(este artículo se publicó originalmente en el periódico La Información el día 4 de noviembre de 2022)
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Ministros, vicepresidentas y hasta el propio presidente del gobierno, han ocupado las tribunas mediáticas para, sin quitarse la sonrisa de la boca y la ropa desenfadada, trasladar que en España todo va bien. Nada que preocuparse. La excepción ibérica de la energía también lo es en los precios que, según ellos, están controlados; el desempleo no ha de ocuparnos y nuestra economía crece más que ninguna. Alemanes, franceses e italianos nos envidian, nos dicen desde el gobierno.
La realidad es que, desde la ciudad alemana sede del BCE, en apenas 90 días, se ha multiplicado por cuatro el precio del dinero y encarecido las condiciones para dar liquidez a los bancos continentales. Una dura e inédita decisión que solamente se explica por la gravedad de la situación económica. La inflación se ha instalado en la economía y es lo peor que podía pasarnos.
En una economía de mercado los precios están sujetos a cambios, en ocasiones aumentan y otras veces disminuyen. Pero solamente cuando se produce un aumento generalizado y sostenido en el tiempo de los precios es cuando se habla de inflación. La consecuencia de la inflación para una persona es que con el mismo presupuesto puede comprar menos cantidad de bienes; igualmente sucede con los ahorros que acaban perdiendo valor, por tanto, todos esos ciudadanos se empobrecen. A nivel macroeconómico los países que sufren la inflación tienen monedas que cada vez valen menos, les cuesta más dinero importar bienes y se pierde competitividad y por tanto ventas, si el alza de precios se mantiene en el tiempo.
Aunque al gobierno no le guste que se recuerde, una inflación alta como la que tenemos (muy lejos de la asumible del 2%) es considerada como el peor impuesto de los más pobres, ya que siempre afecta más a las rentas más bajas. Por ejemplo, una inflación del 8% significa que, de media, el precio de un producto que hace un año costaba 100 euros ahora has de pagar 108. Al mismo tiempo supone que con un sueldo de 1000 euros o con unos ahorros de 1000 euros puedes comprar menos bienes y servicios ya que el “coste de la vida” ha subido un 8%.
Tampoco les hará gracia a nuestros economistas gubernamentales mencionar que la inflación es considerada el veneno de la economía ya que se cuela lentamente en el sistema productivo para acabar matándolo. Un país con precios descontrolados no puede mantener su producción y ni mucho menos invertir en su futuro; al mismo tiempo su balanza de pagos se resiente y se destruye empleo. Así ha sido a lo largo de la historia económica y seguirá siendo, les guste o no, a quienes llevan los mandos de nuestras finanzas públicas.
Los países por todo lo anterior utilizan herramientas de política económica para luchar contra sus efectos. Las más conocidas son la deflactación de los impuestos -rebajar las tarifas de los impuestos para evitar que por el efecto inflación los contribuyentes paguen más- y los pactos de rentas -acuerdos entre empresas y administraciones para evitar efectos de segunda ronda a través de la contención de precios, salarios y beneficios-. Ambas han sido una quimera en nuestro país porque el gobierno ha primado sus intereses y pactos electorales a la ortodoxia económica.
Pero ahora el gobierno español ya no tiene margen porque ha entrado en juego la política monetaria. Todos los bienes y servicios de la economía tienen precio, incluso también el dinero. Cuando se presta dinero se cobra un precio que viene a explicar el valor que el propietario del dinero otorga a dejar de disfrutarlo o si se prefiere, lo que está dispuesto a pagar quien no tiene dinero por poseerlo. Ese valor es el tipo de interés, es decir el precio del dinero. Los bancos centrales establecen los tipos de interés para propiciar las mejores condiciones económicas que se conocen como política monetaria. Si se aumenta el tipo de interés, la cantidad de dinero baja porque el crédito se encarece y por eso se habla de política monetaria restrictiva. En cambio, con tipos de interés bajos, el dinero es barato y aumenta su cantidad, en lo que se conoce como política monetaria expansiva.
El control de estos resortes monetarios con motivo de la globalización de la economía y con nuestra incorporación plena a Europa ya no nacional. De hecho, en Europa la política monetaria está controlada por el BCE, organismo supranacional no sujeto a vaivenes electorales y con un mandato claro, los precios no pueden superar el 2%. Por eso, cuando ha estado claro que Europa terminará el año con un 8% de inflación, todo un drama, en Frankfurt han decidido actuar sin contemplaciones. Así de claro, porque cuando se suben tanto los tipos de interés, hemos pasado de un 0,5% en julio al 2% en octubre, es una política monetaria restrictiva. Y es catalogada así no sólo porque reduce el dinero en los mercados sino porque ralentiza la actividad económica, perjudicando a las familias, empresas y gobiernos endeudados que verán cómo suben los pagos por intereses y a toda la sociedad en general por el parón económico que causa dificultar el crédito.
Por si fuera poco ayer se conoció el dictamen del Banco Central Europeo sobre el nuevo impuesto a la banca que están tramitando en el Congreso los partidos que apoyan al gobierno. Desde Frankfurt se ha hecho una enmienda a la totalidad al mismo. Básicamente porque contradice las normas comunitarias, añade incertidumbre y perjudica a la competencia, a la economía (ya que provocará disminuciones del crédito) y lesiona la política monetaria del propio BCE.
Nos guste o no en esta parte del mundo, esta política monetaria ha comenzado y sus efectos no tienen marcha atrás. España no será una excepción como ha expresado Fernando Monar, el jefe de riesgos del BCE “la recesión es inevitable fruto del enfriamiento económico (…) también en España”. Y entonces cuando ya no pueda ocultarse la crisis, los mismos que por estas latitudes nos han contado que todo iba bien, cambiarán el discurso triunfalista y nos dirán circunspectos, ya vestidos muy formales y de oscuro, que los culpables no están en su gobierno sino a miles de kilómetros en Alemania, Ucrania o Rusia. Lo verán estos ojos.
Iñaki Ortega es doctor en economía en La Universidad de Internet (UNIR) y LLYC
