado más de dos décadas desde que el famoso robot de IBM venciese al campeón mundial de ajedrez Gary Kasparov, sin embargo, los cambios disruptivos que se anunciaron entonces nunca llegaron. Pero en los últimos años han comenzado a pasar muchas cosas. Aunque aún no vinculemos la IA con nuestra cotidianidad, todos los días usamos un asistente de voz en el móvil o en casa. Siri de Apple nos informa del tiempo; Alexa de Amazon pone la música que nos gusta cuando se lo pedimos; Facebook o Google nos etiquetan y clasifican fotos a través del reconocimiento de imágenes y Waze nos da información optimizada y en tiempo real sobre los atascos. No son tan conocidos los dispositivos domóticos como termostatos inteligentes; los chatbots -sistemas que usan el lenguaje natural para la comunicación entre seres humanos y máquinas y que gracias a la IA mejoran con cada experiencia- o los asistentes para compras o para el aprendizaje de idiomas y hasta en la búsqueda de viviendas o en diagnósticos médicos. La lista se haría interminable si incluyéramos los videojuegos, los drones, las armas inteligentes y los vehículos autónomos donde la IA ha desembarcado con fuerza.

Y ha aterrizado también en el derecho. Los abogados llevan ya un tiempo beneficiándose de su uso, mediante algoritmos de tratamiento de datos, que les ayudan a buscar estrategias que han tenido éxito en casos similares o a rectificar argumentaciones. Ahora le toca al terreno procesal y vaticinamos que paulatinamente irá permeando al núcleo duro del Derecho Penal mediante su aplicación para auxiliar en la decisión judicial. Hay ejemplos diversos de la aparición de asistentes legales entrenados. Por ejemplo, en China ya funciona Xiao Fa que genera borradores de hipotéticas sentencias penales en cien tipos de delitos como los de los Tribunales de Hengezhou, Pekín y Guangzhou y ayuda a decidir en asuntos sobre operaciones en red, comercio electrónico y propiedad intelectual. El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires utiliza a Prometea, que es capaz de predecir en menos de 20 segundos y con una tasa de acierto del 96%, la solución a un caso judicial. El uso de procedimientos de IA ha permitido, asimismo, haber reducido el tiempo destinado a seleccionar casos urgentes de 96 días a 2 minutos en la Corte constitucional de Colombia. También destaca la experiencia comandada por el Ministerio de Justicia estonio, que está diseñando un “Juez robot” que pueda dirimir litigios de reclamación de cantidades inferiores a 7.000 euros, y que, a diferencia de los proyectos anteriores, hace que sea la máquina la que juzgue en primera instancia.

Pero, además, son muchas las técnicas y aplicaciones en las que la IA podría auxiliar en labores nucleares del proceso penal, como la prueba de hechos punibles y su exposición en la pericial mediante 3D, infografías, realidad virtual o hologramas. También algoritmizar indicios y elementos medibles para ayudar al Juez a la hora de condenar o absolver. A su vez podrían tener un destacado papel en la fase de instrucción en la toma de denuncias por máquinas o la interacción por voz o chat mediante asistentes digitales conversacionales reconocedores de lenguaje natural. Pero también mediante el análisis acelerado de datos personales vinculados al sospechoso, tratados con técnicas basadas en patrones de comportamiento y predicción, que hagan más fácil la toma de decisiones como la adopción de medidas cautelares o la concesión de beneficios penitenciarios.

En el informe de McKinsey “IA, automatización y el futuro del trabajo” se puso de manifiesto que la automatización desplazará a alrededor del quince por ciento de la fuerza laboral mundial, o lo que es lo mismo 400 millones de trabajadores podrían perder su trabajo de aquí a 2030. Dicho estudio alerta de que la IA no se podrá frenar en los trabajos con tareas repetitivas que serán sustituidos por sistemas automatizados. En Amazon, los empleados que trabajaban en los almacenes apilando paquetes hoy se están convirtiendo en operadores de robots, controlando los brazos automatizados y resolviendo problemas como una interrupción en el flujo de objetos. Si así pasa en la distribución, en el Derecho, por muchos togados que se opongan, acabará sucediendo lo mismo.

Al margen de estas consideraciones es imprescindible que se regule la utilización de la IA, también en la Justicia, para respetar tanto los derechos fundamentales como las garantías constitucionales. Hace poco más de un año varios profesores de la Universidad de Deusto firmamos una declaración a favor de una nueva generación de derechos en la era digital. Era una llamada a la reflexión sobre la necesaria y urgente defensa de la dignidad e integridad de la persona en el contexto de la revolución tecnológica. Uno de los dieciséis derechos que propusimos rezaba: “Toda persona tiene derecho a que las decisiones que afectan a sus derechos no se adopten exclusivamente a partir del tratamiento automatizado de información. Por ello, debe garantizarse la revisión por personas de cualquier decisión automatizada que incida sobre derechos y libertades”. Detrás de la IA siempre tendrá que estar un Juez.

Deep Blue también permitió que naciese un nuevo término en la empresa: los centauros. Actualizando a nuestros días esa mezcla de hombre y caballo de la mitología griega nos encontramos con la IA. Ahora ya es posible un nuevo centauro, híbrido de hombre y máquina. La capacidad analítica pero también emocional de las personas unida a la sofisticación de las máquinas permitirá poder resolver problemas inimaginables. También en la Justicia.

Iñaki Ortega es director de Deusto Business School
Eloy Velasco Núñez es magistrado de la Audiencia Nacional


viernes, 23 de diciembre de 2016

¿Robots con toga? Los litigios electrónicos

(este artículo se publicó originalmente en el periódico Expansión el  23 de diciembre de 2016)

Antes de que acabe el año los ayuntamientos de toda España habrán emitido más de 36 millones de recibos de IBI. Los recibos se habrán generado de manera automática por programas de gestión y recaudación tributaria a partir de los datos del padrón catastral. En caso de reclamación, un abogado podrá acceder al valor catastral, y a partir de este dato podrá aplicar los coeficientes y demás operaciones necesarias para calcular la cuota. Si el resultado de los cálculos es discrepante tratará de encajar las alegaciones y planteará el recurso.

En los semáforos de nuestras ciudades ya hay cámaras y radares capaces de poner centenares de multas en un solo día. La máquina toma la imagen y otra máquina calcula la multa. El ciudadano o su abogado intentarán defenderse accediendo a un expediente que es un archivo electrónico, viendo si la imagen es correcta, si el aparato de medición se encuentra en estado de revista y otras alegaciones para valorar presentar un recurso.

Los dos casos anteriores tienen en común la existencia de una máquina que produce un acto de relevancia jurídica que perjudica de manera directa y ejecutiva al patrimonio de los afectados. Si queremos que la defensa despliegue los argumentos jurídicos de manera completa debe conocer el funcionamiento de las máquinas y programas que originan la actuación para poder alegar contra sus defectos y sus debilidades.

Un buen análisis de la máquina nos lo puede proporcionar otra máquina. A partir del diagnóstico que esta nos dé, el jurista podrá aplicar las categorías jurídicas correspondientes a cada uno de los fallos detectados y, si el fallo es recurrente, el jurista podrá ordenar a otra máquina que lo combata de forma automatizada llegando incluso a adaptarse al ritmo de producción del emisor de las resoluciones. Naturalmente, se produce un efecto recíproco y el primer emisor valorará si procede o no estimar las alegaciones y responder en consecuencia generando cuantas respuestas automatizadas sean necesarias.

Así es como están naciendo los primeros litigios electrónicos y así es como se resolverá en el futuro una parte importante de los conflictos originados por la actuación de las grandes organizaciones. Se vislumbra así un gran futuro para la utilización de sistemas informáticos para el diagnóstico jurídico y el desarrollo los mediadores electrónicos de conflictos o sistemas ODR (Online Dispute Resolution), al menos en su fase amistosa o extrajudicial. Algunas corporaciones de la llamada nueva economía ya lo están haciendo. Las empresas con base en Silicon Valley, PayPal o eBay utilizan estos sistemas. Esta última ya resuelve más de 60 millones de conflictos entre compradores y vendedores al año como nos recuerdan los profesores, padre e hijo, Susskind en su reciente y recomendable libro “El futuro de las profesiones”.

Pero también las Administraciones Públicas. La Comisión Europea lanzó a principios de este año su propia plataforma de resolución de litigios en línea en materia de consumo, si bien poniendo más el énfasis en la resolución alternativa de conflictos que en su automatización.  Los sistemas ODR tienen un funcionamiento común. Si una de las partes tiene una queja, abre el caso y expone el problema. La otra parte recibe la notificación y tiene un plazo para contestar. El sistema ODR se ocupa del resto promoviendo en primer lugar la negociación automatizada y al mismo tiempo se modelizan conflictos y se identifican controversias típicas con soluciones óptimas. Todos ellos culminan, en su caso, con mediación o arbitraje pero a nadie se le escapa que también ayudarán a “desastacar” los saturados tribunales de justicia.

Los bancos llevan años alarmados por la amenaza de las empresas fintech, la educación superior ha mejorado con la llegada de las nuevas universidades online, algoritmos programables ya escriben muchísimas noticias en periódicos de todo el mundo, el turismo ya no se entiende sin las hasta hace poco startups como Amadeus o Airbnb… No hay sector que no esté sufriendo la disrupción tecnológica y el derecho no iba a ser una excepción. Bienvenidos los robots con toga.

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Iñaki Ortega es doctor en economía y profesor de la Universidad de Deusto

Pedro Gonzalez es doctor en derecho y profesor de la Universidad Autónoma


jueves, 30 de abril de 2015

La lucha contra el cibercrimen

(este artículo fue publicado originalmente en el suplemento Innovadores del periódico El Mundo el día 30 de abril de 2015)

Hace unas semanas el Presidente Obama se desplazó al corazón de Silicon Valley, a la Universidad de Stanford. La recomendación partía nada menos que de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), además de la propia CIA. El objetivo era lograr apoyos entre los emprendedores tecnológicos a favor de la ciberseguridad. La preocupación de ambas agencias nos demuestra que la cuestión no es baladí. El Presidente aseguró en su visita que desde que es inquilino de la Casa Blanca los ataques informáticos se han ‎quintuplicado. De hecho, recientemente gigantes empresariales han sufrido las consecuencias, como es el caso de Target, Home Depot o Sony con la polémica película sobre Corea del Norte. También en España, la editora de este periódico, Unidad Editorial y entidades bancarias como el Santander han elevado la prioridad de control de los riesgos cibernéticos y actuado en consecuencia, destinando cada día más recursos a la ciberseguridad. Somos ya el tercer país del mundo con  más ataques. En 20014  sufrimos alrededor de 70.000 agresiones cibernéticas. 


Con su visita a Silicon Valley el presidente de EE UU  buscaba  sensibilizar a los emprendedores y lograr llamar su atención con el argumento de que si ayer esas otras empresas fueron atacadas, mañana cualquiera puede sufrirlo en sus propias carnes, embistiendo contra su privacidad o sus finanzas.

Los expertos en riesgos son menos laxos en sus planteamientos que el Presidente Obama y consideran que hay muchas industrias que no han invertido lo suficiente en este terreno y de hecho al día de hoy están desprotegidas ante acciones de piratas informáticos y de sus programas maliciosos (badwares).  

Es por esto que a los conocidos nichos de negocio para las nuevas empresas de base tecnológica, como son el internet de las cosas, la movilidad o la robótica, hemos de incluir ahora todo lo relativo a la ciberseguridad. 

La nueva generación del milenio, los millennials, es la primera generación nativa digital y al igual que ‎con sus innovaciones disruptivas están dando soluciones en sectores tan variopintos como el turismo, la música, ‎la energía o las telecomunicaciones, han de afrontar necesariamente el reto de la seguridad dentro de ésta nueva era cibernética.


Iñaki Ortega es  doctor en economía y profesor de la Universidad de Deusto

Rafael Chelala es abogado y  codirector del PIC (programa de innovación en ciberseguridad)  de Deusto Business School